Los reclamantes denuncian que el pliego de condiciones se ha realizado ‘a medida’ del concesionario actual
El concurso público para adjudicar la gestión de la Oficina de Recaudación Municipal para un año y casi por dos millones de euros, ha sido paralizado cautelarmente por el Tribunal Administrativo ante la reclamación de uno de los interesados. El recurso presentado afirma, que el pliego de condiciones se ha realizado 'a medida’ para que el actual concesionario pueda revalidar su contrato.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El Ayuntamiento de Castelló tiene subcontratada la Oficina de Recaudación, que es ese órgano que se encarga del cobro de los impuestos y las contribuciones municipales.
Una Oficina por la que pasan todos los recibos, los plazos de pago, la reclamación de impagados o las notificaciones por pago fuera de plazo con sus recargos correspondientes. Una Oficina que está en contacto directo con los bolsillos de los ciudadanos, cuya función no es la de decidir qué se paga, sino la de cobrar lo que el ayuntamiento dice que se ha de pagar y cuándo hacerlo.
Esa Oficina, de gestión privada, lleva ya algunos años ‘fuera de contrato’ y pendiente de que el ayuntamiento saque a concurso la nueva adjudicación. Eso significa, también, que ningún concesionario con un contrato agotado invertirá en mejoras cuando no sabe qué pasará si otra empresa retoma esa función con un nuevo concurso público. ¿Quién se la puede jugar en esa situación?
Pues bien, el ayuntamiento ha sacado por fin a concurso la Oficina de Recaudación para el periodo de un año que, como mucho, se prorrogaría durante una anualidad. Y no es ninguna tontería, el gasto estimado solo para un año, entre julio de este año y julio del 2023 asciende casi a dos millones de euros. Ahora bien, el concesionario que se haga con el contrato no estará exento de obligaciones, y entre otras cosas deberá garantizar una oficina física de, al menos, 400 metros cuadrados, 20 personas contratadas, un organigrama eficiente para responder a las necesidades de atención al ciudadano, y para cumplir los objetivos municipales… y controlar las aplicaciones informáticas del ayuntamiento con dispositivos de última generación. Y por supuesto, todos estos gastos correrán a cuenta del concesionario.
Este personal, además, deberá ser bilingüe, controlar la atención oral en castellano y en valenciano, tener una serie de años de experiencia en la gestión directa de este tipo de contrato y de este tipo de sistemas.
Y en cuanto a los dos millones antes aludidos, son el coste máximo propuesto, porque lo que más se valorará para la adjudicación es la baja económica por encima del resto de las condiciones. Ojo, y además, parte de ese coste municipal para la nueva Oficina, está sujeta a un ‘fijo’ a tenor de las recaudaciones del censo del contribuyentes, que controla la entidad municipal, mientras que el resto está sujeto a elementos variables en función de los porcentajes por la gestión de impagados, o de recursos para la recuperación de los abonos de los morosos.
Visto desde fuera y sin experiencia en estas contrataciones, el pliego de condiciones parece complejísimo de cumplir y no se sabe si tan rentable cómo pudiera parecer a simple vista.
Ahora bien, rentable lo debe ser, puesto que una de las mercantiles interesadas en participar en este concurso lo primero que ha hecho ha sido recurrir el pliego de condiciones. Y lo segundo, solicitar al Tribunal Administrativo Central (TAC), la revisión de estas condiciones y la paralización cautelar del concurso.
Esta mercantil entiende, que todo el pliego de condiciones se ha redactado de forma y manera que solo el concesionario actual (que ya está fuera de contrato) pueda presentarse y cumplir con los requsitos. Afirma que se trata de un pliego de condiciones redactado a medida para ese concesionario actual, que vulnera los derechos de la libre competitividad y limita las posibilidades del resto de los posibles interesados en desarrollar este servicio.
En su reclamación argumenta detalles como el hecho de que el pliego de condiciones exija una dotación de personal con una determinada experiencia (tanto por periodo de años como por preparación y dominio del sistema) en los sistemas de gestión que utiliza el Ayuntamiento de Castelló, y no en otras entidades de características similares, y además que domine castellano y valenciano. Esto significa, indica el requerimiento, que se obliga al nuevo concesionario a contratar a toda la plantilla que ya presta servicio en la oficina actual.
Cuestiona también, que se solicite experiencia, manejo y aplicaciones informáticas específicas del Ayuntamiento de Castelló. Por supuesto, toda actualización y adaptación con cargo al concesionario. Entienden que, además, el pliego no concreta esa aplicación y por tanto, da una ventaja añadida al concesionario actual, que ya trabaja con esas aplicaciones y las conoce.
También denuncia, que el hecho de que no se subdivida el contrato en varios lotes tampoco beneficia a la competitividad. En casos como este, razona, se podría partir las diferentes exigencias del contrato de forma que pudieran presentarse diferentes mercantiles, cada una para desarrollar una parte de lo que se pide. Al no hacerlo así, dice, el concurso delimita de antemano quien puede cumplir cada uno de sus apartados de condiciones que no puede ser otro que la concesionaria actual.
Finalmente, la citada mercantil eleva su reclamación al Tribunal Administrativo Central al que ha solicitado la paralización cautelar del concurso público, en tanto no se resuelva si el pliego de condiciones para la adjudicación del servicio de la Oficina de Recaudación se ajusta o no a derecho. Y en esto último, al menos, el TAC ya le ha dado la razón porque entiende, que, si finalmente el reclamante tuviera razón en alguna de las alegaciones, se generarían consecuencias muy graves y difíciles de solventar.
Así las cosas, la Oficina de Recaudación actual seguirá prestando servicio hasta que se resuelvan las reclamaciones, se complete el concurso público (con el mismo o diferente pliego de condiciones) y se pueda adjudicar el servicio.
¿Cómo afecta todo esto al ciudadano de a pie?
Pues le afecta mucho. Es esta oficina la que habrá de notificar el vencimiento de recibos, la notificación de los periodos de pago y de los recibos que no estén domiciliados… Además, cuanto se trata de dinero, las administraciones primero multan y luego atienden, si las hay, las reclamaciones, porque preguntar no preguntan.
¿Qué no le notificaron el recibo para pagar los impuestos?, pues no se crea que no le van a cobra, vencido el día pagará con recargo y luego reclame. Y si no reclama, tampoco hay consideración ni devolución. Aunque el error no haya sido cometido por el ciudadano.
Y si no, recuerde la que se organizó el año pasado cuando, a consecuencia del hackeo del sistema informático municipal ni funcionaba la sede electrónica, ni se expidieron muchos de los recibos y además el censo municipal de pago no estaba a actualizado.
