El Comité realiza 18 observaciones generales en su dictamen sobre la propuesta de Ley de Residuos de la Comunitat Valenciana presentada por el Consell, aunque ve necesaria una regulación de la materia
G. A. R./Castellón Información
El Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES-CV) aprobó hoy un dictamen en el que ve necesario que la Comunitat tenga una Ley de Residuos.Pero, como ya ocurrió hace apenas dos semanas con el informe del Consell Juridic Consultiu (CJC), realiza una serie de observaciones al articulado de la misma, entre ellas que una norma de esta envergadura precisa una mayor participación pública, al tiempo que observa la necesidad de adaptar la norma autonómica a la estatal que, a su vez, trasponga la europea y se aboga por impulsar la creación de empleo entorno a la economía circular, fruto de una estrategía valenciana integral.
La elaboración del Dictamen a la Proposición de Ley para la Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Fomento de la Economía Circular en la Comunitat Valenciana ha sido objeto de análisis por el CES-CV que ha realizado 18 observaciones generales y más de 40 al articulado de la normativa, que fueron consensuadas y aprobadas por unanimidad en el pleno de hoy.
El Comité analizó la propuesta de ley que le fue remitida por la Presidencia de les Corts para su dictamen y que generó 18 observaciones generales y 42 observaciones a los preceptos y anexo de la ley. Todas a partir del hecho de considerar precisa esta norma, con el fin de incorporar los criterios de economía circular en materia de política de residuos, impulsando la prevención y reducción de la generación de residuos, la reutilización y el reciclaje de los mismos, así como su incorporación en el ciclo productivo, como ha manifestado este Comité en sus sucesivas Memorias Socioeconómicas de la Comunitat Valenciana.
El CES considera preciso diseñar una estrategia valenciana integral de economía circular, por lo que ve importantante que la Proposición de Ley contemple medidas de impulso de nuevas actividades económicas y yacimientos de empleo que se pueden generar con la economía circular, así como medidas vinculadas a la formación, capacitación y reciclaje de trabajadores y empresas. Por ello, vería oportuno que la Administración favoreciera el fomento de acuerdos voluntarios entre los actores sociales y económicos para alcanzar los objetivos marcados.
El Comité considera que debería haberse promovido un mayor proceso de participación pública en la redacción de esta futura Ley. Se estima necesario implicar más a la sociedad, a los agentes económicos y sociales y a la ciudanía. En este sentido el CES quiere poner en valor el alto consenso, incluso en sus aportaciones de tipo técnico alcanzado por las diferentes organizaciones presentes en esta institución. Este consenso, y el alto nivel de precisión técnica que se ha alcanzado, permitirán sin duda una mejora en la regulación de una materia tan importante para la sociedad.
Se dictamina que cabe la posibilidad de que la aprobación de la norma estatal y esta Propuesta de ley se haga de forma casi simultánea, de forma que existan preceptos y obligaciones no armonizados que originen situaciones transitorias de inseguridad jurídica. Por ello considera que la Proposición debe ser coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y europeo para generar un marco normativo claro, que facilite su conocimiento y comprensión por la sociedad, dando así cumplimiento al principio de seguridad jurídica.
En ese contexto, el CES-CV estima que es preciso dar un plazo de tiempo hasta la entrada en vigor de la ley para facilitar la adaptación a la misma de ciudadanos, ayuntamientos, consorcios y agentes económicos.
El Comité considera poco operativo mantener en vigor la actual Ley de Residuos (Ley 10/200, de 12 de diciembre) por estar ampliamente superada por el nuevo marco jurídico europeo y estatal vigente y aprobar este nuevo texto. Por ello, entiende, que es preciso unificar la normativa en materia de residuos.
Afección de competencias estatales
Se observa que una parte sustancial de la Proposición de Ley podría afectar competencias normativas estatales para regular el Régimen de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Por ello, el Comité estima mejor esperar a lo que se disponga en la próxima normativa estatal que transponga las directivas europeas para así armonizar la Proposición de Ley autonómica en materia RAP.
El Comité observa que la Proposición establece obligaciones no previstas en la legislación estatal básica. Por ello, entiende que debería revisarse si estas diferencias pueden dificultar la actividad empresarial, restan competitividad o encarecen los productos.
El CES alerta que la indefinición de algunos conceptos y la ausencia de legislación estatal básica al respecto puede dotar a la norma de una inseguridad jurídica que dificulte a las empresas destinatarias el conocimiento y comprensión de sus obligaciones.
El CES estima que sería conveniente hacer un estudio económico para evaluar los costes que supondrían para las administraciones locales y autonómica la aprobación de esta Proposición de ley. Así como el impacto que generan algunas medidas concretas en la actividad empresarial.
El CES, en linea con las conclusiones del Informe sobre Medio Rural de la Comunitat Valenciana aconsidera que la Proposición de ley debiera incorporar medidas y herramientas concretas para favorecer y generar inversión en actividades económicas vinculadas a la economía circular en el medio rural.
