Susana Ros. Diputada socialista por Castellón en el Congreso.
España tiene desde el año 2010, una Ley de plazos que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo y que es similar a la que existen en otros países europeos. Se está aplicando con toda normalidad desde que entró en vigor. No existe ni ha existido, en ningún momento, ningún clamor social. Ha dado libertad a las mujeres para decidir y no ha creado ninguna controversia social. Este cambio no lo reclama la sociedad. Es una Ley que también contiene un significado destacado e importante como es la educación sexual y reproductiva.
Sin embargo, el Gobierno del PP aprobó el viernes pasado una Ley que acaba con la Ley de plazos y con la libertad de las mujeres a decidir para volvernos a someter al dictado y la decisión de otros. Retrocedemos a la época posfranquismo.
Considera a las mujeres seres inferiores, a las que hay que tutelar porque no saben decidir sobre su propio cuerpo.
El PP ha hecho recortes diciendo que Europa lo exige y en el tema del Aborto no hace caso de lo que tienen la mayoría de los países europeos. La maternidad es una opción y no un derecho.
La ley de Gallardón y del PP restringe las condiciones para que las mujeres ya no puedan decidir. Creará una enorme inseguridad jurídica. Nos lleva a la clandestinidad y al aborto inseguro.
Establece la obligatoriedad de un asesoramiento que es una estrategia para disuadirla y culpabilizarla.
Sólo contempla dos supuestos y se elimina el supuesto de malformación fetal y se busca la puerta falsa a través de salud psíquica que hará más culpables a las mujeres. Una Ley más restrictiva que la del 85.
Es un ataque injustificado a los derechos y libertad que las mujeres tienen hoy reconocidos en España con la actual ley en vigor.
El PP quiere volver a establecer diferencias entre mujeres de primera y de segunda. De primera con dinero que podrán pagar viaje y gastos para abortar libremente en países de Europa que tienen una Ley como la que hoy tenemos en España, y mujeres de segunda que volverán a tener que recurrir a la práctica de abortos clandestinos, como si fueran delincuentes y con grave riesgo para su salud.
Esta nueva Ley que nos impondrá el PP NO está entre las demandas ni preocupaciones de los ciudadanos. Sólo la ven necesaria los obispos y el gobierno.
El PSOE defenderá la libertad y el derecho a decidir de las mujeres y en cuanto volvamos a gobernar, repondrá estos derechos y libertades.
