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Moliner: “La Diputación acatará lo que diga la justicia y modificará lo que sea necesario” Moliner: “La Diputación acatará lo que diga la justicia y modificará lo que sea necesario”

- 29 enero, 2014 -

“El sistema era legal, regulado por una ordenanza que se aprobó por unanimidad en el pleno de la Diputación", dijo Moliner. Moliner: “La Diputación acatará lo que diga la justicia y modificará lo que sea necesario”

“La Diputación colaborará con la justicia en todo lo que pida, y si hay que cambiar algo se hará”. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, comparecía ayer en pleno de la Corporación Provincial  para explicar el procedimiento del reparto y cobro de entradas de la Corrida de la Beneficencia a los ayuntamientos,  por el cual están imputados el ex presidente de la Diputación Carlos Fabra y el ex vicepresidente Francisco Martínez. “El sistema era legal, regulado por una ordenanza  que se aprobó por unanimidad en el pleno de la Diputación, dijo Moliner. Otra cosa es el método, y como no me gustaba fui el primero en cambiarlo”.

El procedimiento judicial que ha imputado al ex presidente de la Diputación, Carlos Fabra, y al ex vicepresidente y ex presidente en funcionales, Francisco Martínez, por el cobro de las entradas de la corrida de la Beneficencia, daba lugar ayer a una comparecencia del presidente Javier Moliner.Pleno Diputacion F Martinez 28I14 (21)

Y es que el tema ha tenido repercusión a nivel nacional. Denunciado por el Ayuntamiento de Vila-real y por Compromís,  el resumen que se ha dado a conocer es que la Diputación recortaba dinero de los fondos sociales de los Ayuntamientos para pagar unas corridas de toros, que se imponían por ordeno y mando a los municipios. En resumen, que los municipios se veían obligados a comprar las entradas para fines sociales, pero su coste repercutía en los presupuestos sociales de los ayuntamientos.

Javier Moliner, presidente de la Diputación, y conocido también por su afición al mundo taurino, dio la cara y fue claro en su argumento. La corrida de la Beneficencia, se utilizaba para recaudar fondos con fines sociales. Esto no lo ha hecho solo la Diputación, sino que fue un recurso conocido y aplicado por entidades e instituciones durante toda una época, en la que los festejos taurinos, tenían un alto grado de aceptación. Prueba de ello, serían también otras corridas que en su momento gozaron de popularidad, como la corrida de la Prensa, que organizaron, entre otros, la Asociación de la Prensa de Madrid.

El procedimiento era legal

Moliner señaló, que en la Diputación que gobernaba su antecesor, Carlos Fabra, el procedimiento de repartir las entradas entre los ayuntamientos, tenía base legal, ya que se basaba en una ordenanza que fue aprobada con el voto unánime la Corporación.Pleno Diputacion F Martinez 28I14 (68)

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Moliner recordó también el procedimiento administrativo: cuando se tienen deudas con la administración, la que sea, la institución proceda al cobro de la deuda, cobrándoselo de lo que tenga programado dar al deudor.

“Falla el método e inicié los trámites para cambiarlo”

Dicho todo esto, Moliner, indicó también, que aunque el procedimiento fuera legal, el método utilizado si estaba sujeto a cuestionamiento. “a mí no me gustaba este procedimiento y por tanto, cuando asumí el cargo, inicié los trámites para modificarlo.

Las explicaciones de Moliner dejaban paso a críticas y acusaciones. Críticas por parte de Compromís y el PSPV-PSOE, que plantean que tampoco carecen de base y plantean contradicciones para nota.

En resumidas cuentas el procedimiento era el siguiente. Con ordenanza o sin ella, que parece ser que si la había y por unanimidad, la Diputación organizaba la corrida, y repartía entre los ayuntamientos el número de entradas que cada uno tenía que adquirir para pagar los gastos. Los ayuntamientos no protestaban. Otra cosa podría ser como se utilizaban o repartían las entradas. Pero la mayoría de ellos pagaban. Con los fondos recogidos se pagan los gastos, y se invertía en fines sociales.

¿Y si no se paga?

Pleno Diputacion F Martinez 28I14 (91)El problema se surgía cuando un ayuntamiento no pagaba porque no quería o no podía. En cumplimiento de la ordenanza, ese ayuntamiento pasaba a ser considerado moroso o ‘deudor’ de la Diputación. En función de ello, cuando la Diputación tenía aprobada o concedida una subvención a este municipio, la deuda del Ayuntamiento se recortaba de la ayuda. Pero lo irónico del caso, es que las corridas eran para fines sociales, y al final los recortes de la Diputación se aplicaban muchas veces sobre fines sociales.

El presidente de la Diputación, Javier Moliner, ha indicado que la Diputación se ha puesto al servicio de la justicia para aportar lo que sea necesario y para cambiar lo que la justicia indique. Es más, indicó Moliner, durante todos estos años en que se llevó a cabo, no hubo un solo informe técnico en contra.

Pero en el fondo de todo el asunto subyace la sombra de Carlos Fabra, y la de su ‘lugarteniente’ Francisco Martínez a los que ahora, en caída libre, resulta más fácil cuestionar.

Según el portavoz de Compromís, Enric Nomdedeu, el Tribunal no pone en duda si el procedimiento estaba basado sobre una ordenanza legal. Pero si cuestiona el hecho de que se pueda recortar a un ayuntamiento fondos o ayudas, sin un compromiso escrito por parte del municipio, en el que reconociera su obligación de adquirir las entradas, o la existencia de una deuda por este concepto. De esta manera, se podría pensar en un abuso de autoridad y en un acto injusto que daría lugar a la presunta comisión de delitos.

En cualquier caso, Nomdedeu reiteró, que la justicia deberá velar por si hubo delito o no, pero en la denuncia de este tema en Diputación, si se piden responsabilidades políticas.

Frances Colomer, portavoz del PSPV-PSOE, indicó que el procedimiento utilizado en torno a la corrida de la Beneficencia respondía más a una política social bananera. “hasta hace cuatro telediarios usted perseguía a los nuestros con amenazas. Burriana va a agachar la cabeza, y a tragar”. Otro caso, es el de Vila-real. Por todo ello, el Grupo Socialista pedía la dimisión de al menos 10 personas implicadas.

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