Como dijo Benlloch, denuncian que Moliner margina al 70% de la provincia
Ocho municipios de más de 20.000 habitantes gobernados por socialistas han presentado formalmente su reclamación para ser incluidos en los Poys. En la misma línea de lo que dijo Benlloch en rueda de prensa, denuncian que la corporación provincial "es una institución secuestrada por un partido (PP) que premia a los suyos y castiga a los que no le votan"
Castellón Información
El Grupo Socialista en la Diputación carga baterías con la mirada puesta en el próximo pleno de la Corporación Provincial, que tendrá lugar el próximo martes.
En la línea de la rueda de prensa ofrecida por su portavoz, José Benlloch, en la que se denuncia la no inclusión de los municipios de más de 20.000 habitantes en los Planes de Obras y Servicios, ocho de estos ayuntamientos, de gobierno socialista, han presentado esta tarde su reclamación formal.
Todos ellos, Almassora, Benicarló, Borriana, Castelló, Onda, Vall d'Uixó, Vila-real y Vinaròs, localidades de más de 20.000 habitantes y que representan el 67,6% de la población total de la provincia, han presentado esta tarde un manifiesto firmado en contra de su exclusión del proyecto y han denunciado que la misma responde a una "decisión política".
Los ocho municipios declaran que han sido discriminados de los Planes Provinciales de Obras y Servicios (Poys) de la Diputación de Castellón, y han solicitado hoy al presidente de la Corporación Provincial, Javier Moliner, del PP, que rectifique y no excluya a 393.672 castellonenses de un proyecto del que son y quieren ser parte.
Según el comunicado remitido por el Grupo Socialista, tras la celebración de una rueda de prensa, se da la circunstancia de que los ayuntamientos de las ciudades que han quedado marginadas de los Poys no están gobernados por el PP. En este sentido, los firmantes han lamentado "el criterio arbitrario y partidista de Moliner en el reparto de fondos públicos", lo que ha llevado a que la Diputación de Castellón "sea una institución secuestrada por un partido político, que premia a los suyos y castiga a los que no le votan".
Para los responsables municipales, continúa el comunicado, "la gravedad todavía es mayor cuando se compara con otras diputaciones, como la de Alicante gobernada también por el PP, que no hace distinciones entre sus vecinos y no excluye a ningún municipio".
Los denunciantes han reivindicado el derecho de sus municipios a estar presentes en estos proyectos, pues también las poblaciones de más de 20.000 habitantes "colaboran con sus impuestos con los más pequeños desde un principio de solidaridad e igualdad, pero la solidaridad no puede suponer la exclusión".
Por último, han resaltado que la decisión de Moliner "vulnera, por incumplir los principios de libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación del articulo 8.3 a, la Ley General de Subvenciones de 38/2003 de 17 de noviembre" y han recordado que "135 identidades, una provincia única. Es lo que dice la Diputación de Castellón y es lo que todos queremos".
En la rueda de prensa ofrecida por José Benlloch, hace dos semanas, los socialistas estarían dispuestos, primero a presentar un recurso, y en caso de no ser atendidos, a llevar el tema a los tribunales.
