La Guardia Civil detiene a cuatro personas tras sustraer más de tres kilómetros de cable y causar daños de 420.000 euros
El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Vinaroz ha culminado con éxito una operación policial que se ha saldado con la detención de cuatro hombres de entre 32 y 41 años en la localidad de Reus (Tarragona). Los arrestados están acusados de integrar un grupo criminal organizado especializado en el asalto a instalaciones de energías renovables. A tres de ellos se les imputan ocho delitos de robo con fuerza cometidos de forma continuada, mientras que el cuarto integrante ha sido procesado por un presunto delito de receptación al encargarse de dar salida comercial al material robado.
Las investigaciones comenzaron a raíz de la denuncia de una firma energética tras detectar múltiples asaltos en los términos municipales de Todolella y Vilafranca del Cid. Los delincuentes operaban siempre con el mismo patrón: forzaban las puertas de acceso de las turbinas para adentrarse en los aerogeneradores y arrancar el tendido eléctrico. Los robos se ejecutaron de manera sistemática entre los meses de junio y septiembre, un periodo en el que la banda logró acopiar un botín total de 3.360 metros de cable de cobre, inutilizando temporalmente la producción de los parques eólicos afectados.
Conexión con una empresa de residuos
El impacto económico de la actividad delictiva de este grupo es muy elevado debido al vandalismo empleado en las infraestructuras. Los informes periciales estiman que el valor de los daños materiales asciende a cerca de 420.000 euros, una cifra muy superior al valor de mercado del propio metal sustraído. Durante las pesquisas sobre el terreno, los agentes del instituto armado localizaron restos de cableado y fundas plásticas abandonadas meticulosamente entre la vegetación de la provincia castellonense, unos indicios biológicos y materiales que resultaron determinantes para el esclarecimiento definitivo de los hechos.
La fase final de la operación, enmarcada en el Plan nacional contra el robo de cobre, obligó a los investigadores a seguir el rastro del metal fuera de la Comunitat Valenciana. Las pesquisas guiaron a la Guardia Civil hasta una empresa de gestión de residuos ubicada en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), lugar donde se sospecha que se introducía el cobre de procedencia ilícita en el circuito comercial legal. Los agentes contaron con la estrecha colaboración de los Mossos d’Esquadra para inspeccionar la chatarrería y comprobar las irregularidades administrativas de los sospechosos.
Tras examinar los libros de registro de la compañía catalana, los cuerpos policiales verificaron que las operaciones de venta carecían de documentación real a nombre de los implicados. Por este motivo, la Guardia Civil procedió a atribuir un delito de receptación al responsable de la empresa de residuos, al quedar demostrado que recibía los cargamentos de cobre a sabiendas de su origen delictivo y sin registrar debidamente las transacciones obligatorias. Las diligencias del caso ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
