El partido lleva al pleno una declaración institucional para reclamar transparencia en el rescate de la aerolínea y esclarecer posibles responsabilidades políticas
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una Declaración Institucional para el pleno del próximo jueves con la que solicita al Gobierno de España que colabore activamente con la Justicia en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
La iniciativa sostiene que las últimas confesiones incorporadas al procedimiento judicial cuestionan la tesis del ‘lawfare’ defendida por el Ejecutivo y su entorno político, y considera necesario aclarar las posibles responsabilidades derivadas de la operación financiada a través del fondo gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según recoge el texto presentado por los populares, las manifestaciones realizadas por personas vinculadas al caso obligan a ofrecer explicaciones sobre lo sucedido y refuerzan la necesidad de que las instituciones colaboren con los órganos judiciales para determinar el alcance de las actuaciones investigadas.
La propuesta insta al Gobierno a facilitar toda la documentación e información necesaria para el desarrollo de las diligencias y plantea identificar quién pudo actuar desde el entorno del actual Ejecutivo como colaborador necesario para que el anterior presidente socialista pudiera beneficiarse presuntamente de una comisión vinculada al rescate de Plus Ultra.
Además, el acuerdo contempla trasladar la resolución a los grupos políticos de la provincia de Castellón con representación en las Cortes Generales.
El portavoz del Grupo Municipal Popular, Sergio Toledo, defendió que la política debe recuperar principios como la responsabilidad, la coherencia y el respeto institucional. En este sentido, consideró que cuando existen dudas sobre el uso de recursos públicos, la obligación de cualquier gobierno es facilitar información y contribuir al esclarecimiento de los hechos.
Toledo también señaló que las investigaciones no pueden atribuirse únicamente a una persecución política cuando algunos de los implicados habrían reconocido los hechos que se les imputan y estarían colaborando con la Justicia. A su juicio, la respuesta institucional debe basarse en la cooperación con jueces y tribunales.
Asimismo, el portavoz popular afirmó que las confesiones conocidas apuntan a posibles irregularidades en la gestión de la SEPI y defendió que, ante la gravedad de los hechos investigados, resulta imprescindible actuar con transparencia y colaboración.
Por último, Toledo subrayó que corresponde a los tribunales determinar las posibles responsabilidades, aunque consideró necesario que las administraciones públicas eliminen cualquier obstáculo y pongan a disposición de la Justicia toda la documentación requerida para esclarecer lo sucedido.
