Los informes técnicos desestiman las alegaciones del PSOE para el IBI y el ICIO, y las tres reclamaciones sobre la tasa de residuos
El Ayuntamiento de Castellón celebrará pleno ordinario el jueves, 18 de diciembre, que aprobará definitivamente las ordenanzas fiscales que habían sido objeto de reclamaciones durante el periodo de exposición pública, tras su aprobación inicial el pasado 17 de octubre. Esto es, las referentes a la reducción del IBI un 2%; al ICIO, y a la tasa de residuos para 2026.
Para comprender mejor la situación cabe recordar, que la modificación de las ordenanzas fiscales, esto es los impuestos que se aplicarán en el próximo ejercicio, deben ser aprobadas por el pleno del ayuntamiento. Estas modificaciones salieron adelante en el pleno del 17 de octubre.
Ahora bien, para que se puedan aplicar estas modificaciones, las nuevas ordenanzas fiscales deben ser expuestas al público y publicadas por el Boletín Oficial de la Provincia. Discurrido el plazo, si no se han presentado alegaciones, las tasas están en disposición de aplicarse el uno de enero del siguiente año.
Pero si se presentaran alegaciones, el Ayuntamiento deberá estudiarlas y aprobarlas o desestimarlas en pleno. Si se desestiman o no introducen cambios notables sobre las ya aprobadas, se podrán aplicar en el siguiente ejercicio. Pero si se estiman y modifican la ordenanza original, no podrán entrar en función hasta el año siguiente.
Y eso es lo que ha sucedido con algunas de las tasas municipales.
Tasa de reducción del IBI y el ICIO
La propuesta del equipo de gobierno para el Impuesto de Bienes e Inmuebles Rústico y Urbanos (IBI) recoge un recorte del 0,2% de lo aplicable sobre la recaudación, que dejará la aplicación del impuesto en un coeficiente del 0,5880%.
Durante el periodo de exposición pública se presentó una única reclamación, realizada por la concejal Patricia Puerta en nombre del Grupo Municipal Socialista.
La propuesta de Puerta parte del planteamiento de que, si la tasa de residuos incrementa la fiscalidad municipal, el ayuntamiento debería aplicar reducciones fiscales en otros impuestos como el IBI para compensar el gravamen a los vecinos.
En este sentido, el PSOE alegaba y solicitaba: una rebaja del tipo de gravamen del IBI, de forma que compense el incremento fiscal de la tasa de basuras.
Pero además, en lo que concierne al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el PSOE propone una bajada del tipo de gravamen, de forma que pase del 3% actual al 2,60%.
El estudio técnico de las propuestas del PSOE entiende, que la bajada propuesta podría estar amparada por la legalidad, ya que respeta los mínimos legales establecidos. No obstante, señala también, que se trata de una decisión política que puede adoptarse, pero siempre y cuando se realice el análisis previo adecuado de forma que se salvaguarde el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Eso significa, que antes de proceder a tales reducciones como las propuestas por el PSOE debe de analizarse si el recorte va a tener un resultado negativo en los ingresos municipales, o lo que es lo mismo, que afectaría a la totalidad del presupuesto ya elaborado, y se incumplirían los plazos para que la ordenanza fiscal entre en vigor el uno de enero. Razón por la que se desestiman estas alegaciones y se propone la aprobación definitiva de estas ordenanzas.
Alegaciones a la tasa de Residuos
Por otra parte, también se han presentado tres alegaciones a la nueva tasa de residuos para 2026, que contempla: un incremento del 4% de la tasa y la aplicación de las bonificaciones acumuladas en el 2025. Las reclamaciones han sido presentadas por: Ignasi García, como portavoz de Compromís; por una particular; y por Patricia Puerta en nombre del PSOE.
En este apartado la cosa es un poco más complicada.
Compromís: las bonificaciones darán lugar a una tasa deficitaria
Por parte de Compromís, el análisis se centra en los objetivos de la tasa y en el cumplimiento que perseguía tanto la directiva europea como la ley del Gobierno Central.
Como ya se ha explicado en numerosas ocasiones, la aplicación obligada para los ayuntamientos, consiste en repercutir en los vecinos, de forma directa el coste del tratamiento de la basura.
De forma utópica, para los medios con los que cuentan ahora las entidades locales, se debería poder medir y calcular la cantidad de kilos que se reciclan y quienes lo hacen para que sean aquellos que no reciclan quienes paguen estos costes de basura que van a los vertederos.
Pero la realidad es que esto solo se puede medir, en estos momentos, de una única manera: los depósitos en los ecoparques y quienes los realizan. El resto de los contenedores no disponen de mecanismos para identificar a quienes los utilizan, ni quien ni cuánto.
En base a la situación, el ayuntamiento ha aplicado las bonificaciones que les permite la ley: por el uso de los ecoparques y la aplicación de criterios sociales.
Es cierto que, con el nuevo contrato de tratamiento de basura está prevista la instalación de ‘contenedores inteligentes’ que permitan la identificación de quienes los usen. Pero solo en los contenedores de residuos orgánicos.
Por otra parte, afirma Compromís, los cálculos realizados por el Ayuntamiento sobre las bonificaciones del 2025 que se tendrán que aplicar al pago de las tasas del 2026, pueden ser erróneos. El partido valencianista entiende que, sobre todo, desde que se pasaron al cobro los recibos de basura los vecinos acuden en masa a los ecoparques…
Para hacer frente al coste del tratamiento de la basura el Ayuntamiento también ha tenido que calcular un incremento que se ha cifrado en un 4% para el 2026, indica Compromís y se pregunta: ¿No puede resultar que la tasa sea deficitaria? Es decir, que la aplicación de las bonificaciones prometidas en el 2025 sean tan numerosas y rebajen tanto los ingresos en el 2026 que, a pesar del incremento del 4% no se recaude lo suficiente para pagar el servicio. “Y como la tasa no puede ser deficitaria, al final tendrán que subir los costes”.
Todos estos interrogantes, y algunos más se encuentran recogidos en la alegación de Compromís, que llega a proponer la reducción de las bonificaciones, o la prioridad de esas bonificaciones a través de los contenedores inteligentes de orgánico sobre los depósitos en ecoparque.
En resumen, solicita una nueva elaboración de la tasa de basura diferente a la que se ha elaborado para 2026.
La Alegación particular denuncia falta de transparencia y la anulación de la tasa
La alegación particular pone en tela de juicio los criterios utilizados para la aplicación y la bonificación de la tasa de basura, entiende que se debería sumar al IBI y solicita su retirada.
El PSOE solicita nuevos criterios objetivos para aplicar la tasa
La tercera alegación del PSOE, también se proponen medidas de aplicación e la tasa con otras fórmulas objetivas, diferentes a la actuales, como por ejemplo, el consumo de agua, el número de integrantes por cada vivienda. Plantea también bonificaciones del 60% para las familias numerosas que vivan de alquiler y cuotas hiperreducidas para los arrendatarios de inmuebles cuando cumplan los mismos requisitos que los propietarios.
Desestimación de las alegaciones sobre la tasa de basuras
De manera general, sobre estas alegaciones el análisis técnico se remite a la Guía de Trabajo que elaboraron los representantes del Ministerio de Hacienda, o la Federación de Municipios y Provincias.
Por un lado, admiten que sería posible cambiar la tasa de basuras y sus criterios de aplicación, pero se estaría hablando de una tasa de basuras completamente nueva. De ser así, debería elaborarse con detenimiento y seguir los pasos reglamentarios para su aprobación. Pero si se aceptara, debería también que volver a exponer al público, o que dejaría sin efecto la ordenanza actual, y también la aplicación de las bonificaciones prometidas sobre la tasa de basuras, en el 2026. Las bonificaciones acumuladas en el 2025 no podrían aplicarse.
En el análisis de la alegación de Compromís sobre la reducción de las bonificaciones para evitar una ‘tasa deficitaria’ indican: “El que exista un déficit entre el coste del servicio y los ingresos es plenamente ajustado a derecho, siempre que el motivo sea consecuencia de los beneficios fiscales”. Indica por otra parte, que “el incremento del 4% no se ha realizado a ciegas”, y que se han tenido en cuenta todos los detalles.
En conclusión, se desestima la alegación presentada por Compromís, como también la de la persona particular, a quien se indica que no es cierto que haya habido falta de transparencia.
Y en lo que se refiere a las alegaciones del PSOE señalan, que los criterios objetivos para calcular la tasa de basura son los mismos que ya comenzaron a aplicarse en el 2000. “Los parámetros que recoge la Ordenanza Fiscal son plenamente válidos y refrendados por la jurisprudencia (tanto en su día por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo de Castellón, como a nivel estatal por el tribunal Supremo). Por tanto, la actual modificación respeta el principio de que quien contamina paga y, en la medida de la posible, el pago por generación. Estableciendo una serie de tarifas y de reducciones o bonificaciones para conseguir progresivamente los objetivos marcado s por la Ley 7/2022".
Con estos análisis técnicos se desestiman todas las alegaciones y se refrendan las ordenanzas fiscales tal y como se refrendaron en el pleno de octubre del 17 de octubre para que entren en vigor el 1 de enero de 2026.
