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La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques valora positivamente las reuniones celebradas con los representantes sindicales en presencia del presidente de la negociación, Marcos Peña, y su equipo.
Anesco vuelve a manifestar su voluntad de diálogo y negociación hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Se trata de un proceso complejo, restringido exclusivamente a las materias propias de la negociación colectiva, desde el que difícilmente se pueden encontrar todas las soluciones.
Anesco apela a la responsabilidad del Gobierno y de todos los partidos políticos para que, sin mayor dilación, se cumpla la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La seguridad jurídica es indispensable en un sector clave para el conjunto de la economía nacional.
Asimismo, Anesco considera indispensable para conjugar el compromiso de continuidad en el empleo de todos los trabajadores estibadores actuales, con la necesaria igualdad competitiva que deben tener las empresas actuales con los nuevos operadores, que se articule un plan de reforma del sector de la estiba, promovido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con dotaciones de ayudas públicas.
También Anesco quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad de las organizaciones sindicales para que desconvoquen la huelga anunciada, que traerá consigo “cuantiosas pérdidas económicas al sector de la estiba y, aún con mayor gravedad, al conjunto de la economía española”.
Además, con esta medida se desviarán tráficos irrecuperables a otros países que perjudicarán a la competitividad de nuestros puertos y a sus puestos de trabajo asociados. Cualquier proceso de diálogo y negociación requiere indispensablemente el compromiso de las partes en el mantenimiento de la paz laboral.
De igual forma, la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques exige el cese de las medidas de presión que se están llevando a cabo desde hace semanas en algunas terminales y puertos, con ritmos lentos de trabajo, y requiere a las Administraciones Públicas implicadas, especialmente Ministerio de Fomento, Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, para que tomen medidas de las que son competentes y no eludan su responsabilidad.
