Las medidas pasan por facilitar la tramitación administrativa con un aval de 3.500 euros para posibles desperfectos
Castelló da un nuevo paso para poder disponer de viviendas con el fin de poder atender las necesidades de las más de 4.300 familias que reclaman un hogar. Las nuevas medidas van dirigidas a los propietarios que disponen de viviendas vacías y que podrán beneficiarse con una rebaja del IBI, ayuda en la tramitación administrativa, y un aval de 3.200 euros al final del contrato para hacer frente a posibles desperfectos.
Esperanza Molina/ Castellón Información
Pese a las numerosas iniciativas municipales que se han desarrollado en los últimos años, el ayuntamiento de Castelló se encuentra con innumerables problemas para poder disponer de un parque de viviendas sociales con las que dar soluciones a las más de 4.300 familias que reclaman el derecho a un hogar.
Las soluciones avanzan poco a poco, pero con un retraso que, en muchos casos resulta desalentador.
Según el Plan de Vivienda que encargó la Concejalía de Vivienda, presentado recientemente, Castelló podría disponer, en estos momentos más de 13.000 viviendas vacías. Algunas pertenecen a Fondos de Inversión, promociones fallidas y bancos. Pero muchas otras, están en manos de pequeños propietarios que prefieren mantenerlas cerradas antes de correr el riego de pasar por un alquiler desafortunado. La dificultad de la tramitación administrativa con el ayuntamiento, el temor a que se deteriore la vivienda si los inquilinos no las cuidan adecuadamente, la falta de un intermediario seguro, llevan a estos ciudadanos a mantener un patrimonio urbanístico cerrado y fuera de mercado.
La alcaldesa de Castellón, Amparo marco, y la concejal de Vivienda, Mª Jesús Garrido anunciaban esta mañana un nuevo giro de tuerca para poder poner en servicio ese parque de viviendas.
Uno de los problemas que la mayoría de los ciudadanos ignoran, declaraba Mª Jesús Garrido, es que la burbuja inmobiliaria y la crisis de la década del 2000 genero un daño muy importante en muchas pequeñas economías. El incremento del paro, la falta de trabajo, y la recesión de aquellos años multiplicaron el impago de hipotecas. Muchas de aquellas familias se quedaron sin sus viviendas, pero lo que es peor, también se quedaron sin posibilidad de acceder a créditos. Tienen las manos atadas y solo tienen la alternativa de acceder al mercado del alquiler.
Por esta razón. Expresaba Mª Jesús Garrido, resulta fundamental poder controlar, de alguna manera ese precio de alquiler.
Aunque el ayuntamiento ha lanzado diferentes campañas para la adquisición de pisos para su parque de viviendas, los grandes tenedores, los fondos de inversión, prefieren cerrarlas a ponerlas en el mercado o cederlas al ayuntamiento, con el fin de forzar el incremento del precio de alquiler, que habría subido un 14% durante los últimos años. Alquilarían menos, pero a precios mucho más altos.
La oferta que pondrá en vigor el ayuntamiento a principios de año intenta resolver problemas para conseguir resultados.
Las nuevas medidas contemplan: El acompañamiento municipal a los propietarios de viviendas, para que puedan tramitar la oferta de sus viviendas vacías. Esto significa que, en lugar de que sea el propietario el que acuda ‘en soledad’ a la administración y tenga que responsabilizarse de toda la tramitación, que para muchos resulta excesivamente compleja, podrá contar con el ayuntamiento para poder realizarla. Además, el propietario no tendrá que ir de ventanilla en ventanilla para conseguir los certificados y recibos de su vivienda vacía para poderla ofertar al ayuntamiento, como había sucedido hasta ahora. El propietario podrá autorizar al ayuntamiento para que haga las gestiones y obtenga muchos de estos certificados que al particular le resultan tan complejos y más en estos tiempos de pandemia.
Además, el ayuntamiento se comprometía hasta ahora, a pagar al propietario una cantidad de 1.500 euros en concepto de compensación, que se abonaban al final del contrato. Ahora se pagarán al principio del acuerdo, una vez firmado.
Los contratos de alquiler se ajustarán a los requisitos legales y el ayuntamiento estima un aval de 3.500 euros para poder hacer frente a los desperfectos que pudieran originar los inquilinos al término del contrato. Si se contempla también una rebaja del 90% de IBI a los propietarios de estos inmuebles.
Las viviendas que podrán acogerse a estos incentivos deberán tener entre 60 y 100 metros cuadrados, con una valoración en el precio de alquiler a razón de 4 euros por metro cuadrado. Lo que significa que el precio de alquiler se encontrará comprendido entre los 240 y los 400 euros.
La nueva convocatoria verá la luz el 1 de enero de 2021, y se sumará a las otras medidas desarrolladas para poder poner en marcha el parque de viviendas sociales, el Arru de Castalia, el edificio de avenida Capuchinos o las viviendas de propiedad municipal
