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El Grupo Socialista de la Diputación ha presentado esta mañana una moción para pedir al presidente provincial, Javier Moliner, que rectifique las bases y la convocatoria del Plan de Rehabilitación y Conservación de Viviendas 2016, con el objetivo de que “no se excluya de esta subvención a ningún vecino de la provincia por el criterio del municipio en el que resida”. Para el portavoz del PSPV en la Diputación, José Benlloch, el hecho de dejar fuera de esta línea de ayudas a los municipios de más de 20.000 habitantes es una muestra más “de que Moliner utiliza la Diputación a su antojo y sin ningún tipo de criterio, más allá del partidista, a la hora de convocar las subvenciones a las que pueden optar los ciudadanos de la provincia”.
Los socialistas denuncian que el acuerdo adoptado por el equipo de gobierno del PP “no perjudica a los ayuntamientos o a las entidades con personalidad jurídica de esas localidades sino a los vecinos, que no podrán verse beneficiados con esta subvención”, que regula las ayudas para la rehabilitación y conservación de las viviendas de más de 20 años de antigüedad.
En este sentido, Benlloch considera que esta decisión “puede entrar en contradicción con el artículo 139 de la Constitución, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado y contradice la Ley General de Subvenciones, que recoge los principios de igualdad, objetividad y no discriminación a la hora de gestionar las subvenciones”.
Al mismo tiempo, el dirigente socialista explica que la falta de criterio jurídico y legal a la hora de aprobar estas subvenciones, se demuestra con ejemplos como el que “esta misma institución ha impulsado programas de ayudas, como el Castelló Senior, o incluso algunos aprobados en las comisiones de esta misma mañana, como las subvenciones dirigidas al apoyo y fomento de los festejos taurinos, en los que no se excluye a ningún municipio por el criterio poblacional”.
El dirigente del PSPV concluye que “el criterio arbitrario y discriminatorio del reparto de los fondos públicos ha convertido a la Diputación en una institución secuestrada por un partido político, que premia a los suyos y castiga al que no le ha votado mayoritariamente, y que luego se escandaliza de que el Consell quiera poner orden a unas diputaciones, totalmente desprestigiadas a causa del uso que ha hecho de ellas el PP, que tiene a un expresidente en la cárcel y a otros dos con peticiones de prisión de hasta 16 años, como es el caso del expresidente popular de la Diputación de Alicante”.
