Los carburantes cuestan un 90% más que en 2020 y los fertilizantes un 82%, mientras la organización reclama medidas para aliviar los costes del campo
La Unió Llauradora i Ramadera ha alertado del fuerte incremento de los costes de producción agrarios en la Comunitat Valenciana, especialmente durante los meses de verano, cuando aumentan las necesidades de agua, energía, combustible y determinados insumos.
Según los datos oficiales del Ministerio de Agricultura, el índice general de precios pagados por los bienes y servicios utilizados en la actividad agraria se sitúa en 129,54 puntos, con 2020 como base 100. Esto supone que los costes de los principales inputs agrarios son cerca de un 30% superiores a los de hace seis años.
El encarecimiento es especialmente acusado en algunos productos. Los carburantes acumulan una subida superior al 90% desde 2020, mientras que los fertilizantes son un 82% más caros y la energía ha aumentado un 48%. También han subido los costes de conservación y reparación de maquinaria, un 39%; los productos fitosanitarios, un 29%; y los gastos generales de las explotaciones, un 28%.
La organización ha puesto el foco en los fertilizantes nitrogenados, cuyo precio ya supera en algunos casos el doble del registrado en 2020. La urea del 46% ha pasado de 52,69 a 72,84 euros por cada 100 kilos en un año, un incremento del 38%. El sulfato amónico del 21% ha aumentado cerca de un 30% y el abono 15-15-15, casi un 19%.
Más costes para producir durante el verano
La situación afecta especialmente a los cultivos de regadío, que durante el verano requieren un mayor aporte de agua y, por tanto, un aumento del consumo energético para el bombeo. A estos gastos se suman la fertilización, los tratamientos fitosanitarios y el uso de maquinaria.
En los cultivos de secano, el combustible, la maquinaria, los tratamientos y los fertilizantes mantienen una parte importante de los costes. En las explotaciones ganaderas, los gastos de alimentación, agua, electricidad, carburantes, servicios veterinarios y mantenimiento se mantienen de forma constante con independencia de la evolución del mercado.
La Unió también ha advertido de que el aumento de los costes no se traslada de forma proporcional a los precios que perciben los productores. La organización señala que existen importantes diferencias entre los precios en origen y destino de productos agrícolas y ganaderos.
Entre los productos del campo valenciano, el diferencial alcanza el 321% en el calabacín, el 385% en la lechuga, el 218% en el pepino, el 263% en el pimiento rojo, el 225% en el pimiento verde, el 245% en el tomate de ensalada, el 424% en el limón, el 147% en el melón y el 208% en la sandía.
En el caso de los productos ganaderos, la diferencia llega al 423% en el cerdo, al 348% en el cordero, al 229% en la ternera de primera, al 238% en el conejo y al 187% en el pollo.
Reclama un gasóleo profesional agrario
Ante este escenario, La Unió reclama la creación de un gasóleo profesional agrario con una fiscalidad específica y reducida, tanto en el IVA como en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dentro de los márgenes permitidos por la normativa europea.
El secretario general de la organización, Carles Peris, ha defendido que el campo necesita medidas estructurales que reduzcan directamente el coste del combustible y no solo ayudas o devoluciones posteriores. Según ha señalado, agricultores y ganaderos no pueden asumir de forma directa el incremento de los gastos necesarios para mantener la producción alimentaria.
La organización también pide medidas para reducir la factura energética mediante autoconsumo, energías renovables, almacenamiento energético, modernización del regadío y mejoras en eficiencia energética.
Asimismo, reclama actuaciones ante el encarecimiento de los fertilizantes, sobre todo los nitrogenados, y una estrategia que permita reducir la dependencia exterior de materias primas esenciales para la actividad agraria.
La Unió considera además necesaria una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar que los productores soporten de forma desproporcionada el aumento de los costes y garantizar una remuneración justa por su trabajo.
Peris ha defendido que las políticas públicas deben actuar también sobre los costes estructurales de producción para garantizar la viabilidad de las explotaciones y asegurar la continuidad de la producción de alimentos.
