Miguel Ángel Cerdán. Profesor de Secundaria.
Ya estuvimos viendo la semana pasada los problemas que presenta el sistema político español. Y señalamos como la corrupción responde probablemente a la falla estructural de un sistema diseñado para perpetuar el poder de lo que se conoce con el nombre de “élites extractivas”. Otra lacra estructural del sistema es sin duda, y como frecuentemente se ha expuesto, es la “selección negativa” de los políticos, una “selección negativa” que hace muy cómoda la vida de las “élites extractivas” y que va estrechamente ligada a la ciénaga corrupta en la que se ha convertido la vida política española.
Pues bien, para acabar con estas lacras, los dos primeros pasos parecen claros. Tan claros parecen que la práctica totalidad de partidos se resiste firmemente mientras idea como neutralizar lo que serían dos disparos en la línea de flotación del sistema partitocrático español. Me refiero a las listas abiertas y a la limitación de mandatos.
Las listas abiertas supondrían que el político estaría al servicio de los ciudadanos y no de la cúpula partidista; es decir, tendría que rendir cuentas ante los electores, que podrían tachar o desplazar su nombre y no ante una cúpula opaca. Con esto, la nomenklatura partidista desparecería, y con ella esa “selección negativa” de gañanes, muchos sin oficio ni beneficio, que puebla nuestro panorama. Y no vale con apelar a que los votantes no conocen a los políticos que se presentan; en el ámbito municipal sí que hay conocimiento y en el resto ya procurarían los aspirantes darse a conocer y tener contacto con los votantes antes que dedicarse a las luchas intestinas por colocarse en listas.
La limitación de mandatos supondría que se entra en política para servir y no para servirse. Es decir, que se está temporalmente en política pero luego se tiene que volver a la vida privada y por lo tanto se debe tener un oficio y no ser un profesional de la política dispuesto a hacer lo que sea y a traicionar cualquier promesa o ideal.
Son dos primeros pasos, pero es que además estamos en el siglo XXI. Y no podemos seguir con unas reglas políticas del siglo XIX. Las nuevas tecnologías permiten además muchos más referedums y que el pueblo hable directamente muchas más veces, y no se limite a depositar su voto cada cuatro años. Por eso, un sistema que teme que el pueblo hable, ¿puede ser calificado como democrático?
