Rafa Cerdá Torres. Abogado.
A todos los integrantes de una sociedad que se considere mínimamente civilizada, se les inculca desde pequeños la necesidad de respetar al resto de personas que comparten contigo espacios de convivencia, mediante el aprendizaje de normas de comportamiento y buena educación, recibiendo valores cívicos tales como la igualdad, la tolerancia, el respeto a la ley y demás reglas básica que impiden que un colectivo humano se comporte como una jauría de alimañas. Ya sea a nivel de la educación recibida en la familia o mediante la instrucción que en la escuela se imparte, todos nosotros sabemos que el desarrollo personal se sustenta dentro de un complejo y necesario sistema de relaciones con los demás. La sociedad se conforma mediante un engranaje de derechos y obligaciones que vinculan a todas aquellas personas que la integran.
Muy bonito, muy estupendo y muy de todo, pero no me negarán que con una gran facilidad, la teoría que acabo de exponer, se quiebra a la mínima de cambio. Observo con enorme perplejidad como grupos absolutamente minoritarios y de corte radical, campan con absoluta impunidad entre nosotros, haciendo lo que al resto les está prohibido y prácticamente sin que su conducta comporte sanción legal alguna.
La semana pasada en Barcelona, el desalojo de un edificio ocupado ilegalmente desde muchos años atrás, y con un pronunciamiento firme de la justicia que avalaba la retirada de un espacio ocupado por gente ajena a su propiedad, ha provocado casi siete días de enfrentamientos entre grupos de radicales violentos con las fuerzas de seguridad, y el sistemático destrozo de mobiliario urbano, comercios y fincas urbanas por parte de bestias muy bien organizadas. Resultado: el Ayuntamiento de Barcelona ha suspendido toda la actividad iniciada para la recuperación del inmueble, su derrumbe y conversión en un espacio público, se ha sentado con "representantes sociales" de los colectivos que ocupaban el edificio (dando legitimidad a quien se ha saltado una ley que a usted y a mí bien que nos hacen cumplir...) y ha "iniciado conversaciones"....¿pero estamos locos o qué?, un Ayuntamiento elegido por los ciudadanos de Barcelona debe sustraerse de las funciones que la legalidad le reconoce, a causa de la acción violenta de unos radicales que no respetan los derechos de los demás, ¿se es consciente del peligrosísimo precedente que se está creando?, ¿las normas de convivencia que se traducen en un elemental respeto a la ley, deben estar en función del grado de violencia que se pueda ejercer y el daño que se ocasione?, ¿al resto de los mortales nos cae una buena por la menor infracción, y al que quema contenedores se intenta negociar con él?. No es demagogia esta pregunta, sólo describo las dudas que se plantean a la luz de las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento de Barcelona frente a los que su única respuesta es la violencia.
Frente a los que responden a la ley con la violencia, sólo cabe una respuesta: la aplicación de la legalidad, sin contemplaciones y sin complejos. Por mucho discurso que enarbolen estos colectivos, su pretendida "libertad" sólo esconde la quiebra de la democracia, y si no me cree mire los destrozos del barrio de Sants en Barcelona.
