Los populares presentan una declaración institucional para reducir las trabas a la construcción y defienden el plan municipal de 4.200 viviendas
El Grupo Municipal Popular de Castellón ha presentado una declaración institucional para instar al Gobierno de España a modificar la Ley del Suelo y revisar la normativa que, a su juicio, dificulta la construcción de viviendas y encarece su precio. La iniciativa reclama reducir las cargas administrativas, aumentar la disponibilidad de suelo y aportar mayor seguridad jurídica al sector para facilitar el acceso a la vivienda.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Sergio Toledo, ha asegurado que el actual marco regulatorio frena la construcción de nuevos inmuebles, reduce la oferta y repercute en el incremento de los precios, especialmente para jóvenes, familias y colectivos vulnerables. En este sentido, ha sostenido que el Gobierno central ha optado por intervenir el mercado en lugar de favorecer la promoción de nuevas viviendas.
Toledo ha afirmado que España atraviesa un problema estructural de acceso a la vivienda derivado de la escasez de suelo disponible, el exceso de regulación y la inseguridad jurídica. Además, ha defendido que la solución pasa por agilizar los trámites urbanísticos, liberar suelo y favorecer la inversión para incrementar la oferta residencial.
El portavoz popular también ha advertido de la falta de relevo generacional en los oficios de la construcción, una circunstancia que, según ha explicado, limita la capacidad del sector para responder a la demanda existente.
Durante su intervención, Toledo ha señalado que el Banco de España cifraba a finales de 2025 el déficit de vivienda en más de 700.000 inmuebles, y ha considerado que esta situación continuará mientras no se adopten medidas que incentiven la construcción y la inversión.
Frente a este escenario, el portavoz del PP ha destacado el modelo impulsado por el Ayuntamiento de Castellón. Según ha indicado, el consistorio prevé la construcción de 4.200 nuevas viviendas durante la legislatura, de las que el 40 % serán de protección pública, una planificación que, a su juicio, convierte este mandato en "la legislatura de la vivienda" en la ciudad.
La declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Popular solicita al Gobierno de España modificar la Ley del Suelo, suavizar las exigencias normativas que incrementan los costes de construcción y reducir la incertidumbre regulatoria que, según el PP, ha provocado la actual Ley de Vivienda.
En este contexto, Toledo ha defendido que las administraciones deben centrarse en facilitar la construcción de viviendas mediante la liberación de suelo, la simplificación de los procedimientos administrativos y la creación de un marco jurídico estable que permita ampliar la oferta y mejorar el acceso a la vivienda.
