No se si hemos caído en la cuenta de la clara contradicción que existe entre una sociedad como lo es la Unión Europea, en que no es posible estar adscrita aceptando la pena de muerte como castigo supremo a un delincuente por muy horrendo que sea el crimen que haya cometido. Se le podrá condenar a muchos años de cárcel -prisión permanente revisable- pero en ningún caso a pena de muerte. El Estado no está autorizado a decidir sobre cuando debe producirse el final de la vida.
Y sin embargo, en el caso de la eutanasia si que se permite que el Estado pueda decidir ese final de la vida cuando se ponen de acuerdo la voluntad libre de la persona que decide morir, el concurso de un profesional de la medicina que esté dispuesto a poner los medios para acabar con esa vida y el acuerdo legal y judicial del país en que debe aplicarse la eutanasia.
Por alguna extraña razón, se está llegando a la conclusión que aceptar la eutanasia es signo de progresismo en un país. Lo cierto es que de los 194 estados existentes en el mundo y que son miembros de la Organización de Naciones Unidas, tan solo diez han legalizado hasta el momento el fenómeno de la eutanasia.
Países Bajos fue el primer país que el 10 de abril de 2001 aprobó la eutanasia, por medio de la aceptación de una ley especial. Hasta el momento, tan solo Bélgica, Luxemburgo, Portugal y España, se han sumado a aquel en Europa para aceptar la citada ley. Colombia, Uruguay, Ecuador y Canadá son los países americanos que la adoptaron. Nueva Zelanda y parte de Australia completan la decena de países del mundo que componen la decena de países en que se han sumado legalizando la muerte asistida.
Ello deja fuera de la lista a 184 países del mundo, entre ellos las grandes potencias de todo signo -Estados Unidos, Rusia, China, India-, otros muchos países de Europa y de la Unión Europea, como el Reino Unido, Francia, Alemania, países Nórdicos y centro europeos etc.
Cada vez que se produce la muerte asistida en un país -y en España desde junio de 2021 hasta fines de 2024 en que existen registros, se han producido 1.123 casos de aplicación de la ley- surge de nuevo la polémica sobre la procedencia legal, política y moral de dicha ley.
La aplicación de la ley a la joven Noelia Castillo (25 años) que venía reclamándola desde 2024 y que la oposición de su padre aplazó durante estos dos últimos años ha recordado que Noelia fue víctima de agresión sexual grupal, sufría severos dolores físicos y desarreglos mentales que la llevaron a un intento de suicidio.
Noelia ya no se encuentra entre nosotros y podemos reflexionar sobre hasta qué punto la sociedad que contaba con dos opciones ante el caso -apoyar a la enferma para que soportara con entereza sus graves dolencias o, por el contrario, ayudarla para que se fuera de este mundo acabando con sus penas y también con las preocupaciones de la sociedad que se sintió incapaz de superar ese gran dilema-.
La sociedad optó por la solución drástica y apretó el botón OFF que sacó a Noelia de este mundo. Hubiera podido insistir en pulsar el botón ON y mantener entre nosotros a esta joven que con ayuda paliativas y con métodos que le insuflaran ganas de seguir entre nosotros curando sus dolencias, hubiera podido desistir de su empeño mortal.
Ha habido que poner la medicina al servicio de la muerte en lugar de hacerlo -como se supone debe hacer- en favor de la vida. Tal es la principal diferencia entre eutanasia y suicidio asistido: en este caso es el suicida quien se quita la vida, en aquel es un médico quien debe hacerlo. ¿Qué fue del principio hipocrático que debe inspirar el ejercicio de la profesión?
