Denuncia también la ausencia de un órgano de control de gasto para asegurar la racionalidad del gasto sanitario
La Intervención General de la Generalitat ha recomendado al Consorcio del Hospital Provincial que preside la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que establezca un convenio con la Diputación Provincial o la Agencia Tributaria para poder cobrar las facturas impagadas que el Hospital acumula. Denuncia la ausencia de un órgano de control que fiscalice las compras para asegurar la racionalidad del gasto sanitario. Y señala que el Consorcio ha registrado 3.086 euros en concepto de demora por pagar fuera de plazo.
Esperanza Molina/Castellón Información
El Informe de Auditoría Operativa y de Gestión del Consorcio del Hospital Provincial, elaborado por la Intervención General de la Generalitat Valenciana (20 de diciembre), pone sobre la mesa diferentes incumplimientos en la gestión económica del Hospital Provincial, referentes al ejercicio del 2016.
Entre los datos que recoge este informe, se recoge un incremento de gasto del 7,04% en 2016, en relación a las cuentas del Consorcio de los ejercicios de 2014 y 2015.
Las partidas que han experimentado un mayor incremento en el ejercicio de 2016 fueron: Los servicios profesionales independientes (84,84%) y los suministros (21,57%)
Falta de control en la compra de material sanitario
Parte de ese incremento, se deben a los ‘suministros continuados’ del material sanitario, que obedecen a las peticiones de compra efectuadas para un mismo artículo, de forma repetitiva.
Según el estudio realizado por esta auditoria, pese a que el Hospital Provincial está integrado en una Central de Compras, donde se comprueban precios y empresas suministradoras, y pese a que sus pedidos se tramitan, siempre con los mismos proveedores y con idénticos objetivos, el Consorcio subdivide los contratos en varios pedidos, lo que viene a significar que, no se controlan los pedidos y las contrataciones, lo que pone en evidencia la ausencia de un órgano que lo controle por parte del Consocio… y que además, la suma de estos pedidos parciales, suman una cantidad que sobrepasa el máximo que puede autorizar directamente la Dirección del Consorcio y por tal, debería haberlo sacado a contratación pública en cumplimiento de los procedimientos de control que establece la administración.
Concretamente, el informe de Auditoría señala:
“Se han tramitado como pedidos directos, atendiendo a su cuantía, compras de material sanitario por importe de 6.192 euros. No obstante estas compras se efectúan con los mismos proveedores y con idénticos objetos, cuyos importante agregados superan los límites cuantitativos de la contratación menor establecidos en el artículo 138.3 del Trlcsp, lo que pone de manifiesto la existencia de indicios de fraccionamiento indebido de los contratos, incumpliendo el artículo 82.2 del Trlcsp en relación con la adecuada publicidad o procedimiento de adjudicación aplicable”.
En este sentido, en sus conclusiones y en sus recomendaciones, la Intervención General de la Generalitat Valencia hace especial hincapié en el gasto de este suministro de material sanitario, pero también en la gestión de ‘otros gastos’ e indica: “Se han tramitado como contratos menores operación de gasto por un importe global de 19.791 euros, y que de ser tramitadas de acuerdo a los principios de contratación pública el importe acumulado de los suministros recurrentes supondría que su aprobación dependiese de un órgano de control con mayores competencias”.
Pero además, el mismo informe señala, que el Consorcio del Hospital Provincial no cumple el plazo de pago de 30 días. En función de este incumplimiento, señala: “en el ejercicio 2016 se han registro en concepto de intereses de demora un total de 3.086 euros, derivados de procesos judiciales derivados de procedimientos judiciales instados con anterioridad a 2016 (Durante los ejercicios en los que Gobernaba el PP y después la actual consellera de Sanidad, del PSOE) y que, tras sentencia judicial obligan al pago de los mismos”.
Facturas impagadas al Consorcio
En otro de los puntos, el Informe se refiere a la facturación de prestaciones sanitarias a terceros.
Se trata de ‘prestaciones sanitarias a terceros’ no cubiertas por la Seguridad Social, que se centran fundamentalmente en la pruebas de esfuerzo deportivas, accidentes laborales, urgencias y salud mental en instituciones penitenciarias.
En los casos de la Medicina Deportiva, “Se facturan cuando ha terminado la consulta o la prueba y se cobran en la misma oficina de facturación a través de un datafono.”
El resto de la actividad asistencial por prestaciones sanitarias, no cubiertas por la Seguridad Social, se facturan y se envían por correo al domicilio con acuse de recibo.
Si el paciente dispone de un seguro privado o se trata de un accidente laboral, se factura directamente a la aseguradora o mutua correspondiente.
El Consorcio dispone además, de un sistema de gestión que registra la admisión de pacientes y la facturación, por lo que puede determinar las asistencias que deben de cobrarse, y a quien debe pasarle el pago.
Una vez advertido el procedimiento, el informe señala que durante el ejercicio de 2016, “se han registrado ingresos en concepto de servicios sanitarios por importe de 437.000 euros”, pero a fecha de 31 de diciembre de ese mismo año, el importe pendiente de cobro asciende a 81.000 euros. De la misma manera señala que a 31 de diciembre había “6 asistencias pendientes de facturar, 2 tratamientos oncológicos y 4 tratamientos psiquiátricos de urgencia”.
Visto este punto, la Intervención determina que “El Consorcio no cuenta con ningún procedimiento de cobro para ejercer la vía ejecutiva de las facturas impagadas”.
Recomendación de Convenio con Diputación o con la Agencia Tributaria
Por las razones antes apuntadas, La Intervención recomienda al Consorcio del Hospital Provincial:
“El Consorcio debería crear y dotar con los recursos necesarios un departamento de control interno que fiscalice los procesos de gestión, garantizando un control adecuado sobre las órdenes de compra que se efectúan y estableciendo medidas para asegurar la racionalidad del consumo”.
Y añade:
“El Consorcio debería “establecer un acuerdo de colaboración con la Diputaciregistrado ingresos en concepto de servicios sanitarios por importe de 437ral, se factura directamente a la aseguradora o mutua ón de Castellón o con la Agencia Tributaria, para poder contar con un mecanismo de cobro efectivo y poder ejercer la vía ejecutiva de las cantidades pendientes de cobro a terceros por los servicios sanitarios prestados”.
