Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa figuran entre las localidades donde el Consell ha presentado alegaciones
La Generalitat ha presentado 35 recursos contra procedimientos de deslinde en la costa valenciana promovidos por el Gobierno de España, dentro de una estrategia que afecta también al litoral de once municipios de la provincia de Castellón. El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado estas actuaciones durante la presentación del plan autonómico de defensa de la costa.
En Castellón, la Generalitat señala procedimientos en Vinaròs, Benicarló, Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar, Benicàssim, Almassora, Borriana, Xilxes y Moncofa.
Estos municipios forman parte de las más de veinte localidades de la Comunitat Valenciana en las que el Consell asegura haber presentado alegaciones ante diferentes actuaciones relacionadas con la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.
35 recursos contra los deslindes
Martínez Mus ha cifrado en 35 los recursos presentados por la Generalitat y ha situado en 70 kilómetros la longitud de costa valenciana afectada por los diferentes procedimientos impulsados por la Administración General del Estado.
El conseller ha defendido la actuación jurídica del Ejecutivo autonómico ante estos expedientes y ha asegurado que la Generalitat pretende impugnar los deslindes que considere perjudiciales para los municipios y ciudadanos afectados.
La Generalitat enmarca estas actuaciones en un plan que combina la defensa jurídica frente a determinados deslindes con medidas de protección ambiental, regeneración de playas, recuperación del equilibrio sedimentario e inversiones de protección costera.
Castellón, con once municipios en los procedimientos
La relación facilitada por la Generalitat incluye una parte significativa del litoral castellonense, desde Vinaròs y Benicarló, en el norte de la provincia, hasta Xilxes y Moncofa, en la Plana Baixa.
También aparecen Alcalà de Xivert, Torreblanca, Cabanes, Oropesa del Mar y Benicàssim, además de Almassora y Borriana.
El Consell sostiene que su intervención pretende ofrecer apoyo a ayuntamientos, asociaciones y particulares afectados, mediante informes técnicos, alegaciones, recursos y otras actuaciones administrativas.
Tres líneas de actuación sobre la costa valenciana
La estrategia anunciada por la Generalitat se estructura en tres líneas principales.
La primera consiste en reclamar al Gobierno central la ejecución de obras de protección del litoral que el Ejecutivo autonómico considera pendientes desde hace aproximadamente una década. Según Martínez Mus, más de la mitad de estas actuaciones siguen sin ejecutarse, una afirmación para la que la información facilitada no aporta el listado completo de proyectos ni su grado de ejecución.
La segunda línea corresponde a la presentación de alegaciones y recursos en los procedimientos que afectan al litoral.
La tercera pasa por el desarrollo de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, con la que el Consell pretende establecer su propio marco de actuación dentro de las competencias autonómicas.
El Consell cuestiona la modificación del Reglamento de Costas
La Generalitat mantiene además su oposición al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas planteado por el Gobierno de España.
El Ejecutivo autonómico considera que determinados aspectos de esa modificación podrían generar inseguridad jurídica y tener consecuencias para propietarios, actividades económicas y municipios del litoral.
Martínez Mus ha cuestionado especialmente que un episodio meteorológico excepcional pueda servir para modificar de forma permanente los límites del dominio público marítimo-terrestre y ha reclamado que estos procedimientos se sustenten en criterios técnicos, datos históricos y parámetros científicos.
Se trata de la posición defendida por la Generalitat ante unos procedimientos cuya tramitación y resolución corresponden a la Administración estatal competente en materia de costas.
