El concejal de Urbanismo admite que el ayuntamiento intenta mediar ante Fiscalía para que se aplique el nuevo Plan General
Fiscalía tiene en el ojo de mira más de 70 órdenes de demolición de viviendas ilegales de la Marjalería de Castelló. En la mayoría de los casos, el ayuntamiento intenta mediar para hacer ver que, con la Lotup y el nuevo Plan General, hay alternativas legales para regularizar todas esas edificaciones. Sin embargo, una de ellas tiene ya sobre la cabeza una orden de demolición inminente. Está situada en el Paraje Brunella, Camino de la Mota
Tal como avanzó en el último pleno municipal del jueves, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, Fiscalía tiene en el punto de mira más de 70 órdenes de demolición de viviendas construidas fuera de la legalidad en la Marjalería de Castelló.
Así lo ha confirmado esta mañana el concejal de Urbanismo de Castellón, José Luís López.
Y la cosa no es ninguna tontería, sobre todo, cuando en alguno de los casos la orden de demolición es ya más que inminente.
La mayoría de las denuncias se producido hace ya unos años, pero los procesos judiciales han seguido adelante por un problema de que, según José Luís López, la mayoría de estas viviendas se construyeron sin licencia municipal, muchas en Suelo No Urbano y algunas en Suelo Urbano Protegido.
Además, y según López, el proceso no encontraba fórmulas de mediación o negociación, porque Las Normas Urbanísticas que imperaban antes de la aprobación del nuevo Plan General actual, no consideraban la posibilidad de que pudieran regularizarse.
Sin embargo, y aquí llegan las contradicciones, La Generalitat Valenciana aprobó en junio de 2014 una nueva Ley del Suelo (LOTUP), que consideraba que las viviendas podrían llegar a ‘regularizarse' si habían sido edificadas antes de julio de 2015, y se aplicaban alternativas de minimización de impacto.
De cualquier forma, los procesos judiciales siguen en marcha.
La Demolición inmediata:
La orden de demolición inminente que afecta a una vivienda del paraje Brunella, en el Camí de la Mota, quedaba confirmada el 18 de octubre de 2022.
En este caso, en concreto, se acusa a una persona de haber construido una vivienda de 150 metros cuadrados en un terreno familiar. El inmueble estaría edificado sobre una plataforma de hormigón de un metro de altura. En el momento de la construcción, en 2009, la obra no era legalizable porque se encontraba situada en suelo No Urbano Común.
La instrucción de la denuncia por ilegalidad urbanística se inició en 2015 y se completó el 29 de marzo de 2017. El juicio se celebró el 30 de marzo de 2022.
En la vista, la Fiscalía calificó provisionalmente los hechos como constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicitaba la pena de dos años de prisión para la infractora, y la demolición del inmueble.
Durante el juicio, la defensa alegó, que se trataba de un terreno familiar con una construcción anterior semi consolidada con servicios de agua, luz, y teléfono. El ayuntamiento, además, asfaltó las calles y realizó la instalación de alumbrado. Porque, además, no se trataría de una vivienda aislada, sino que habría otros inmuebles en la misma zona y en situaciones similares.
Entre el momento en que se realizó la denuncia y se realizó la instrucción, el suelo donde estaba ubicada estaba calificada como Suelo Urbano Común. Con posterioridad, el ayuntamiento en su nuevo planeamiento urbanístico recalificó el suelo como No Urbano Protegido.
La sentencia de aquel juicio determinó que la propietaria de la vivienda había cometido un delito contra la ordenación del territorio, y la condenaba finalmente a un año de prisión. Con esta pena, la condenada no habría tenido que ingresar en prisión.
Pero en contra de lo que pedía la Fiscalía, el juzgado desestimó que hubiera de proceder a la demolición de la vivienda.
El problema llegó cuando tanto la afectada como la Fiscalía presentaron recurso contra la sentencia. La Audiencia Provincial falló el 18 de octubre de 2022, que revocaba la sentencia anterior, de forma que la condena de prisión se reducía a seis meses. Pero, ojo, le ordenaba que demoliera, a su costa, toda la vivienda. Lo peor de todo, es que la sentencia es firme, no cabe recurso.
Así las cosas, el temor a las demoliciones ordenadas desde la Fiscalía, han vuelto a llenar de terror a los propietarios de todos esos inmuebles que esperan poder regularizar sus casas con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
El concejal de Urbanismo señalaba a los medios de comunicación, que desde la entidad municipal se intenta llegar a un punto de conciliación con la Fiscalía. Si bien es cierto que todas esas viviendas se construyeron fuera de la legalidad y no podía ser regularizadas bajo ningún concepto con las normas urbanísticas anteriores, también lo es, que el nuevo Plan General marca una diferencia considerable y estima que podrán ser regularizadas si se construyeron antes de julio de 2015, siempre que se adopten una serie de medidas como la minimización de impacto.
Este es el argumento que el ayuntamiento pretende utilizar para paralizar el resto de las demoliciones.
No es la primera vez que la Fiscalía condena a un particular a demoler su vivienda en la Marjalería. Como ya publicó Castellón Información, hace un par de años la Fiscalía llegó a instar al ayuntamiento a que "cumpliera su obligación" y demoliera de forma subsidiaria una vivienda cuyos propietarios también habían sido condenados por el mismo delito y con orden de demolición.
La mediación municipal con los nuevos argumentos urbanísticos del Plan Genera logró frenar aquella medida. ¿Qué pasará ahora?
