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El vicepresidente y portavoz de la Diputación de Castellón, Miguel Barrachina, ha anunciado esta mañana que la institución provincial aprobará una moción, propuesta por el grupo popular, para pedir el cierre definitivo del almacén de gas subterráneo Castor y exigir responsabilidades legales tanto a la empresa concesionaria como a los representantes políticos que tramitaron y autorizaron la infraestructura.
La Diputación reafirma así su postura, que ya hizo pública en acuerdos plenarios de 29 de octubre y 17 de diciembre, tras conocer el estudio detallado del Instituto Geográfico Nacional (IGN), que ha concluido que “todo indica que la sismicidad inducida es resultado de la actividad de inyección de gas. Revelando además la existencia de una falla en la zona hasta ahora no identificada”.
De esta forma, se confirma la relación directa entre los más de 500 seísmos que se registraron en el entorno del proyecto Castor y la inyección de gas en este almacén submarino, lo que deja en evidencia el informe de impacto ambiental. “Estos resultados avalan que la autorización concedida por el Gobierno en 2010 no se llevo a cabo ni con las condiciones ni con las garantías suficientes”, ha apuntado Barrachina.
El documento, que se defenderá en la próxima sesión plenaria de la institución provincial, también aclara que, a falta de saber las conclusiones del informe elaborado por el Instituto Geológico y Minero Español (IGME), “se puede determinar la existencia de una conducta negligente por parte de los ex ministros que tramitaron y adjudicaron la concesión de almacenamiento subterráneo del proyecto Castor”.
“Una chapuza de 1.800 millones”
El vicepresidente provincial también ha destacado que “Rubalcaba y Zapatero dieron luz verde a un esperpéntico estudio de impacto ambiental que no tuvo en cuenta la sismicidad. El socialismo todo lo hace igual, una chapuza de 1.800 millones de euros que estamos ya pagando todos en el recibo de la luz”.
Barrachina recordó que la tramitación administrativa por parte del Gobierno del almacén subterráneo de gas se aprobó en el Consejo de Ministros de mayo de 2008, a propuesta del ministro Miguel Sebastián. Luego, en noviembre de 2009 el Ministerio de Medio Ambiente, encabezado por Elena espinosa, publicó la resolución de la declaración de Impacto Ambiental favorable. Posteriormente, el mismo Ministerio concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones. Y, por último, en junio de 2010 el Ministerio de Industria publicó la autorización administrativa.
La moción se trasladará al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, al Ministerio de Industria, a la Generalitat Valenciana así como a los ayuntamientos de Vinaròs, Benicarló y Peñíscola.
Colomer
Por su parte, el secretario general provincial del PSPV de Castellón y portavoz socialista en la Diputación, Francesc Colomer, ha replicado al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, sobre la planta Castor que “lo que tiene que hacer un buen gobernante, que considero que no lo es, no es tanto buscar culpables, sino soluciones y ahora”.
El portavoz socialista ha insistido en que “la solución pasa porque le diga y pueda convencer al Ministro de Industria, José Manuel Soria, de que no se esconda, de que dé la cara y tome decisiones en un tema para introducir definitivamente tranquilidad, seguridad y que el proyecto Castor nunca será una ofensa y nunca entrará en funcionamiento para perjudicar a los ciudadanos de la zona afectada”.
De igual modo, Colomer ha querido recordarle al presidente Fabra que “es un proyecto que nació en la época de Aznar, en septiembre de 1996, y acaba en una licencia de actividad que da un alcalde del PP de Vinaròs”. “Por tanto, de la A a la Z el PP está absolutamente implicado y el oresidente de la Diputación que había, el padre político de Alberto Fabra, que es Carlos Fabra, también apoyó absolutamente dicho proyecto”. “Por tanto, que ahora no se laven las manos como Poncio Pilatos, que den la cara y resuelvan el tema”, concluye Colomer.
