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El Juzgado Contencioso -Administrativo Nº 2 de Castellón ha estimado en parte la demanda interpuesta por los vecinos del grupo de Roger de Flor contra el decreto aprobado el 2014 por el anterior Gobierno municipal de Borriana que autorizaba el festival del Arenal Sound del 2013 en las condiciones acústicas en que se celebró.
Nada más conocer la sentencia del juzgado Contencioso Administrativo, el actual equipo de gobierno se ha puesto a estudiar las consecuencias de la estimación de la demanda con los Servicios Jurídicos municipales y manifiesta “que se pone al servicio de los vecinos y vecinas de esta zona del puerto para paliar las molestias por ruidos y por vulneración de los derechos humanos fundamentales que les podían causar los conciertos del Arenal Sound y que fueron el motivo del recurso vecinal contra el decreto del anterior Gobierno del PP”. El equipo de gobierno quiere destacar que “la salud y las condiciones físicas de los ciudadanos de Borriana están por encima de cualquiera otro interés y que como responsables municipales tenemos el deber de garantizar la convivencia de la ciudadanía”
Un decreto en el cual el anterior gobierno municipal desestimaba las quejas de los vecinos, alegando que la celebración del festival Arenal Sound se encontraba al amparo de la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana sobre protección de contaminación acústica y que consideraba la celebración del festival de música como una situación especial y esporádica. Además, en el decreto se afirmaba el carácter festivo, de evidente carácter social y público del festival.
Ante este decreto y posterior recurso de los vecinos, ahora el tribunal administrativo ha admitido la demanda de los ciudadanos del grupo de Roger de Flor en defensa de los derechos fundamentales, como el derecho a la integridad física y moral de las personas puesto que estaban expuestas a niveles de ruidos superiores a los permitidos legalmente durante los conciertos del Arenal Sound.
Por otro lado, el Juzgado Contención-Administrativo Nº 2 de Castellón desestima la pretensión interpuesta por los vecinos de pedir en el Ayuntamiento una indemnización económica por la vulneración de derechos fundamentales y por los daños morales ocasionados por el mencionado decreto del anterior gobierno municipal de Borriana.
