Con un remanente de 25 millones y sin deuda en el banco, la entidad se ve obligada a aplazar la ejecución de tres millones del presupuesto
El Pleno de Diputación ha aprobado el Plan Económico Financiero, que le obliga a aplazar ejecuciones por valor de tres millones de euros. Aunque la entidad tiene un remanente de 25 millones en el banco, con deuda cero, las reglas fiscales del Gobierno no perdonan. No ha sido el único tema financiero que ha enfrentado a gobierno y oposición. ¿Cuánto debe el Gobierno a las entidades locales?
La Diputación Provincial ha celebrado el pleno correspondiente al mes de agosto, que se trasladó al presente mes de septiembre.
Las formas y los hechos
En este pleno, como ya es habitual prácticamente ningún portavoz, con la sola excepción del representante de Compromís, se pronuncian siempre por la opción de ‘explicación de voto’. Esto quiere decir, que primero se vota y luego cada portavoz sale y cuenta lo que piensa o lleva escrito. Solo hay una intervención y por tanto no hay posibilidad de réplica.
El único que suele pedir debate es David Guardiola, pero claro, tanto le da que le da lo mismo, porque nadie le da la réplica y lo único que consigue es salir el primero, comentar lo que piensa y luego esperar a que se vote, y ‘los otros’ rematen la faena para bien o para mal.
Cómo, además, el último en intervenir es el responsable del gobierno, todo lo dicho anteriormente se queda en nada.
En este sentido, los plenos son como una película vista ya cien veces antes donde lo último que se espera es la sorpresa del final. Todo es absolutamente previsible.
El pleno de hoy siguió exactamente el mismo esquema. Pero además con un orden del día en el que brillaron los temas económicos en los que, o te lo explican, o los informadores acaban completamente perdidos sobre el fondo del asunto.
En el caso de hoy fue necesario solicitar a la vicepresidenta económica de la Diputación, Mª Ángeles Pallarés, que explicara diferentes puntos de los que se habían tratado a lo largo de la sesión.
Plan Económico Financiero
Sin lugar a dudas, uno de los temas más importante ha sido la Aprobación del Plan Económico Financiero que se ha obligado a realizar al gobierno de la Diputación, por haber sobrepasado ‘el techo de gasto’.
Los antecedentes: Esto es, se trata de la famosa Ley Montoro que se aprobó en 2012 y que entonces tenía un sentido esencial: regular la deuda que estrangulaba a la mayor parte de las entidades locales del territorio español. Los ayuntamientos habían gastado más que lo que tenían y, en algunos casos estaban endeudados hasta las orejas, hasta el punto de que muchos no podían hacer frente al pago de sus proveedores.
Aquella Ley establecía ‘un techo de gasto’ y una ‘estabilidad económica’ por el cual los ayuntamientos no podían destinar a inversiones más que el porcentaje que dictaminara el gobierno en función de sus ingresos y sus ejercicios anteriores. Además, en el caso de que se produjeran remanentes al final del ejercicio, las entidades locales estaban obligadas a destinar ese dinero al pago de la deuda con los bancos.
Pero de aquello han pasado muchos años. Las entidades locales mejoraron y optimizaron su situación económica, y además hay entidades, como Diputación, que hace años que no tienen deuda.
Las excepciones del 2020
En el 2020, en plena pandemia de la Covid, después de una operación un tanto ‘sospechosa’ por parte del Gobierno, que llegó a pretender quedarse con los remanentes de aquellas entidades locales del territorio español; el Gobierno decidió levantar ese techo de gasto. Realmente se hizo porque los ayuntamientos no podían hacer frente a los gastos derivados por la Pandemia.
Reestablecida la regla de gasto
Pero en contra de lo que pretendían las entidades locales, en 2024, y en una situación económica que nada tenía que ver con la del 2012, el gobierno volvió a aprobar una norma de estabilidad y techo de gasto.
¿Por qué? A juicio de la vicepresidenta Mª Ángeles Pallarés, el tema reside en que el déficit anual del Gobierno Central es mucho mayor del que sería exigible por la Unión Europea. Ese déficit es el resultante de la suma del de las entidades locales, a las que solo se les permite un incremento de gasto de, en torno al 2,5%, (sobre las cifras de ejercicios anteriores) De esta manera, el Gobiernos se puede permitir situar su propio techo de gasto en el 6,8%.
Si se permitiera a los ayuntamientos y entidades locales a incrementar su techo de gasto, el Gobierno estaría obligado a controlar el suyo. Eso, a juicio de los populares, no solo no interesa al Gobierno, sino que le va de lujo para estrangular a las entidades locales que en su gran mayoría están gobernados por el PP.
¿Qué ocurre cuando una entidad local supera ese techo de gasto?
Cuando una entidad supera ese techo marcado por el Gobierno, estará obligado a realizar un Plan Económico Financiero y deberá rendir cuentas al Ministerio para demostrar que se encuentra dentro de la ‘senda de estabilidad financiera’.
Hasta aquí la teoría podría ser lógica ¿Pero y si una entidad local tiene remanente en el banco y no tiene deuda? En este caso, las reglas no varían. Y eso es precisamente lo que le ocurre a la Diputación Provincial, que tiene 25 millones de euros en el banco que no puede tocar; no tiene deuda, y encima ahora debe realizar un Plan Económico Financiero para ajustarse a ese ‘techo de gasto’ que ha sobrepasado en tres millones de euros.
Cuando Diputación aprobó su presupuesto para 2025 estableció una serie de prioridades de gastos a los que tenía que hacer frente desde el mes de enero, cuando entró en vigor el documento de cuentas. En aquel caso se aparcó la partida del Fondo de Cooperación de los ayuntamientos.
Una vez liquidado el presupuesto del 2024 e ingresados los remanentes, Diputación llevó a lleno la aprobación del Fondo de Cooperación de los ayuntamientos. Pero con ello sobrepasó el techo de gasto que tenía establecido.
Tal como señalaba Pallarés, la Diputación ya sabía que debería realizar un Plan Económico Financiero.
El pasado 19 de agosto se publicaba en el Boletín Oficial del Estado “La resolución del 10 de junio de 2025, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del informe de fiscalización del sector público local, ejercicio 2022”. Un informe que reconoce muchos de los problemas de los ayuntamientos, y de la presión ejercida por el gobierno. Y han sido esas condiciones las que han obligado a la redacción de este documento dentro de los plazos previstos.
¿Recortar o aplazar?
Este Plan ha obligado a la Diputación a aplazar la gestión de tres millones de euros.
Ahora bien ¿es lo mismo recortar que aplazar?
Para la oposición del PSOE, la mala gestión de la Diputación obliga a recortar esos tres millones para poder cumplir con las reglas del gasto.
Para el PP, “eso es mentira”, porque no se recorta nada, solo se aplazan esos tres millones que por diferentes motivos que no hubieran permitido su ejecución en 2025, y que pueden planificarse de forma plurianual.
La responsable del área Económica de la institución provincial ha destacado que hasta el Tribunal de Cuentas ha dado la razón a la institución provincial y pone de manifiesto la conveniencia de establecer medidas que llevan reivindicando desde hace tiempo, como revisar y actualizar las reglas fiscales a la situación económico-financiera actual del conjunto agregado de las entidades locales, adaptándolas a la actual coyuntura de la Administración local, manteniendo los criterios que permiten el saneamiento de las cuentas locales, pero facilitando una expansión financiera de las haciendas locales que permita atender, con solvencia, las competencias municipales.
¿Cuánto le debe el Gobierno a los ayuntamientos y a la Diputación?
Por otra parte, otro tema que también ha enfrentado a gobierno y oposición ha sido la moción presentada por el Grupo Popular “para instar al Gobierno de España a revisar y actualizar las reglas fiscales de las entidades Locales y actualizar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las Entidades Locales”.
Si el tema de la estabilidad y las reglas de gasto ya suponen un problema, y no pequeño para las entidades locales, la financiación procedente del Estado no se queda atrás.
Para entender el planteamiento conviene recordar. Los ayuntamientos recaudan parte de los ingresos del Estado (no todos, pero si algunos). El Estado también tiene sus procedimientos para sus ingresos mediante impuestos directos, pero también de forma indirecta, través del IVA o de los gravámenes de los productos de consumo. El incremento de la inflación encarece el precio de los productos y servicios para el consumidor, pero también aumenta el dinero que llegan a las arcas del estado. Cuanto mayor es la inflación, más altos están los precios y servicios de consumo.
Cuando se redactan los Presupuestos Generales del Estado se establece cual ha sido la cantidad ingresada por el Gobierno. En función de esos ingresos tributarios y del número de habitantes de cada municipio se calculan las cantidades que deberá recibir cada municipio de las aportaciones del Estado.
Dicho esto, el Partido Popular afirma que las prórrogas de los Presupuestos Generales del Estado, que no se han presentado en varios años dan lugar a que no se actualicen las cifras de esas aportaciones a los municipios.
En este punto, María Ángeles Pallarés destacaba que “sin Presupuestos Generales hay una inestabilidad financiera sin precedentes” y ha hecho una llamada al Gobierno de España a que “sean responsables con sus obligaciones”.
Una llamada extendida al Grupo Socialista en la Diputación al que le ha dicho “que pidan a su jefe a que ayuden a los ayuntamientos, que hagan caso al Tribunal de Cuentas, a la Federación de Municipios y Provincias, a que dejen de ahogar a las entidades locales, que somos los que mejor gestionamos y los que estamos más cerca de la gente”.
Sobre este punto, el vicepresidente de la Diputación, Héctor Folgado, calculaba que el Gobierno debe a la Diputación y a los ayuntamientos de la provincia más de 221 millones de euros.
¿Cómo se ha calculado esa deuda? El PSOE discrepa
Sin embargo, en este punto los socialistas manifestaron en el pleno, que no hay cálculos oficiales que demuestren ni si hay, ni a cuánto ascendería la deuda del Gobierno para con los municipios. ¿Existe de verdad esa deuda?, preguntaban.
Es más, indicaron, que esos cálculos no existen ni están respaldados por documentos técnicos, por lo que los alcaldes no pueden planificar sus presupuestos con respecto a estas premoniciones.
Llegados a esta cuestión, el portavoz del grupo socialista, Samuel Falomir, indicó que el gobierno de Diputación tiene el apoyo de los socialistas para reclamar los derechos de los municipios, pero no para hacer elucubraciones con el solo objetivo de cuestionar la gestión del Gobierno de España y Pedro Sánchez.
Frente a estas manifestaciones, la presidenta Marta Barrachina les afeó su conducta, porque dijo que son incapaces de defender los derechos de sus vecinos, por los que sí piensa luchar el gobierno de Diputación.
Barrachina volvió a denunciar la reiterada negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de atender la solicitud de reunión solicitada por ella para abordar esta problemática; la institución provincial reitera dicha solicitud de reunión con el fin de que la provincia sea escuchada y atendida. Las solicitudes de reunión se registraron en abril del 2024 y en mayo del 2025.
La infrafinanciación y quien debe más a la provincia
Así las cosas, tampoco faltaron las acusaciones de infrafinanciación por parte del PP hacia el PSOE.
El portavoz del Gobierno Provincial ha recordado la necesidad de una mejora del sistema de financiación local, de manera paralela a la financiación autonómica.
A través de la moción aprobada se insta al gobierno de España a actualizar e incrementar las asignaciones por participación en los tributos del Estado de las entidades locales en proporción a la recaudación de los tributos del estado y del incremento de la población en la provincia.
Se insta al Gobierno de España a que revise y actualice las reglas fiscales a la situación económico-financiera actual de las entidades locales, con su adaptación a la actual coyuntura de la Administración local, con el mantenimiento de los criterios que permiten el saneamiento de las cuentas locales, pero de forma que faciliten una expansión financiera de las haciendas locales que permita atender, con solvencia, las competencias municipales.
Por parte del PSOE se puso de manifiesto que, si bien la infrafinanciación existe, tampoco el Gobierno Valenciano se porta como debiera, y exigió pedir a la Generalitat que pague lo que debe y cuando debe.
Protección frente al riesgo de inundaciones
El pleno también ha aprobado una segunda moción impulsada por el Gobierno Provincial con el fin de reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y a la CHJ que realicen inmediatamente las actuaciones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por el Gobierno Central, e inicien los estudios y la programación del resto de inversiones necesaria para proteger a las personas y minimizar los daños. La moción ha contado con el voto en contra de Compromís y la abstención del PSOE.
En este punto, Guardiola, de Compromís, solicitó debate con el fin, dijo, de buscar un acuerdo con los otros grupos, antes de la votación.
Nadie recogió el guante, porque el resto de los portavoces solo solicitaron explicación de voto…
Pero Guardiola, lo intentó… dijo que se podría renegociar esa moción, claro para que fuera apoyada por todos los grupos, pero claro, siempre que se cambiara parte del texto previo para poner de manifiesto la mala gestión de Mazón con la DANA del 29 de octubre de 2024 y su irresponsabilidad política.
Pero no coló.
El PP ni le respondió. Y aunque Guardiola insistió el mismo secretario indicó que no procedía.
La moción se aprobó con los votos de PP y VOX, la abstención del PSOE y la negativa de Compromís.
Lo que dice la moción:
En la provincia de Castellón hay varias zonas que tienen riesgo de inundación, zonas cercanas a ríos, barrancos o ramblas que son susceptibles de sufrir avenidas y que necesitan de infraestructuras para evitar daños sobre las personas.
Por este motivo, a través de la moción aprobada, la Diputación de Castellón exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar que realicen inmediatamente las actuaciones contempladas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por el Gobierno de España, e inicie los estudios y programación del resto de inversiones necesarias para proteger a las personas y minimizar daños.
Asimismo, también se solicitará que la CHJ instale inmediatamente un sistema de alertas tempranas y un sistema de ayuda a la decisión adecuados en la provincia de Castellón, además de que proceda al mantenimiento y limpieza adecuado de todos cauces de ríos y barrancos en la provincia de Castellón.
Como ha expresado el diputado de Medio Natural, José María Andrés, “no solo hablamos de infraestructuras, hablamos de proteger vidas y dar tranquilidad a quienes viven en zonas inundables”, y ha remarcado que “Castellón no pide más que nadie, pero tampoco menos. Y continuaremos defendiendo nuestra provincia con determinación frente a quien nos ningunean”
