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La jornada ha servido para poner de relieve que son necesarias reformas para que las empresas y los trabajadores aumenten su capacidad de adaptación a un entorno económico cada vez más cambiante, más competitivo y global.
En este sentido, se valoró positivamente la entrada en vigor de la ley 3/2012, de 6 de julio, por la que se reformó el mercado laboral, que introducía por primera vez la flexibilidad de los recursos humanos en las empresas para gestionar su fuerza laboral y poder hacer frente a las condiciones cambiantes del mercado, y eliminar de esa forma la excesiva rigidez laboral que impedía a las empresas adaptarse a lo que realmente era su demanda.
Precisamente, la excesiva rigidez de nuestro mercado laboral provocó que muchas empresas desaparecieran o entraran en pérdidas y, consecuentemente se destruyera empleo, cuando en realidad, los empresarios eran partidarios de que a través de los mecanismos de flexibilidad se pudiera garantizar el mantenimiento del puesto de trabajo, con menos despidos y la posibilidad de generar ocupación cuando el ciclo económico se recuperara.
La jornada se inauguró con la conferencia de la catedrática de Derecho del Trabajo de la UJI; María Arantzazu Vicente Palacio, que versó sobre la flexibilidad tras la reforma laboral. A la misma asistió el director general de Trabajo de la Generalitat Velenciana, Felipe Codina.
Durante la jornada se celebró una mesa redonda moderada por Vicente Sampedro, Of Counsel de Olleros Abogados, y en la que participaron expertos como Emilio Pin, abogado y empresario de ETT; Francisco Hernández, de BP Oil y Jorge Álvarez, de Addeco Outsourcing, y un coloquio al final de las intervenciones en el que participaron el medio centenar de asistentes entre los que se encontraban expertos laborales y en recursos humanos, abogados y empresarios.
El secretario general de la CEC, Rafael Montero, comentó en lo relativo a la flexibilidad, que debe primarse la adaptación de las empresas a las condiciones de la demanda frente a la extinción de los contratos laborales, y conseguir con ello la reducción del coste social que significan los despidos en etapas de recesión económica, y la consecución de un mayor crecimiento de la productividad.
