La planta, dependiente de Enagás Transporte S.A.U se encuentra en paro indefinido sin fecha para su desmantelamiento
El Gobierno ha negado hoy que se hayan introducido cambios sobre el decreto que paralizó indefinidamente el proyecto Castor, y que lo mantiene en ‘hibernación’ a falta de que la explotadora oficial. El hecho de que el senador de Compromís resucite ahora la polémica, es preocupante por su repercusión turística en la provincia y tiene fines electorales.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El 3 de octubre de 2014, el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto Ley que establecía la hibernación de las instalaciones. Durante la hibernación, indicaba el Real Decreto, no se realizaría ninguna extracción o inyección de gas, si bien añadía, que se podría poner fin a la hibernación si los estudios técnicos lo aconsejaran o establecer el desmantelamiento del almacenamiento en condiciones seguras. Es decir, se cerraba pero no se desmantelaba ni se renunciaba a un proyecto de futuro siempre y cuando no tuviera las repercusiones negativas que se habían demostrado tras el intento de su puesta en marcha.
En el mismo Real Decreto se aprobaba, la extinción de la concesión de explotación del almacenamiento tras la renuncia por parte de Escal UGS, S.L. Se establecía la asignación de la administración y mantenimiento de las instalaciones a Enagás Transporte, S.A.U. que sería también quien se encargará, durante la hibernación, de su mantenimiento y operatividad, así como de la realización de los informes técnicos necesarios. Los costes asociados a la administración de las instalaciones serán retribuidos por el sistema gasista.
Reconocimiento de la inversión
Por último, el Real Decreto Ley establecía el reconocimiento de 1.350,7 millones de euros a Escal UGS, S.L. por el valor de la inversión. Esta cantidad, indicaba el documento oficial, sería abonada por Enagás Transporte a Escal UGS, S.L. Enagás adquiriría derechos de cobro del sistema gasista y amortizaría el pago durante un plazo de treinta años. El primer pago se realizará el 25 de abril de 2016. En resumen, que el coste del Castor sería pagado por todos los ciudadanos, a través de los recibidos del gas.
La polémica del ‘Castor’ volvía a salir a la actualidad, a través de una gestión realizada por el senador Carlos Mulet, de Compromís.
En respuesta a Mulet y sobre el tema del Castor, el Gobierno ha confirmado que “se mantiene en pie el Real decreto de octubre del 14. No ha cambiado nada”.
Sin embargo, las interpretaciones realizadas por el senador nacionalista sobre esta respuesta, son un intento por parte de Compromís, asegura el Partido Popular, de intentar falsear y manipular la realidad.
La opinión del Gobierno en torno al ‘proyecto Castor’ , indica el Partido Popular, es la misma que publicó a través del real decreto ley en 2014 “y no ha habido absolutamente ningún cambio de criterio” por lo que los populares han solicitado a Mulet y a los partidos de izquierdas “ser rigurosos” a la hora de aborda una cuestión que puede afectar al turismo de la provincia y a distintos sectores económicos”. En el propio decreto se señalaba que el futuro dependía de los informes que deberían garantizar la seguridad.
El hecho de que el Castor vuelva a ser noticia, y más en pleno mes de agosto, es, a juicio de los populares, un intento manipulador y electoralista, que vuelve a abrir polémicas y a suscitar temores en los municipios costeros, sin que haya nada nuevo al respecto.
En lo que concierne al uso electoralista del Castor, cabe recordar, que este tema se convirtió en una piedra de tiro arrojadiza entre los gobiernos del PP y PSOE, algo que beneficiaría a los propósitos electorales de Compromís, en esta pre- campaña electoral para las Generales.
El PP acusó al PSOE de haber aprobado e impuesto este proyecto sin los estudios previos suficientes sobre su impacto ambiental; y el PSOE acusaba al PP de haber aplaudido el proyecto en su día, y de haber beneficiado a una empresa privada, Escal UGS, con una idemnización multimillonaria , en cumplimiento de las cláusulas de contrato que en su momento aprobó el PSOE.
Los populares recuerdan además que la Justicia también está actuando en este caso y que “el actual Gobierno de España ha tomado las decisiones encaminadas a reducir el coste que supone el cierre del Castor para los españoles”.
Compromís, en medio de toda esta contienda, se lleva, sin lugar a dudas su mejor papel. Se opusieron desde el principio al proyecto y han mantenido la coherencia su posición a lo largo de todo el proceso. Desde que se acondicionó hasta cuando comenzaron a realizarse las primeras inyecciones de gas que provocaron más de 500 seísmos en la zona.
Pero la pregunta de Mulet, y sobre todo, la interpretación de la respuesta dada al senador, que no modifica nada sobre el acuerdo de octubre de 2014, son consideradas por los Populares, como una maniobra electoralista, que nada beneficia a la provincia de Castellón.
