Pascual Montoliu. Ha sigut capellà, professor d'antropologia i teologia, i tècnic comercial.
Mal asunto es tener que confiar servicios básicos como la salud o la enseñanza a los mercaderes que pretenden hacer de un servicio público un negocio privado. Pero es una calamidad tener que confiar tales servicios a funcionarios. Es una desgracia nacional que muchos –no digo todos- sean antes más funcionarios que médicos o maestros. Maestro es hoy un palabro en desuso por vetusto y cercano al facherío. Hoy se instruye, no se educa. Pero dejemos aquí este asunto, que es harina de otro costal.
En Finlandia, pionero en educación, el sistema educativo está en un noventa y ocho por cien en manos de las escuelas públicas, pero que funcionan como si fueran empresas privadas. Los profesores no son funcionarios públicos como aquí, pueden ser despedidos si no cumplen adecuadamente, cosa que raras veces sucede, pues existe entre el profesorado un alto interés por su propia formación permanente y el sistema retributivo está basado en un fijo más una escala de incentivos. El único incentivo en nuestro actual sistema igualitario, según regiones, de retribución es ver quién trabaja menos para cobrar lo mismo.
El principio finlandés es el que debería regir en nuestra sanidad y enseñanza públicas. Hace años que muchos pensamos que hospitales y escuelas deberían ser empresas privadas de titularidad pública, donde sólo la dirección debería estar ocupada por funcionarios de carrera, con el fin de garantizar la continuidad y eficiencia de gestión y evitar así los actuales vaivenes políticos, que han introducido la lucha partidista en lugares tan sensibles como son los hospitales o las escuelas. Si no se debe permitir que se haga negocio a costa de la salud o la enseñanza, tampoco es admisible convertir tales servicios en rehenes de la lucha partidaria.
Cuando se organiza esas mareas de batas blancas o verdes reclamando la continuidad de lo público uno se queda atónito pensando que la mayoría de esos ‘funcionarios’ han optado para su asistencia sanitaria no por la sanidad pública, sino por entidades privadas. ¿Será que toda esa ‘progresía’ sigue pensando que sanidad y enseñanza son sistemas de beneficencia y no derechos básicos del estado de bienestar? Igual ocurre con los políticos que se deshacen en defensa de la escuela pública, pero confían la educación de sus hijos a colegios privados y elitistas. Queda mucho todavía de despotismo ilustrado en esta España del XXI.
De hecho, nuestros actuales sistemas sanitario y educativo siguen estando concebidos como sistemas de beneficencia, que era la acción social del antiguo régimen. La misma calificación de ‘gratuitos’ delata tal concepción, al obviar que los pagamos los ‘beneficiarios’ con nuestros impuestos.
Naturalmente que hay que mantener como públicas tanto la sanidad como la enseñanza, pero con criterios de gestión muy distintos a los actuales. Es el estado quien debe gestionar tales servicios, pero con criterios de empresa privada, como es el caso de Finlandia. Por otra parte no se debe feudalizar a los ‘beneficiarios’ a tal escuela u hospital. La calidad ofrecida por cada centro debe ser el reclamo de su ‘clientela’. Se trataría del mejor control democrático por parte del usuario. Mal puede funcionar una empresa donde los ‘clientes’ molestan, como ocurre ahora.
Resulta de lo más demagógico y fácil convocar en la calle batas blancas o verdes. Los intereses creados de los funcionarios y la amenaza de estar sometidos a los controles de eficacia y eficiencia de la empresa privada son motivo suficiente para salir a gritar a favor de la permanencia de una empresa donde no hay amo. Ya lo dijo una áulica de Zapatero, el dinero público no es de nadie. Los ciudadanos no contamos. Se sigue disparando con la pólvora del rey en los ‘sistemas de beneficiencia’.
