Se centrará sobre la aplicación de los planes de minimización de impactos para poder contemplar cada caso e forma individualizada

Uno de los problemas más importantes de las viviendas de Marjalería, tanto en Castellón como en su provincia y otras zonas de la Comunitat Valenciana, es que con la ley en la mano resulta muy difícil llegar a procesos de regularización que garanticen la viabilidad de estas viviendas.
Así se puso de manifiesto, por poner un ejemplo, en Castellón, donde se calcula que habría más de 4.000 viviendas en estas condiciones. El equipo de gobierno anterior, liderado por el PSOE, se comprometía con los marjaleros a ‘regularizar’ la mayor parte de estas viviendas mediante dos planteamientos urbanísticos diferentes.
Por una parte, las viviendas situadas en suelo Urbano o urbanizable podían a cogerse a lo que se denominaban Planes de Reforma Interior (PRI). En esta situación era preceptivo que los vecinos se pusieran de acuerdo para desarrollar, bien por su cuenta, bien con la colaboración del Ayuntamiento un sistema de urbanización que dotara de todos los servicios a estas viviendas. Inicialmente era el que parecía más sencillo… pero a la hora de la verdad se ha convertido en una pesadilla. Los trámites son largos, caros y farragosos. Y aunque se realicen de la mano del ayuntamiento, no hay medios personales para desarrollar tanto PRI como sería necesario. De hecho, el actual concejal de Urbanismo llegó a indicar, a principio de la legislatura, que el desarrollo de los PRI podría conllevar plazos superiores a 50 años.
Por otra parte, están las viviendas situadas en Suelo No Urbano. Ninguna de ellas podría desarrollar un PRI y se verían abocadas a iniciar lo que se denominan ‘Planes de Minimización de Impactos’. Esto es, un estudio pormenorizado para dotar a esas viviendas de los servicios básicos imprescindibles. Eso pasaría por evitar los vertidos ilegales que contaminan el suelo.
El concejal de Urbanismo de Castellón, Sergio Toledo, ya informó en la primera asamblea de la Marjalería, celebrada tras las elecciones del 2023, que era partidario de esta segura figura urbanística, la minimización de impactos, tanto para las viviendas en Suelo Urbano como par las situadas en Suelo no Urbano.
Pero la cosa no resultaba fácil tampoco.

Se dan circunstancias como la presencia de viviendas que podrían contar con servicios de agua, luz y alcantarillado de la manera más fácil, porque los tienen a las puertas de casa… Y de hecho, muchas de esas viviendas ya han gozado de esos servicios antes de ser objeto de una transacción inmobiliaria. Cuando la vivienda se vende o se traspasa, los nuevos propietarios se las ven y se las desean para poder cambiar los contadores para activar esos servicios…
Además, también hay viviendas cuyos propietarios estarían dispuestos a realizar reformas para poder contar con el servicio de alcantarillado, o en su caso, de fosa séptica para el control de sus vertidos…
Y aquí surgen de nuevo los problemas. No todas estas viviendas se encuentran cerca de una red de alcantarillado, por lo tanto, la acometida sería muy cara. Las que tienen fosa séptica reconocida y un contrato de mantenimiento certificado, lo tienen más fácil… pero las que solicitan licencia para construir una fosa séptica porque no pueden acceder al alcantarillado, también se encuentran con los frenos de la administración.
El gobierno anterior, con José Luís López como concejal de Urbanismo, repitió una y otra vez que no podían ir más allá de lo que las leyes permitían… el concejal de Urbanismo actual también ha tenido que analizar el tema y buscar soluciones.
Aprobación de una nueva Ley del Suelo

Según confirmaba a Castellón Información el director general de Urbanismo, la solución a toda esta problemática vendrá a través de la aprobación de una nueva Ley del Suelo en la Comunitat Valenciana, que es en la que trabajan los técnicos de la Conselleria y cuyo anteproyecto ya contiene modificaciones importantes en torno a la minimización de impactos.
Con esa nueva Ley del Suelo, y como anunció en su momento Sergio Toledo, será más fácil regularizar las edificaciones por el método de la minimización de impactos que por el Desarrollo de Planes de Reforma Interior.

La nueva Ley del Suelo fijará otro tipo de criterios para la Minimización de Impactos, de forma que se pueda estudiar cada caso de forma pormenorizada. Y esto sería así, porque lo que se persigue en realizar es regularizar las viviendas con garantías, en el menor tiempo posible, para la seguridad jurídica de sus propietarios, pero también con soluciones asequibles que impidan los efectos secundarios de estas edificaciones, como la contaminación del suelo.
A raíz de las declaraciones del director general de Urbanismo y el concejal de Urbanismo de Castellón, esta nueva Ley del Suelo estaría ya elaborada y a punto de seguir los trámites para su aprobación.
Y es que cabe tener en cuenta, que si en Castellón solo, podrían haber más de 4.000 viviendas en estas condiciones, la capital de la Plana no es una excepción dentro de la provincia, donde abundan las zonas de marjal en la que han proliferado viviendas durante los últimos 50 años… Y por su orografía, la provincia Castellón coincidiría en ese tipo de problemas con Valencia y Alicante. O lo que es lo mismo, se piden soluciones que se necesitan.
Las viviendas de Marjalería serían las más comunes, pero no las únicas viviendas fuera de ordenación que también podrían beneficiarse con la nueva Ley del Suelo.





















































