Sales denuncia que no se habían actualizado los precios del servicio de limpieza con el IPC a que tenía derecho la empresa
El gobierno municipal del Ayuntamiento de Castellón ha tenido que autorizar un reconocimiento de obligaciones de pago por valor de 3.866,266 euros heredados por el gobierno anterior, con informe de reparos la Intervención Municipal, “porque se trata de obligaciones indebidamente adquiridas que pueden ser constitutivas de nulidad”. La mayor parte de esta factura corresponde a la actualización de los precios de la empresa de limpieza del 2022 y enero de 2023.
Las empresas que prestan servicios al ayuntamiento tienen el derecho de poder actualizar sus precios conforme a la subida anual del IPC. De lo contrario, se incumpliría la legalidad y también las condiciones por las que se suscribió el contrato original.
Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, Vicent Sales, tras anunciar que el anterior equipo de gobierno ha dejado ‘obligaciones de pago’ por valor de 3.866.266 euros, que comprometen a la entidad municipal a realizar un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC). Este Reconocimiento Extrajudicial de Crédito deberá ser aprobado por el pleno para poder abonar lo que se debe a empresas como la que se encarga de la conservación y mantenimiento del alumbrado Público, pero, fundamentalmente, a la revisión de precios del servicio de limpieza, retirara de residuos sólidos urbanos, recogida de papel, plástico vidrio y transporte a plantas autorizadas.
"PSOE y Compromís, indicó Sales, se fueron del Ayuntamiento sin actualizar los precios del servicio de limpieza de todo el 2022 y lo que llevamos del 2023, hasta que este gobierno acometa la revisión de precios como toca, que es lo que haremos”.
Y concretaba: “Hablamos de 2.909.532 euros en facturas irregulares de febrero a noviembre de 2022 y de 581.914 euros entre diciembre de 2022 y enero de 2023 por no haberse aplicado la revisión de precios correspondiente al servicio de limpieza viaria. Es decir, casi 3,5 millones de euros que hemos de pagar ahora mediante procedimiento irregular por los ‘empastres’ que nos han dejado otros”, añade.
Además, se ha referido al contrato caducado, desde diciembre de 2022, del servicio Bicicas que sigue generando facturas irregulares, igual que las que se generan por la compensación de tarifas del servicio público urbano que dan servicio interurbano (líneas de autobús a Benicàssim, Almassora o Borriol). “El Ayuntamiento firmó el último convenio con la Generalitat para hacerse cargo de esta compensación de tarifas en diciembre de 2022 y tenía vigencia hasta 31 de diciembre de 2022, es decir, menos de un mes. Por tanto, todas las facturas que llegan de 2023 lo hacen de manera irregular.
Facturas con reparos de Intervención
La figura del Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, REC, está contemplada por la administración como una alternativa excepcional para poder pagar facturas que, por diferentes motivos no se han presupuestado adecuadamente.
Esto es así cuando se produce un gasto extraordinario que no estaba previsto, o no ha sido contratado con la tramitación administrativa adecuada. Pero también, cuando se han calculado mal los costes del servicio que presta una empresa contratada; o cuando el servicio que se ha prestado no tiene la cobertura de un contrato en vigor porque ha caducado sin que se vuelva a sacar a concurso público.
Las facturas han llegado a la mesa de la Junta de Gobierno Local con un informe de ‘reparo’ de la Intervención Local “por tener su origen en actuaciones administrativas nulas de pleno derecho”.
Aquí hay que tener en cuenta que caben dos opciones: que se haga el REC que, una vez autorizado por el pleno sirva para pagar a los proveedores. O que no se pague. Pero en este último caso también debe estar muy justificado, ya que ninguna institución puede dejar de pagar a sus proveedores, si estos han prestado el servicio, porque incurriría en otra figura que se denomina ‘enriquecimiento ilícito’.
En otras palabras, si el servicio se ha realizado, la institución tiene que comprobarlo y después ha de pagarlo, y para ello se habilita un ‘REC’.
La advertencia del Tribunal de Cuentas
El problema se genera cuando los REC se multiplican de forma habitual y se utilizan como una forma continuada de pago. Y es, en este sentido, en el que se pronunció el Tribunal de Cuentas al advertir al Ayuntamiento en varias ocasiones que “Resulta del todo imprescindible la regularización de las situaciones jurídicas”.
La institución tiene que gestionar bien. Para ello, deberá adelantarse a la caducidad de los contratos para volverlos a sacar a contratación cuando finaliza el periodo de concesión anterior. Deberá presupuestar adecuadamente el gasto de los servicios que necesita la ciudad, para que no supere a las cantidades que figuran en su presupuesto. Y deberá actualizar los pagos en función de la subida del IPC anual, que encarece el servicio que prestan los proveedores, para que las empresas puedan funcionar adecuadamente.
Y, por supuesto, en la medida de lo posible, salvo imprevistos muy justificados, las facturas deben estar avaladas por su correspondiente contrato y presupuesto.
Si aun así se producen gastos extraordinarios que no se han podido prever pero que responden a las necesidades de la ciudad, entonces es cuando se puede autorizar un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito.
Este fue uno de los temas que más criticó el Grupo Socialista cuando estaba en la oposición, antes de asumir el gobierno de la ciudad.
Ha sido también una de las mayores críticas de la oposición municipal durante los gobiernos de la coalición de izquierdas.
Y según ha anunciado Vicent Sales, será una de las máximas prioridades de este gobierno, porque la alcaldesa no quiere Reconocimientos Extraordinarios de Crédito, sino que se pague cuando y como toca.
