La Generalitat solicitará la suspensión cautelar del Real Decreto 316/2026 al considerar que impone cargas sin financiación suficiente a la Comunitat Valenciana
El Consell ha acordado recurrir el Real Decreto 316/2026 del Gobierno de España en materia de inmigración al considerar que afecta de forma directa a la organización y financiación de los servicios públicos esenciales en la Comunitat Valenciana. El Pleno del Ejecutivo autonómico ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer acciones judiciales y solicitar la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el recurso.
El portavoz del Consell, Miguel Barrachina, ha anunciado la decisión tras la reunión semanal del Pleno y ha advertido de que el decreto estatal tiene una incidencia “inmediata” en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda o la protección de menores.
Desde el Gobierno valenciano se sostiene que la norma introduce cambios que impactan directamente en la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas sin una planificación previa ni una financiación asociada suficiente. Según ha trasladado el portavoz, esta situación puede generar tensiones en la prestación de servicios públicos esenciales.
Barrachina ha señalado que la política migratoria debe ajustarse a la capacidad de acogida de los territorios y ha defendido que el recurso responde a criterios de gestión y sostenibilidad de los servicios públicos, no a una posición ideológica. En este sentido, ha indicado que la Generalitat busca evitar efectos inmediatos que puedan comprometer la atención a la ciudadanía.
El acuerdo del Consell habilita a la Abogacía de la Generalitat para adoptar todas las medidas legales necesarias frente al decreto estatal, incluida la petición de suspensión cautelar, con el objetivo de preservar la calidad de los servicios públicos.
El Real Decreto 316/2026 regula aspectos vinculados a la política migratoria en España y su aplicación requiere la implicación de las comunidades autónomas en la atención social, sanitaria y educativa de la población migrante. La financiación de estas competencias y su reparto entre administraciones es un punto recurrente de conflicto institucional.
Otros temas aprobados por el Consell
Declaración en defensa de los agricultores
Junto a esta decisión, el Consell ha aprobado una declaración institucional en defensa de los agricultores valencianos afectados por la dana de octubre de 2024. El texto exige al Gobierno de España que, en caso de una nueva delimitación del dominio público hidráulico, las parcelas agrícolas afectadas sean valoradas y adquiridas por la Administración General del Estado. Además, reclama la reposición de las explotaciones dañadas para garantizar la continuidad de la actividad agraria.
En este contexto, Barrachina ha denunciado la falta de respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a la solicitud remitida en enero de 2025 y ha criticado la escasa interlocución institucional. También ha avanzado que la Generalitat prepara una orden de ayudas para la replantación de cultivos, dentro de un paquete inversor superior a 100 millones de euros, de los que 26 millones se destinarán a cubrir íntegramente estos trabajos.
Contratos para reforzar el sistema público de salud
En materia sanitaria, el Pleno ha autorizado contratos para reforzar el sistema público de salud, entre ellos el suministro de medicamentos hospitalarios por valor de 455,9 millones de euros y servicios de limpieza y apoyo en centros sanitarios por 629,3 millones. Asimismo, se ha aprobado una inversión de 21,6 millones para reactivos y equipamiento en el Departamento de Salud València La Fe.
Modificación del decreto de acogimiento familiar
El Consell también ha dado luz verde a la modificación del decreto de acogimiento familiar, con el objetivo de adaptar el sistema a las nuevas realidades sociales, reforzar el apoyo a las familias acogedoras y priorizar la estabilidad emocional de los menores. Entre las novedades destaca el denominado ‘ofrecimiento de continuidad’, que permitirá valorar de forma preferente a la familia acogedora en caso de cambios en la medida de protección.
