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viernes, 29 de marzo de 2024 | Última actualización: 10:19

Javier Moliner recuerda que retiró la confianza a Francisco Martínez cuando surgieron las sospechas

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El presidente de la Diputación ha afirmado: “Sea delito o no lo sea, conmigo esto no se hace”

El presidente de la Diputación Provincial, Javier Moliner ha comparecido esta mañana como testigo en el juicio que se sigue contra el ex diputado Francisco Martínez, y el ex alcalde de la localidad de Borriol, Adelino Santamaría. El presidente ha recordado que retiró la confianza a Martinez cuando surgió la primera sospecha y le exigió su acta cuando se abrió el juicio. Así mismo ha afirmado: “Sea delito o no lo sea, conmigo esto no se hace”

EM/ Castellón Información

Continua el juicio contra el ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez,  y al exalcalde del Ayuntamiento de Borriol, Adelino Santamaría, entre otros, por beneficiarse de la venta de unos terrenos en los que se proyectaba construir una estación depuradora para el municipio de Borriol.

Esta mañana ha comparecido, en calidad de testigo, el presidente de la Diputación, Javier Moliner, que posteriormente ha atendido a los medios de comunicación.

El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ha asegurado que “sea delito o no lo sea, conmigo esto no se hace”. En ese sentido, ha señalado, “más allá de lo que dictamine la Justicia, la ética y la estética son muy importantes en la vida pública. No prejuzgo nada, pero sí pongo de manifiesto que la dignidad y la ética deben ser pilares fundamentales de un servidor público”.

Tanto en su declaración ante el juez, como posteriormente ante los periodistas, Moliner ha recordado que fue él el que pidió explicaciones a Martinez y le retiró su confianza nada más saber que parte de los terrenos sobre los que estaba previsto construir la depuradora de Borriol pertenecían a la familia del entonces vicepresidente. Al tiempo que ha señalado a los medios que, “me indignó, igual que le indignaría a cualquier persona”.

El presidente ha manifestado también, que actuó contundentemente y exigió a Martínez su acta de diputado nada más saber que sería imputado, igual que le aceptó su renuncia a la militancia en cuanto se supo que se abriría juicio oral.

Las cosas para Martínez no parecen funcionar tan bien como él quisiera, ya que según los técnicos el entonces vicepresidente seguía de cerca los proyectos, por lo que su afirmación de que no conocía de quien eran los terrenos donde se iba a construir la Depuradora, y que se enteró a través de los medios de comunicación, pierden credibilidad

Según el escrito del fiscal, los hechos sucedieron entre los años 2007 y 2014, cuando los acusados intervinieron, a través de las competencias que tenían en las respectivas administraciones, y adoptaron resoluciones en los procesos relacionados con la obtención de los terrenos, la aprobación del proyecto, la adjudicación y contratación de la obra para beneficiarse económicamente.

Surge el escándalo en enero de 2014

Los hechos que han llevado hasta la apertura de este juicio, se hicieron públicos en enero del 2014. El PP dominaba con mayoría absoluta la Diputación Provincial, que presidía Javier Moliner, en la que estaban representados PP, PSOE y un diputado de Compromís. Francisco Martínez, que ya fuera la mano derecha de Carlos Fabra en anteriores corporaciones era responsable de infraestructuras de la provincia, además de alcalde de Vall D´alba. Adelino Santa María era el alcalde de Borriol.

A raíz de la convocatoria de un pleno en la localidad de Borriol, para aprobar el proyecto de la construcción de la depuradora, Compromís comprobó que una de las parcelas afectadas por la expropiación de terrenos para la depuradora, estaba relacionada con el diputado Martínez o su familia.

El punto de la depuradora no llegó al pleno de Borriol, pero si se hizo público un comunicado emitido por el presidente, Javier Moliner, en el que retiraba su confianza al expresidente de la Diputación, Francisco Martínez.

A partir de entonces, la depuradora de Borriol llenó páginas en los medios de comunicación y convirtió en centro de atención a Francisco Martínez y Adelino Santa María, por lo que se consideraba que podría ser una actuación interesada por parte de ambos.

Francisco Martínez fue destituido de ‘sus cargos de confianza’ y pasó a convertirse en ‘diputado raso’, primero con un sueldo privilegiado que, a críticas de Compromís, se rebajó también posteriormente.

La depuradora, en terrenos de Martínez y su socio

El proyecto de la depuradora de Borriol, se defendió entonces Francisco Martínez, se estaban gestionando desde 2006, a través de la Conselleria, y de la Diputación Provincial.

Martínez indicaba entonces,  que “el proyecto de la depuradora es completamente legal, que se inicia por parte de la Generalitat en el año 2006, con lo cual no tiene nada que ver la Diputación Provincial en lo que es la ubicación, sino que lo hacen los técnicos a los que encarga el proyecto la Conselleria”.

Según Martínez, “por falta de fondos económicos el proyecto de la Depuradora de Borriol, se remite a la Diputación, se mantiene la ubicación, se acotan los terrenos, se reducen para que hubiera menor expropiación porque se reduce también el presupuesto, y por tanto, los técnicos son los que eligen y se tramita a través de una expropiación, como en cualquier diputación de España, en cualquier ayuntamiento hay cientos de expedientes expropiatorios que afectan a alcaldes, a diputados, a familiares, y por tanto, es todo completamente legal”.

Martínez afirmó también, que desconocía que se hubiera afectado a terrenos de ‘su familia’, pero que indudablemente el alcalde de Borriol, Adelino Santamaría debía saberlo.

Compromís fue más allá en estas acusaciones, puesto que si el listado de los propietarios de los terrenos afectados había llegado a su grupo, lo natural es que también hubiera sido conocido por el alcalde de entonces, Adelino Santamaría e incluso, por Francisco Martinez, como responsable de la Diputación en este proyecto.

Si la primera medida de Moliner fue destituir a Martínez, la segunda fue llevada al pleno de la Diputación. Tras el estudio pormenorizado del proyecto de la depuradora, y su ubicación, los técnicos afirmaron, que los terrenos de Martínez podrían ser excluidos en la ejecución de la obra, ya que se habían ‘reservado’ como área complementaria de servicios para esta infraestructura, sin afectar al desarrollo de la depuradora.

Esta medida, finalmente no satisfizo a nadie. Se sabía que Martínez o su familia, habían adquirido los terrenos años antes. Para sus detractores, porque debía conocer ya que allí se habría de ubicar la depuradora. Pero si la parcela ‘de su familia’ quedaba excluida, seguían dentro del perímetro reservado otros terrenos que pertenecían a un empresario, allegado a Martínez, Raul Babiloni, en otra sociedad, y a quien Martínez, según fuentes socialistas, habría adjudicado contratos en su municipio de Vall d´Alba.

Compromís denunciaba, abiertamente, que la inclusión de los terrenos en el proyecto de la depuradora, habría supuesto una revalorización de los mismos, por lo que podría apuntarse a un ‘enriquecimiento’ calculado.

El proyecto de la depuradora de Borriol no saldría adelante. Sería sustituido por una alternativa para conectar la localidad a la depuradora de Castellón. Pero este cambio de rumbo no paralizó el escándalo.

Compromís lleva el tema a la Fiscalía

El diputado de Compromís, Enric Nomdedeu, decidió entregar toda la documentación de que disponía su partido a la Fiscalía, por si se apreciaban indicios de delito. Como consecuencia de ello, y a instancias de la Fiscalía, se inició la instrucción de un sumario en el que se imputaba a Francisco Martínez, que tuvo que renunciar a su acta de diputado, por acuerdo previo con Javier Moliner, pero siguió ocupando el cargo de alcalde de Vall D´Alba; y al ex alcalde de Borriol, Adelino Santamaría, que dimitió como diputado y como alcalde en el primer trimestre del 2014.

En febrero de 2015 el concejal socialista, Fernando Grande entregaba a la Fiscalía de Castellón, diversos documentos que, entendían, que podrían llegar a demostrar que el entonces todavía alcalde de Vall D´Alba, Francisco Martínez, se había enriquecido ilícitamente durante los últimos 20 años, gracias a sus cargos políticos. El Psoe pidió que se incorporara esta documentación al procesamiento de Francisco Martínez por las presuntas irregularidades cometidas con los terrenos de la depuradora de Borriol. El Psoe denunció que Martínez había duplicado sus bienes y posesiones.

A mediados de abril de 2015, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Castellón abría Juicio oral contra Francisco Martínez, que se mantenía  como alcalde de Vall d´Alba, por el tema de los terrenos de la depuradora de Borriol. El Juzgado también procesaba al el ex alcalde de Borriol, Adelino Santa María y 5 personas más. Martínez presentó entonces su baja voluntaria en el PP.

El fiscal pide para el ex vicepresidente de la Diputación cuatro años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Para el exalcalde de Borriol el Ministerio Público pide tres años de prisión por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude.

Está previsto que el juicio se prolongue durante los días 23, 24 y 25 de febrero.