El equipo de Gobierno ha entregado la documentación a la oposición y baraja llevarlos a pleno el día 30
Comienza la cuenta atrás en el proceso para la aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Castelló relativo a 2020. El equipo de Gobierno ha entregado hoy la documentación a la oposición y abre un plazo hasta el lunes para la presentación de enmiendas. Se baraja la posibilidad de llevar la aprobación al pleno del día 30, aunque dependerá de las enmiendas. Si no se llegara a tiempo, habrá pleno extraordinario.
EM/Castellón Información
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha entregado hoy a la oposición municipal (PP, CS y VOX) el documento de presupuestos municipales de 2020, aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 9 de julio.
La entrega se ha producido en la comisión plenaria donde también se ha establecido el calendario o ‘la cuenta atrás’ para la aprobación definitiva de estas cuentas municipales.
A partir de hoy y hasta el próximo lunes, 20 de julio, los partidos de la oposición podrán estudiar las cuentas y presentar enmiendas. Esto significa que podrán proponer modificaciones relacionadas con el gasto, siempre y cuando justifiquen la propuesta, pero, además, indiquen qué partidas deben recortarse para poder nutrir sus alternativas.
A partir del lunes, el equipo de Gobierno deberá estudiar estas enmiendas que podrá aprobar o rechazar en una comisión plenaria antes de que las cuentas lleguen a pleno. ¿Habrá tiempo suficiente para que puedan ser aprobados en la sesión ordinaria del próximo 30 de julio?
Eso, hoy por hoy es una incógnita, ya que depende del número de enmiendas que presente la oposición y de su complejidad. Por esta razón, ya se está barajando también la posibilidad de poder convocar un pleno extraordinario que tendría lugar o bien el 31 de julio, o la primera semana de agosto.
180 millones más patronatos: casi 182 millones de euros
El presupuesto de 2020, que llega con más de 6 meses de retraso asciende a 180 millones de euros a los que cabe sumar las cuentas de los patronatos municipales y del Pacto por el Empleo, con lo que finalmente ascenderá a casi 182 millones de euros.
En lo que concierne al presupuesto municipal, la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha destacado que se trata de un “presupuesto dirigido a dar respuesta a la emergencia sanitaria y a los efectos socioeconómicos de la covid-19 en la ciudad”. Unas cuentas “con una inversión en políticas sociales y de bienestar de la ciudadanía de 14 millones de euros, que inciden en la creación de empleo, con un Plan Castelló Contrata dotado con 2,3 millones, una nueva línea de ayudas a la contratación de personas autónomas, microempresas y pymes, y una partida de 1 millón de euros en ayudas directas para paliar las consecuencias en los sectores económicos a causa de la pandemia”, ha detallado Marco. “Es un presupuesto que invierte en futuro para relanzar la ciudad de Castelló”, ha insistido.
El segundo teniente de alcaldía, Ignasi Garcia, por su parte, ha resaltado del presupuesto que incluye “las políticas de izquierdas, feministas y ecologistas que necesitamos para superar la crisis derivada del coronavirus” y que tendrán como prioridad “la reactivación de Castelló con criterios de sostenibilidad y justicia social”. Garcia ha manifestado que «la crisis sanitaria nos ha recordado la importancia de los servicios públicos, de la conciliación, de la producción local y de tener un sistema económico sólido que pueda mantener y crear empleo y estos son los pilares fundamentales de las actuaciones que recogen las cuentas municipales”.
Además, el tercer teniente de alcaldía, Fernando Navarro, ha destacado que el Acord de Fadrell ha preparado un presupuesto “para hacer frente a la crisis por la covid-19 priorizando la justicia social y la transición ecológica”. Subraya que Castelló encara inversiones para acercar la ciudad a “la senda verde y ayudar a empujar la economía desde la transición ecológica, con actuaciones en energías renovables, rehabilitación sostenible o en políticas de reactivación agraria o de protección de nuestro territorio y acuíferos”. Y también las políticas para ampliar el parque público de alquileres sociales y garantizar el derecho a la vivienda.
