La Fiscalía solicita 11 años de prisión para Francisco Martínez por enriquecimiento ilícito con información privilegiada
Pide también multa para su hija y 5 años de prisión y multa para su socio, Raul Babiloni,
El expresidente de la Diputación Provincial, y exalcalde de Vall d´Alba Francisco Martínez, se enfrenta un nuevo proceso judicial. La Fiscalía ha solicitado 11 años de prisión y multa de 1,3 millones, al considerar probados que Martinez se enriqueció con transacción de compra-venta de terrenos gracias a las informaciones privilegiadas a las que tenía acceso. Pide también multa para su hija, y 5 años de prisión y multa para su socio, Raul Babiloni. El PSOE se presenta como acusación particular
Castellón Información
La Fiscalía de Castellón ha iniciado un nuevo procedimiento judicial contra el expresidente de la Diputación Provincial, Francisco Martínez, esta vez por considerar que el exalcalde de Vall D´alba pudo enriquecerse de forma ilícita al utilizar la información privilegiada a la que tenía acceso por sus cargos de gestión política, para realizar transacciones de compraventa que le hubieran aportado un considerable incremento en su patrimonio personal.
El caso Martínez surgió en 2014, cuando se destapó que el entonces vicepresidente de la Diputación era propietario de los terrenos donde se había proyectado construir la Depuradora de Borriol. El entonces diputado provincial de Compromís, puso la documentación en manos de la fiscalía.
Martínez fue juzgado y condenado por el tribunal.
Pero a raíz del Caso de la Depuradora de Borriol, el concejal del PSOE de Vall D´Alba, Fernando Grande, denunció también, que ‘los manejos’ de Martínez con la Depuradora Borriol no eran casos aislados, y acusó al exalcalde de esta localidad, de haber duplicado su patrimonio gracias a la información privilegiada a la que tenía acceso.
Grande entregó a la Fiscalía el 16 de febrero de 2015, diversos documentos que “podrían llegar a demostrar que el alcalde de Vall D´Alba, Francisco Martínez, “se ha enriquecido ilícitamente durante los últimos 20 años, gracias a sus cargos políticos”.
Más de un año y medio después, se ha conocido que la Fiscalía acusa a Martínez, por estos hechos y pide para él 11 años de prisión y 1,3 millones de multa. También estarían acusados, el socio de Martínez, Raul Babiloni, para el que la fiscalía solicitaría 5 años de cárcel y multa de 1 millón de euros; y una multa de un millón de euros para la hija de Martínez, por los mismos hechos.
El informe de la Fiscalía ha sido elevado al tribunal, aunque todavía falta por saber si se inicia juicio sobre estos hechos y cuando se señalaría. El PSOE se ha personado como acusación particular y solicita penas más elevadas que las reclamadas por la Fiscalía.
Según un comunicado remitido por el PSOE, “el portavoz municipal del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Vall d’Alba, Fernando Grande, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Fiscalía de solicitar 11 años de prisión y 1,5 millones de euros a Francisco Martínez por los desmanes cometidos en Vall d’Alba. (Para su socio Raúl Babiloni 5 años de prisión y 1 millón de euros de multa y para la hija de Martínez, Andrea Martínez, 1 millón de euros de multa).
Sin embargo, “el PSPV-PSOE considera que no son penas suficientes, dada la gravedad de los hechos y el perjuicio causado a los vecinos de nuestro municipio”.
Por esta razón, señala el comunicado, “el PSPV-PSOE, en su condición de acusación popular, solicita un total de 32 años de prisión, 24 de inhabilitación y 4 millones de euros en multas para los tres acusados: Francisco Martínez (16 años de prisión como cabecilla de la trama), Raúl Babiloni (12 años de prisión) y Andrea Martínez (6 años de prisión). Además, se solicita el decomiso de 21 fincas adquiridas de forma irregular”.
Fernando Grande, portavoz municipal del PSPV en Vall d’Alba, ha manifestado que las últimas novedades conocidas sobre este caso “nos hace ratificarnos en lo que el Partido Socialista lleva denunciado los últimos 24 años, en el sentido de que Francisco Martínez utilizaba su cargo como alcalde para enriquecerse, mientras los concejales del PP, incluida la actual alcaldesa, Marta Barrachina, votaban siempre favorablemente a los deseos del alcalde, sin cuestionarse en ningún momento la legalidad de lo que estaban votando”.
Grande considera que “tanto si lo hacían a sabiendas o con desconocimiento de causa, la situación es gravísima. Nosotros, como oposición, exigimos que estos concejales expliquen a sus vecinos si actuaban de esta manera para enriquecer a Martínez, sabiendo lo que votaban, o si estaban en el Ayuntamiento para comer gratis, cobrar el sueldo y hacerse fotos”.
En cualquier caso, añade Grande en su comunicado, “nos parece gravísimo que Miguel Barrachina haya iniciado su andadura como presidente provincial del PP, premiando a una persona como Marta Barrachina que, por acción u omisión, ha contribuido a la comisión de los hechos que serán juzgados en breve”. Marta Barrachina es la actual alcaldesa de Vall d'Alba.
La denuncia del PSOE
Según denunciaron Fernando Grande y Enrnest Blanch, en febrero de 2016, (que publicó Castellón Información en la misma fecha) la documentación aportada a la Fiscalía entendía que:
“Francisco Martínez comparte sociedad con Raul Babiloni en varias empresas que habrían resultado beneficiadas por el Ayuntamiento de la localidad que preside Martínez. Estas empresas son: Gestintur SL, Franvaltur SL y Prodever SL”
De rústico a residencial para un campo de Golf
Grande se refería al proyecto para la construcción de un campo de Golf de 18 hoyos en el Pai Golf Más de Lluna.
Dentro de lo que sería este Pai (Plan de actuación Integrada) se encontraba una parcela de 7.000 metros cuadrados de zona rústica, que aportaba Raul Babiloni a la empresa Gestintur que compartía con Martínez. Las parcelas se inscribieron en el registro de la propiedad de esta empresa entre los años 2001 y 2002. En el 2004 se presentó el proyecto de urbanización y en el 2006 comenzó la modificación del Plan General por parte del Ayuntamiento para recalificar los terrenos.
El concejal socialista estimaba, que el entonces alcalde, Francisco Martínez, tenía información privilegiada, por su cargo, y la utilizó para beneficiar urbanísticamente a su socio, con el que compartía la empresa Gestintur. La operación era simple, comprar terrenos baratos, para recalificarlos después por el Ayuntamiento que presidía Martínez.
La plaza pública de Más de Roures
En la misma línea, la documentación presentada ante la Fiscalía hacía mención del complejo turístico Más de Roures. En este caso, el procedimiento se desarrolla por parte de la empresa Franvaltur.
A través de esta empresa, indicaba Grande, el Más de Roures se remodeló y se convirtió en un negocio ‘profesional’ destinado al turismo. Entre los años 2009 y 2010, cuando el negocio ya estaba inscrito como propiedad de la empresa antes señalada, el Ayuntamiento, presidido por Martínez, aprobó una remodelación y acondicionamiento de la plaza donde se encuentra el Más de Roures, en el que la entidad municipal, dijo Grande, invirtió 22.000 euros de dinero público. Esta gestión, manifestaron los socialistas, repercutió directamente sobre el valor de la Casa rural y sus equipamientos que se ofrecen al público en la publicidad.
Adjudicaciones de obras a Raúl Babiloni
El tercero de los casos que el Psoe puso en manos de la Fiscalía, se refería a las adjudicaciones realizadas por el Ayuntamiento Vall D´alba a las empresas: Transporte y Excavaciones Babiloni SA y vidal – Rull SL.
En el 2006, declaró Grande en su documentación, la empresa del socio de Martínez, forma parte de una UTE (Unión Temporal de empresas) a la que el Ayuntamiento adjudica un contrato de obra por valor de 480.000 euros.
En el 2007 y el 2008 se adjudica a la empresa, en la que consta como gestor Raul Babiloni dos contratos de obra que suman 130.000 euros. Estas adjudicaciones, comentan los socialistas, se realizaron a título directo, sin publicidad.
Martínez tiene 18 viviendas en Vall d´Alba
Durante la rueda de prensa ofrecida en febrero de 2015, en la sede provincial del Psoe, Grande fue mucho más allá de las sospechas por estos tres casos. Aseguró, que Francisco Martínez, que en teoría solo tenía su sueldo de diputado, era propietario de 18 inmuebles en su municipio, además de locales comerciales y plazas de parking. Afirmó que Martínez se había hecho con un patrimonio, que él declaraba en 1,5 millones de euros, pero que podría ser mucho mayor si, como ellos apreciaban, tenía también otros inmuebles repartidos por la provincia, y más de un millón de metros cuadrados a su nombre.
