La coalición de gobierno PSOE-Compromís reclamará que se modifique la ley para poder gastar los ahorros
Los Grupos socialista y Compromís que gobiernan en la Diputación de Castellón han llegado a un consenso para presentar una moción conjunta sobre el complejo problema de la cesión de los remanentes que pide el Gobierno de Sánchez. El texto en el que ambos grupos pretenden 'nadar y guardar la ropa', no se pronuncia a favor ni en contra de la cesión de los remanentes, pero tampoco da portazo al Gobierno. La alternativa pasa por plantear la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que las instituciones locales puedan gastar sus ahorros.
Esperanza Molina/Castellón Información
La Diputación de Castellón no se posicionará en el pleno del próximo martes sobre la cesión de los más de 40 millones de euros de sus remanentes al Gobierno de España, tal como requería el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros de Sánchez el pasado agosto. Pero sí abordará la cuestión porque no le queda otro remedio, con una moción consensuada entre PSOE y Compromís que no dice que si, pero tampoco que no, es decir, que pretende ganar tiempo con una posición de ‘nadar y guardar la ropa’.
El problema de fondo es el siguiente: el acuerdo que aprobó la directiva de la FEMP (solo con los votos del PSOE), convertido posteriormente en dos reales decretos del Consejo de Ministros, propone a las instituciones locales la cesión de la totalidad de sus remanentes, más de 14.000 millones de euros al Gobierno de España, a devolver en periodos de 10 o 20 años a partir de 2022 (entre 2032 y 2042). A cambio, el Gobierno cedería a esas instituciones 5.000 millones de euros a fondo perdido, que los ayuntamientos y diputaciones podrían invertir, pero solo en los apartados y temáticas previamente determinadas por el Gobierno.
Dicho así, este acuerdo parece el timo de la estampita para las instituciones locales. ¿Pero dónde está la trampa? El secreto está en que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, las instituciones locales no pueden gastar este dinero porque no lo pueden computar como un ingreso dentro del presupuesto anual.
Así las cosas, lo que el Ministerio de Hacienda promete a las instituciones locales, es que si estas le ceden sus remanentes en préstamo a largo plazo, el Gobierno les permitirá gastar el tanto por ciento que les da ahora y lo que recibirán en devolución, aunque sea en las políticas que previamente determine el Gobierno.
La propuesta no convence ni a ayuntamientos ni diputaciones, ahora bien, ¿qué institución gobernada por el PSOE será capaz de decirle que no a ‘su’ Gobierno?.
Los dos reales decretos emitidos en agosto han levantado todo tipo de protestas por parte de casi todos los grupos políticos, hasta el punto, de que han obligado al PSOE a ceder, no mucho, pero si un poco. Y es que los números no salen. Tal como se plantearon los dos reales decretos, no recibirían la aprobación en el Congreso.
Lo que han pedido las instituciones locales desde hace años, es que el Gobierno flexibilice la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que les permita gastar, al menos, una parte importante de esos remanentes que ahora se acumulan en los bancos.
Y lo que se puede conseguir, tal como están las cosas, es que esa flexibilización o modificación de la Ley del Gasto pueda ser abordada en trámite parlamentario con la participación de todos los grupos políticos.
Dicho todo esto, esa flexibilización, según y cómo se plantee si que puede salir adelante y con consenso total o mayoritario, porque respondería a una demanda que defienden todos los grupos políticos que gobiernan en ayuntamientos o en diputaciones.
La votación del Real Decreto se abordaría el 12 de este mes, después del pleno extraordinario del día 7 en Diputación.
Mientras tanto, la Diputación de Castellón estudia cómo y de qué manera afrontar todo este planteamiento.
Y aquí es donde llegan las mociones de los grupos, y la propuesta consensuada por Compromís y PSOE, que tienen mayoría para gobernar.
El Grupo Socialista de Diputación está a favor de la cesión de los remanentes, (no puede ser de otra manera) y la considera ventajosa tal como está planteada, porque, “por lo menos, plantea una alternativa donde antes no había nada, y además la cesión es voluntaria”. Pero no es el caso de Compromís, cuyos gobernantes locales han llegado a calificarla de ‘chantaje’. Tampoco están a favor PP ni Ciudadanos, que la definen como de “incautación de los ahorros de sus vecinos”
Según el Real Decreto del 11 de agosto, las instituciones locales deberían pronunciarse antes del 15 de septiembre, oficialmente sobre la cesión de los remanentes. Pero con la polémica generada, los plazos no serán tan tajantes.
PP ha presentado una moción en contra de la cesión de los remanentes, apoyada por Ciudadanos.
Compromís también ha presentado la suya, en la que rechazaba la cesión de remanentes pero pedía la flexibilización del gasto.
Si alguien pensó que se romperían pajitas en el gobierno de la Diputación, con un enfrentamiento entre PSOE y Compromís, se equivocaba completamente.
PSOE y Compromís han consensuado una moción conjunta, que es la que llegará a pleno y se aprobará el martes, donde cada parte aporta su punto de vista sin descalificar a la otra. La moción no plantea la aceptación la cesión de los remanentes, pero tampoco la rechaza. Nadar y guardar la ropa, la moción solicita finalmente lo mismo que proponen todos: la flexibilización de la regla de gasto y que se puedan gastar los ahorros.
De esta forma, la coalición de Gobierno no solo no se rompe sino que comparte el objetivo principal: propiciar que la ley para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria sea abordada desde el Congreso y tramitada desde el parlamento.
