Más de 250 correctores de las PAU estudian no incorporarse a los tribunales por el conflicto educativo mientras la conselleria garantiza su realización
La movilización docente en defensa de la educación pública se ha focalizado en su duodécimo día de huelga en sacar las aulas a la calle en Castelló para visibilizar el estado en el que se encuentra la educación. Centenares de docentes se han dividido en dos columnas para llevar la clase a la calle: una junto al CEIP Enric Soler i Godes, en la calle Marqués de Salamanca, y otra junto al CEIP Censal, en la avenida Chatellerault.
Esta movilización se realiza previa a la nueva reunión convocada para esta tarde en Valencia, en la sede de la Conselleria de Educación, con los sindicatos para continuar negociando. Tras esta reunión, hubo un alejamiento entre CSIF y ANPE y Stepv, CC OO y UGT ya que los dos primeros firmaron el acuerdo salarial que les ofreció la Conselleria. Según apuntaron fuentes del departamento de Carmen Ortí, tras la reunión, “el acuerdo recoge la mayor subida salarial propuesta a los docentes de toda España, 200 euros mensuales, junto con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, lo que les sitúa entre los mejor pagados de España”. No es así como piensan el resto de sindicatos que rechazan “que solo se vincule los 50 euros de 2028 al IPC”.
Entre los puntos principales que quedan pendientes se encuentran las ratios, las infraestructuras, plantillas, burocracia y también la subida salarial.
Más de 250 correctores de las PAU estudian no incorporarse a los tribunales y Educación garantiza que se harán
La Asamblea de Profesorado Corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), integrada por más de 250 especialistas, ha anunciado que estudia medidas de presión ante el bloqueo de las negociaciones con la Conselleria de Educación, entre ellas la no incorporación a los tribunales de corrección y la renuncia colectiva el día de su constitución.
El colectivo, constituido en el contexto de las movilizaciones educativas, ha asegurado que la Conselleria no ha mostrado “flexibilidad” ante las reivindicaciones planteadas por la mayoría del profesorado representado por los sindicatos y ha criticado la falta de respuesta a las demandas relacionadas con el Bachillerato y la educación pública valenciana.
Entre las cuestiones denunciadas por la asamblea figuran las ratios elevadas en las aulas, la supresión de grupos en Bachillerato Artístico, la falta de acondicionamiento de espacios educativos, la situación del valenciano en el currículo, las tutorías no remuneradas y el aumento de la carga burocrática para el profesorado.
En este contexto, los correctores de las PAU plantean no acudir a la constitución de los tribunales, prevista en muchos casos para el próximo 2 de junio, así como posibles renuncias en bloque y otras acciones relacionadas con el proceso de calificación de los exámenes.
La asamblea también ha criticado la “escasa solidaridad” mostrada, a su juicio, por las cinco universidades públicas valencianas: la Universitat Jaume I, la Universitat Politècnica de València, la Universitat d’Alacant, la Universitat de València y la Universitat Miguel Hernández y reclama un apoyo institucional más firme tanto al profesorado corrector como al alumnado afectado.
El colectivo asegura que las medidas planteadas no responden a motivos políticos, sino a la defensa de una educación pública “de calidad”, y sostiene que su intención no es perjudicar al alumnado ni a las familias, aunque considera necesario adoptar acciones de presión ante la situación actual.
Desde la Conselleria de Educación, la Secretaria Autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha garantizado la realización de la PAU porque dice que "hay voluntarios de sobra".
