El programa contempla una oficina de atención a las víctimas, asesoramiento legal y psicológico en 103 centros, formación policial y protocolos exprés para agilizar desalojos, además de una reclamación al Gobierno central para endurecer la legislación actual
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentado este jueves el Plan Integral contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, una iniciativa pionera del Ejecutivo valenciano que tiene como objetivo prevenir, combatir y reducir las actividades ilícitas vinculadas a la ocupación, al tiempo que se protege a los propietarios y se mejora la convivencia social. La medida responde, según Mazón, al creciente nivel de alarma social y deterioro del mercado de la vivienda, ante un fenómeno que, en la última década y media, ha visto cómo las denuncias se multiplicaban por seis en todo el país, una tendencia similar a la registrada en la Comunitat Valenciana.
Entre las actuaciones previstas, destaca la creación de una oficina específica de atención a las víctimas, que comenzará a funcionar en las próximas semanas. Esta oficina centralizará un sistema de atención telefónica a través del número 012, y trabajará en estrecha coordinación con una red de 37 Oficinas de Asistencia a Víctimas del Delito y 66 centros JustiProp, distribuidos en los municipios de las tres provincias, desde donde se ofrecerá acompañamiento legal, psicológico y social a los afectados.
Mazón ha subrayado que muchas de las víctimas de ocupación sufren cuadros severos de estrés, ansiedad y frustración, por lo que se ha formado de forma específica a los abogados y profesionales que las atenderán. También se elaborarán protocolos antiocupación dirigidos a policías y empleados públicos, diseñados en colaboración con el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía, con el objetivo de unificar criterios y actuar con mayor eficacia.
El plan incorpora también la elaboración de una Guía Informativa sobre cómo prevenir la ocupación y cómo actuar en caso de sufrirla, que será distribuida en ayuntamientos con el apoyo de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Además, se formará a los policías locales y autonómicos mediante el IVASPE, y se establecerá una conexión telemática directa con el Registro de la Propiedad, lo que permitirá identificar con rapidez al titular de la vivienda y acelerar el proceso de desalojo en situaciones flagrantes.
Asimismo, se pondrá en marcha un sistema de coordinación con los Servicios Sociales para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad, con el fin de garantizar una respuesta proporcionada y respetuosa con las personas en riesgo de exclusión.
Durante la presentación, Mazón ha lamentado que, al llegar al Gobierno autonómico, más del 10 % del parque público de viviendas estuviera ocupado de forma ilegal —más de 1.800 inmuebles sobre un total de 15.000—, una situación que, a su juicio, el anterior Ejecutivo del Botànic “no hizo nada por corregir”.
En este sentido, ha reclamado al Gobierno central una reforma urgente de la legislación estatal. Entre las propuestas destaca la derogación de la actual Ley de Vivienda, que según ha afirmado “ha provocado el éxodo de miles de viviendas del mercado de alquiler” y ha generado más garantías para el ocupante que para el propietario. Además, pide acortar los plazos judiciales en los procesos de desahucio, reforzar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para facilitar intervenciones inmediatas, y establecer desgravaciones fiscales para los propietarios afectados por ocupaciones.
Finalmente, Mazón ha insistido en que tanto la ocupación como la inquiocupación son “los síntomas más graves del problema de la escasez de vivienda”, un asunto que —ha recalcado— su gobierno sí ha afrontado desde el inicio de la legislatura. Ha puesto como ejemplo medidas como el Plan Vive, los avales para jóvenes, las rebajas fiscales o la promoción de vivienda protegida, frente a la inacción de gobiernos anteriores. “La vivienda es una prioridad absoluta para este Consell, y este plan demuestra que estamos decididos a proteger a quienes cumplen la ley y a devolver la seguridad jurídica al mercado inmobiliario”, ha concluido.
