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Los tres especialistas en Derecho Penal que han participado en la mesa redonda sobre 'Juicios paralelos' dentro del congreso internacional 'Medios y delincuencia' han coincidido en la dificultad de controlar los juicios paralelos que tienen lugar en los medios durante la instrucción y el desarrollo del juicio. La mesa, moderada por la profesora Andrea Planchadell, del Departamento de Derecho Público, ha estado formada por los catedráticos de Derecho Procesal Renzo Orlandi, de la Universidad de Bolonia; Juan Montero Aroca, ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y Juan Luis Gómez Colomer de la Universitat Jaume I de Castelló.
En la primera intervención, Orlandi ha expuesto que los dos mayores problemas radican en el planteamiento de la reserva del derecho de la intimidad y en el ejercicio de la libertad de expresión sin que afecte a la imparcialidad del juicio. El catedrático italiano ha destacado la importante función social que realizan los medios pero ha indicado que es necesaria una separación entre el proceso informativo y judicial. En su opinión, las medidas cautelares pueden evitar la fuga de información y tratar de evitar la anulación del proceso.
El catedrático Gómez Colomer ha asegurado en la segunda intervención que en el ámbito procesal "los juicios paralelos tendrían que estar controlados" porque existe legislación y normativa que regula el secreto de la instrucción y del procedimiento preliminar o el principio de publicidad pero "la realidad nos dice que no es así". Para él, "el problema está en la regulación de la parte informativa» porque el autocontrol no funciona y porque el término "información veraz" no es propiedad únicamente de los periodistas, sino que se manifiesta en la sentencia judicial con la exposición de los hechos.
Por último, el profesor emérito de la Universitat de València Juan Montero Aroca se ha mostrado crítico con el papel de algunos jueces, fiscales y abogados a la hora de filtrar directamente o indirectamente a los medios de comunicación datos sobre los procedimientos. En su opinión, existen mecanismos legales para evitar estos hechos y "hay que exigir consecuencias procesales" no sólo declarar la nulidad de un escrito que ha sido filtrado antes de presentarlo al juzgado, por ejemplo, sino imponer una sanción que influya en el proceso, pero «eso no suele pasar» ha comentado.
Durante las intervenciones del público, también se ha añadido la importancia de valorar el entorno familiar y social de la persona juzgada y su participación en el debate público de la causa y, por otra parte, en el daño y perjuicio que se causa a las personas encausadas, sobre todo a las inocentes, por las sentencias de culpabilidad públicas antes de las sentencias judiciales.
