El Ayuntamiento y los representantes judiciales buscan soluciones para frenar esta medida generada por el impago de hipotecas
El número de desahucios en Castellón se mantiene como una cruda realidad, que no ha descendido sus estadísticas durante las últimas semanas. La Plataforma Anti Desahucios recibe cada semana entre 6 y 15 solicitudes de ayuda. El Ayuntamiento y los representantes judiciales han mantenido una reunión para buscar soluciones inmediatas y proponer protocolos de actuación.
Esperanza Molina/Castellón Información
La alcaldesa, Amparo Marco; los tenientes de alcalde Ali Brancal y José Luis López, el concejal Iñaki Vallejo; el presidente de la Audiencia Provincial de Castellón, José Manuel Marco Cos, y el Juez Decano de Castellón, José Luis Conde-Pumpido. Se han reunido esta mañana en la Audiencia Provincial de Castellón, para tratar el tema de los desahucios.
Contrariamente a lo que pudiera parecer con el repunte de la economía, las situaciones que atraviesan muchas familias siguen siendo desesperadas. Y lo peor llega cuando se deja de pagar la hipoteca, y al final del proceso los bancos piden medidas ejecutorias, que se traducen en el desalojo legal de los deudores.
Fuentes de la Asociación Contra los Desahucios han confirmado a Castellón Información que, lejos de disminuir, el número de solicitudes de ayuda se mantiene todas las semanas. Con entre 6 y 15 los casos que llegan a presentarse. Pero estos son solo los que recurren a la Asociación para buscar alternativas.
Otros ni siquiera llegan a saber qué medidas adoptar para encontrar otras opciones.
Durante la reunión mantenida esta mañana, tanto el presidente de la audiencia como los representantes judiciales, manifestaban que están obligados a cumplir la ley, por mucho que algunos de estos temas levanten ampollas en la conciencia.
La alternativa pasaría, por tanto, porque el Ayuntamiento fuera capaz de contactar con los afectados, para buscar soluciones inmediatas y medidas preventivas.
Las soluciones inmediatas, reconocía la alcaldesa, pasaría por el realojo de las familias desahuciadas en viviendas sociales, a través del pago de ‘alquileres sociales’.
La gestión de este paso, confirmaba Amparo Marco, ya se ha iniciado, a través de las viviendas sociales del Ayuntamiento. Paralelamente la entidad municipal se ha puesto en contacto con diferentes entidades bancarias, para negociar la reutilización social de los inmuebles vacíos.
Pero esta, Ignacio Vallejo, de Catelló en Moviment y de la Plataforma AntiDesahucios, sería solo la medida extrema, cuando ya no hay posibilidad de vuelta atrás. Cuando se ha ejecutado la hipoteca, para evitar que estas personas se queden en la calle.
El problema, de verdad, señalaba el edil municipal, es poder ser capaces de atajar el problema mucho antes, y esto, incluso, es una tarea que no tienen que centralizarse en un solo ayuntamiento.
Para empezar es preciso poder contactar con las personas afectadas, para buscar alternativas antes de que comience el proceso judicial. Esto se podría hacer a través de los ayuntmaientos, mediante el reparto de trípticos informativos, con la colaboración de abogados hy procuradores. El objetivo es que las familais que se encuentran en problemas para pagar la hipoteca puedan recibir la ayuda necesaria para renegociar sus problemas con los bancos a los que adeudan el dinero.
Cada caso en un mundo. Hay situaciones en las que, a lo mejor cabría ver la situación que atraviesa la familia y poder establecer algún tipo de subsidio que les permita hacer frente a su hipoteca sin tener que dejar de abonarla para pagar otros gastos fundamentales para la familia. En otras ocasiones, se puede llegar a establecer una mediación con el banco, para que, con el aval de las instituciones, renegocie los plazos y mensualidades de la hipoteca, de forma que permita a las familias hacer frente a sus pagos y salir adelante sin tener que llegar al proceso ejecutorio.
Según se ha señalado esta mañana, para el mes de julio pueden ejecutarse más de 80 desahucios. “Pero tampoco es una cifra que nos pueda servir de referencia” señalaba Ignacio Vallejo, porque son cifras, locales, naves... segundas residencias, locales…
“Lo que a nosotros nos interesa, fundamentalmente, es la primera residencia, la de familias que pueden perder su vivienda habitual y quedarse en la calle”. Para cualquier otro tipo de actuación manifestaba Vallejo, sería necesario que cambiara la ley estatal.
Tras la reunión de esta mañana, El Ayuntamiento se ha comprometido a intentar establecer un censo de familias que se encuentren en esta situación, y a comunicar a los juzgados los datos, grados de ayuda o auxilio que se les presta o se les puede prestar antes de llegar al desahucio judicial.
La alcaldesa ha indicado también, que se renovarán los convenios con procuradores y colegio de abogados, para potenciar la mediación y atención de las familias más desfavorecidas.
Finalmente se difundirá información para que las familias o colectivos que puedan verse afectados, pueden conocer donde pueden solicitar ayuda, y que deben hacer en cada momento.
Ignacio Vallejo ha pedido así mismo, que este protocolo y su firma con el Colegio de Procuradores se aplique de forma urgente, apra poder tener herramientas de aplicación inmediata.
Castelló En Moviment, intentará llevar este protocolo a todos los Ayuntamientos de la provincia.
