El diputado Héctor Folgado (PP) ha acusado a los socialistas de estar “desconectados de la realidad” y ha recordado que se trata de “una transferencia que supone el máximo histórico de esta casa”
La Diputación de Castellón ha aprobado, en el pleno ordinario celebrado este martes, la asignación de las transferencias al Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, una medida con la que los municipios de la provincia recibirán 15.200.000 euros que, según se ha anunciado, “se comenzarán a pagar inmediatamente”.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PP, Vox y Compromís, mientras que el PSOE ha optado por la abstención, una decisión que ha generado sorpresa en el equipo de gobierno provincial. Al respecto, el diputado Héctor Folgado (PP) ha acusado a los socialistas de estar “desconectados de la realidad” y ha recordado que se trata de “una transferencia del fondo que supone el máximo histórico de esta casa”.
En este sentido, Folgado ha señalado que en octubre de 2025 la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, comunicó a los alcaldes y alcaldesas la cuantía que iban a recibir para poder planificar sus presupuestos, “cumpliendo ahora la palabra dada a pocos días de iniciarse 2026”.
Desde el PSOE, el diputado Samuel Falomir ha justificado la abstención al considerar que, si la Diputación reivindica un aumento de las transferencias del Estado, “desde el año 2024 el fondo está congelado para los ayuntamientos” y ha defendido que de cara al próximo ejercicio “se pueda ampliar la partida económica”.
Por otro lado, la sesión plenaria ha aprobado por unanimidad la Estrategia Provincial de Inteligencia Artificial, una hoja de ruta que, según ha explicado la diputada María Tormo (PP), busca “mejorar la calidad de vida, reforzar la cohesión territorial y el desarrollo sostenible sin exclusión”, alineada con la normativa europea y centrada en la adopción responsable de la IA para mejorar los servicios públicos.
Reforma de la Ley de Costas
Asimismo, todos los grupos han dado luz verde a una declaración institucional en defensa de los sectores productivos valencianos, el medio ambiente y el control democrático ante el acuerdo comercial de Mercosur.
El pleno también ha aprobado una moción presentada por el PP en la que reclama la tramitación urgente de la reforma de la Ley de Costas para garantizar la pervivencia de conjuntos urbanos costeros tradicionales.
La diputada socialista María Jiménez ha acusado al PP de “hacer demagogia” y ha defendido la regeneración del litoral, mientras que desde el PP se ha insistido en que “preservar no es derribar viviendas” y se ha exigido desbloquear la ley en el Congreso. Por su parte, Compromís ha coincidido en la necesidad de modificar una normativa que considera “desfasada, injusta e ineficaz”.
Cierre de sucursales bancarias
Por último, el pleno ha abordado el cierre de sucursales bancarias en municipios como Catí, Costur, les Useres y Villahermosa del Río, que se quedarán sin este servicio el 1 de abril de 2026. Por ello, se ha dado luz verde a una moción presentada por Compromís que tiene como objetivo combatir la exclusión financiera en municipios rurales.
La vicepresidenta de la Diputación, María Ángeles Pallarés, ha explicado que estos cierres “responden a decisiones privadas basadas en la rentabilidad” y ha asegurado que “se trabaja con la Generalitat para que los pueblos no se queden sin cajero”. Así, la diputada ha recordado que durante la anterior legislatura se instalaron los cajeros “con licitaciones a medida que los pueblos lo solicitaban y eso ha provocado que venzan los contratos, por lo que se ha tenido que hacer un convenio singular con cada uno que vencía”.
La situación actual es que existen 59 cajeros que se mantendrán hasta diciembre del 2027 y, a partir de ese momento, “se hará una licitación conjunta con todos”. Pallarés también ha arremetido contra el PSOE y les ha recordado que “hay una ley presentada el 8 septiembre del 2023 que está sin tramitar, y este servicio hay que protegerlo por ley. Y mientras no se apruebe esta solución estatal lo único que podemos hacer son soluciones provisionales”.
El PSOE, por su parte, ha cargado contra la presidenta de la Diputación y ha reclamado “menos propaganda y más responsabilidad”, defendiendo que “un cajero no es un lujo, sino un bien básico”. Y ha atacado a la Barrachina: “Solo tiene ganas de mostrar su despacho de 300.000 euros porque se ha reunido con responsables de entidades bancarias y no han planteado ninguna alternativa”.
Así de dura se ha mostrado la diputada Ruth Sanz, quien ha advertido que “eso no es abanderar los derechos de la provincia, sino jugar a la propaganda. Cuando los cajeros dejen de funcionar será por la incompetencia del partido que usted lidera”.
