La política municipal tiene sentido cuando se centra en las personas. Cuando escucha sus problemas reales, cuando actúa para proteger sus derechos y cuando asume responsabilidades, aunque algunos prefieran mirar hacia otro lado. Por eso, en el último pleno del Ayuntamiento de Almassora dimos un paso firme aprobando la adhesión de nuestro municipio a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (Red MAO), impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
La okupación ilegal no es una cuestión ideológica ni un debate basado en estadísticas. Es una realidad que afecta directamente a personas concretas: a propietarios que ven vulnerado su derecho legítimo sobre su vivienda, a familias que conviven con situaciones de inseguridad y conflictos en sus comunidades, a personas mayores que sienten miedo cuando el problema aparece en su edificio o en su calle.
Desde la administración local somos los primeros en recibir esas inquietudes. Somos quienes escuchamos a los vecinos, quienes vemos las consecuencias sociales que genera esta problemática y quienes tratamos de dar respuesta con las herramientas que tenemos. Sin embargo, la realidad demuestra que esas herramientas son claramente insuficientes.
La realidad es tozuda: la normativa actual es ineficaz. No protege al propietario, no garantiza la convivencia y no ofrece una respuesta rápida. El infractor sabe que su actuación apenas tiene consecuencias y que los procesos judiciales se eternizan.
Por todo ello, la adhesión a la Red MAO supone unir fuerzas con otros municipios para analizar el fenómeno, compartir experiencias, coordinar acciones y reclamar soluciones reales. Es una herramienta de colaboración institucional que busca reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones locales ante un problema que crece y que preocupa, y mucho, a la ciudadanía.
Lamentablemente, el pleno volvió a evidenciar una desconexión preocupante por parte de algunos grupos políticos. Hay quienes volvieron a negar la mayor, minimizando una problemática que nuestros vecinos viven en primera persona, mientras que otros votaron en contra de esta adhesión, alejándose una vez más de las preocupaciones reales de muchos ciudadanos que esperan de sus representantes soluciones y no negacionismo.
La política debe estar al servicio de las personas, no de los discursos. Cuando hay vecinos que sienten vulnerados sus derechos, la obligación de un responsable público es actuar, no relativizar el problema.
También resulta imprescindible exigir al Gobierno de España que abandone su pasividad ante esta situación. España necesita una legislación clara, eficaz y equilibrada que proteja a los propietarios legítimos, garantice la convivencia y permita actuar con rapidez frente a las ocupaciones ilegales. No se trata de enfrentar derechos, sino de garantizar la seguridad jurídica y la protección de quienes cumplen la ley.
Esta preocupación, además, ya ha trascendido el ámbito nacional. El Parlamento Europeo ha puesto el foco en el impacto social y económico de la ocupación ilegal, evidenciando que se trata de un fenómeno que requiere respuestas coordinadas y eficaces por parte de las instituciones.
La adhesión a la Red MAO es un paso más en ese camino. Gobernar debe ser actuar con determinación. En Almassora, tenemos claro que siempre estaremos al lado de nuestros vecinos.
