Enrique Domínguez. Economista
En 2012, en plena recesión provocada por la burbuja inmobiliaria, se aprueba la reforma laboral promovida por la ministra Fátima Báñez en la que, entre otros aspectos, se daba prioridad a los convenios de empresa sobre los sectoriales y se aceptaba una amplia panoplia de contratos; no eran tiempos para protestar en las empresas porque la facilidad del despido era grande. La precariedad en los contratos, su duración, a gusto del contratador, ha acentuado los problemas laborales y todo lo relativo a la formación y cualificación del empleo.
El actual gobierno habló desde el principio de derogar esa reforma laboral; desde entonces hasta ahora se han utilizado diferentes términos para que, al final, se esté de acuerdo con los moderados cambios, atendiendo a las sugerencias (mejor dicho, exigencias) de Bruselas para poder acceder a las ayudas financieras; moderados cambios que, es cierto, se han conseguido con el acuerdo de los agentes sociales: empresarios y sindicatos, la CEOE, UGT y CC.OO.
El gobierno ha aceptado lo acordado por los agentes sociales porque no tenía otra alternativa si quería los fondos europeos para modernizar y poner al día el país en todas sus vertientes. Por supuesto que ninguna delas partes, empresarios, trabajadores y gobierno está de totalmente conforme con lo acordado: para unos es demasiado y para otros muy poco; pero se ha acordado, se ha consensuado (palabra que parece no tener predicamento en la política nacional). Y ese acuerdo, en mi opinión, debería ser aceptado en el parlamento por los diferentes partidos o, al menos, con la abstención de alguno o algunos de ellos.
Pero aquí vienen los problemas; se dice, y es cierto, que el Parlamento es soberano y puede añadir o quitar aquello que considere de ese acuerdo; pero, una delas partes, y con razón, afirma que, si eso se hace, se desvincula del mismo. Lo más chocante es que el principal partido de la oposición está en contra de ese acuerdo, aceptado por los empresarios, y dice, si no cambia, que votaría negativamente cuando se presente para su convalidación en el Congreso.
Entones, ¿para qué sirve que los agentes sociales acuerden los cambios en esa normativa laboral, si luego el parlamento la puede modificar a su antojo? Para eso sería mejor hacer la ley que el gobierno quisiera, tal como se hizo en 2012, y aprobarla; de hacerse así se diría que iba contra la empresa y contra el proceso de modernización de la economía y del país.
Seguramente ocurriría eso porque pensar que en España es posible que los principales partidos pacten normas de duración superior al ciclo político es soñar despierto. Eso, sí que hace que el país retrase su modernización y pierda puestos en el entorno internacional. No sé qué cataclismo debería ocurrir para que se actuara con criterio, con seny; ni la pandemia lo ha conseguido.
No soy especialista en temas laborales y no voy a afirmar o negar que los cambios acordados servirán mucho, poco o nada al proceso de dinamización de la economía y del trabajo, pero sí creo que su principal problema, el paro, no depende de cómo quede esa reforma laboral, sino que viene de más lejos.
Con las modificaciones adoptadas podremos, seguramente, reducir la temporalidad y la precariedad, primar los convenios sectoriales sobre los de empresa, reducir la tipología de contratos existente, eliminar los contratos de obra y servicio que se utilizan demasiado para no contratar como indefinido a una persona, disminuir (no me atrevo a decir, eliminar) esos contratos por horas o días en actividades como la hostelería que, de esa forma tiene pocos visos de ser una actividad con creciente calidad en el servicio y con futuro.
Pero conseguir reducir de manera relevante la cifra deparados, el paro en los jóvenes y en las personas demás edad, adecuar el sistema educativo, mejorar la formación de los trabajadores y su cualificación, captar talento, tener empresas que innoven; en fin, incrementar la productividad, es harina de otro costal.
Y todo eso, que es el futuro de la economía en sentido amplio, no es algo que dependa de una reforma, derogación o contrarreforma laboral; es algo para lo que es relevante, desde las políticas activas de empleo a la formación profesional en todas sus vertientes, a la necesidad de un ajuste fino entre las demandas de las empresas y las ofertas del mercado de trabajo,a la política continuada de formación delos trabajadores. En este último aspecto, hay que decir que en España un trabajador recibe unas diecisiete horas de formación al año, mientras un alemán alcanza las cincuenta y que ese trabajador permanece bastantes años en su misma categoría laboral).
Y se precisan empresas que inviertan en formación como una forma de innovar porque muchos de los empleos a escasos años vista, aún no se conocen. Y para eso nuestro hándicap es el elevado número de pymes para las que invertir en I+D+i es simbólico.
Por tanto, pienso que la reforma no es el problema; puede solucionar pequeños desajustes, pero el problema es otro.
¿Y usted qué opina?
