Miguel Bataller. Ciudadano del Mundo y Jubilado.
Recientemente asistí a un cambio de impresiones (no llegaba a la categoría de discusión) entre dos conocidos, uno concejal y el otro funcionario.
El tema fue en términos generales cierto reproche del funcionario sobre el coste que representaba al erario público la masa salarial de los cargos públicos salidos de las elecciones.
La respuesta del concejal fue tan espontánea como objetiva.
Tampoco él entendía el salario (en su opinión excesivo) que percibían los funcionarios públicos, que además tenían garantizado su puesto de trabajo indefinidamente.
La justificación del funcionario fue exponerle que para poder disfrutar de esa posición y del blindaje de su puesto de trabajo, había tenido que aprobar unas oposiciones.
El concejal contra argumentó que él cada cuatro años, debía de superar unas elecciones y en ningún caso su puesto de trabajo le quedada garantizado, ni siquiera respetado, ya que había estado en varias legislaturas como concejal, no siempre se había ocupado de las mismas delegaciones, e incluso en momentos determinados al ser concejal de la Oposición ni siquiera perteneció al equipo de Gobierno, con lo que sus ingresos pasaron a tener un valor simbólico.
No quise tomar parte en el ardor de la discusión en los momentos más efervescentes de la misma, pero cuando terminaron, se me ocurrió sugerirles:
1) ¿Qué opinaríais si a los funcionarios os tuvieran que valorar y aprobar periódicamente los administrados, con la opción de poder incapacitaros, en caso de no estar satisfechos con vuestra capacidad o dedicación profesional, una vez marcados unos parámetros en las evaluaciones?
2) ¿Que pensaríais los Concejales, si previamente a incluiros en las listas, se os exigieran un tipo de oposiciones o exámenes a los candidatos, de manera que luego una vez elegidos, estuviéramos seguros los ciudadanos que estabais sobradamente capacitados para gestionar los recursos públicos?
¡Me miraron como si fuera un extraterrestre!
Cambiaron de tema, y no quisieron continuar debatiendo conmigo, al percatarse de que tenían los dos muy pocos argumentos para defender las posturas que antes habían adoptado.
Ni el funcionario quería perder el blindaje de su puesto de trabajo, y sentirse evaluado por nadie que no fuera otro funcionario (con lo que el corporativismo profesional quedaba garantizado), ya que era consciente de que nadie echa piedras en su propio tejado.
Ni tampoco el concejal consideraba necesario pasar unas pruebas determinadas, que le habilitaran para el ejercicio de su labor como representante de sus conciudadanos.
Sin embargo, yo si que “me quedé con la copla” de mi propia reflexión en voz alta ante ellos, ya que aún a sabiendas de que nunca se hará ninguna de estas dos alternativas, estoy convencido de que tanto unos como otros, serían bastante mas cuidadosos en el ejercicio de su labor profesional.
Es cierto que aprobar unas oposiciones, es la evidencia aparente de que una persona está lo suficientemente preparada, para el ejercicio de su profesión.
Pero lo que no puede garantizar el superar una oposición, es la capacidad de trabajo ni la responsabilidad profesional de quien la supera.
Y del mismo modo, resultar elegido dentro de las listas presentadas por un partido, no es la evidencia de que quienes son incluidos en las mismas sean las personas idóneas para ejercer con dignidad y responsabilidad las áreas de Gobierno Municipal que posteriormente les sean asignadas.
Por lo que no estaría de más, que acabada cada legislatura, los ciudadanos tuvieran la opción de evaluar a cada uno de los componentes de los equipos de Gobierno e incluso de la Oposición, y en función de los resultados obtenidos habilitarlos o inhabilitarlos para poder presentarlos en listas en el futuro.
Claro que en esto, como en las listas abiertas, seguramente tropezaríamos con los aparatos de los partidos políticos, que prefieren elegir libremente entre sus afiliados a la gente más dócil y manejable, en vez de rebuscar a los mas idóneos en cada momento, incluso asignándoles las responsabilidades de las que se ocuparían “a posteriori”, si alcanzan el gobierno municipal.
La conclusión, es que España es un Estado diseñado exclusivamente para tener satisfechos a POLITICOS Y FUNCIONARIOS, olvidándose de los CIUDADANOS.
