Juan Carlos Moragues considera que el sistema actual de financiación no potencia el Estado del Bienestar, trata de manera desigual a las CCAA, es insuficiente para cubrir servicios fundamentales, no potencia la autonomía y corresponsabilidad fiscal y es poco dinámico. Además, aboga por un nuevo sistema más justo y equitativo, transparente y no discriminatorio'
El conseller de Hacienda, Juan Carlos Moragues, ha manifestado que "la Ley que regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, Ley 22/2009, fija cinco objetivos fundamentales y en la práctica todos ellos se incumple, lo que otorga un trato desigual entre comunidades y generar discriminación".
"El análisis que ha hecho la Comunitat Valenciana de la aplicación de esta Ley, y los resultados que hemos obtenido de este estudio, nos llevan a incidir con más fuerza si cabe en la necesidad de diseñar un nuevo sistema de financiación que sea justo, equitativo, transparente y no discriminatorio", ha añadido el conseller.
"Desde esta Comunidad -ha afirmado Moragues- reclamamos la puesta en marcha con urgencia de un nuevo modelo que rompa con el statu quo actual, que financie a las personas y no a los territorios, que garantice los ingresos necesarios para atender los servicios públicos fundamentales".
El conseller de Hacienda y Administración Pública ha presentado hoy ante los medios de comunicación las conclusiones del Informe de la Comunitat Valenciana en el que se analiza el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas, documento que fue remitido el pasado viernes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al igual que han hecho el resto de autonomías.
Como ha explicado el conseller, los cinco ejes fundamentales sobre los que gira la Ley 22/2009 son: el refuerzo del Estado del Bienestar, el incremento de la equidad, la suficiencia en la financiación de competencias, la autonomía y corresponsabilidad fiscal y la estabilidad del sistema. "La Comunitat Valenciana logra demostrar en este informe que, en la práctica, la Ley no consigue alcanzar ninguno de estos objetivos".
Así, Moragues ha comenzado afirmando que "a pesar de que la Ley señala que el sistema de financiación debe servir para reforzar el estado del bienestar, esto no es así, y además en nuestro informe se incluyen datos objetivos y contrastados que así lo demuestran, como es el hecho de que entre 2009 y 2011 el gasto de las comunidades autónomas en servicios públicos fundamentales ha sufrido una merma más que considerable, disminuyendo en un 18% en términos reales".
"En 2009 las comunidades gastaron 125.598 millones de euros en salud, educación y otras materias relacionadas con la protección social, cantidad que en 2012 se redujo hasta los 112.204 millones", ha dicho.
"Además -ha añadido- evaluando los gastos que cada una de las comunidades autónomas ha destinado a estas materias y comparándolos con los ingresos derivados del modelo, hemos conseguido demostrar, y así lo plasmamos en nuestro informe, como la Comunitat Valenciana se sitúa muy por debajo de la media regional".
Por otra parte, la Ley 22/2009 fija entre sus objetivos a lograr el incremento de la equidad entre las comunidades autónomas, "algo que el modelo actual no consigue, sino todo lo contrario: las desigualdades entre comunidades son cada vez mayores y ello está generando grandes injusticias".
"Desde 2009 se han incrementado las diferencias regionales en financiación per cápita, habiendo comunidades con rentas per cápita elevadas y financiación por encima de la media, y otras con rentas inferiores y financiación por debajo de la media. Un valenciano debe poder acceder a servicios públicos de calidad en las mismas condiciones que un extremeño, un madrileño o un castellano, y con el modelo vigente no es así", ha dicho el conseller.
En este punto de su intervención, Moragues ha expuesto una tabla en la que se reflejan las entregas a cuenta y la liquidación del modelo en 2014 donde, atendiendo a valores per cápita, se comprueba que la Comunitat Valenciana, con 1.665,87 euros pér cápita, es la autonomía peor financiada. "Atendiendo a la media del conjunto de las Comunidades, se comprueba que cada valenciano recibe 276,6 euros menos que el español medio, y además recibe más de 900 euros menos que un cántabro, siendo esta comunidad la que alcanza una financiación pér cápita más elevada", ha explicado.
"La brecha entre las comunidades es cada vez mayor y esto genera una gran injusticia que debemos solventar cuanto antes. La Comunitat Valenciana viene sufriendo esta injusticia desde hace años y hemos insistido de manera constante en la necesidad de revisar el modelo, y conseguir que en la práctica fomente la equidad entre las regiones", ha afirmado Moragues.
Por otra parte, la Ley 22/2009 señala que los ingresos de las distintas comunidades derivados del modelo de financiación deben ser suficientes y sin embargo "los recursos del modelo no cubren los gastos que suponen los servicios públicos fundamentales y de media sólo alcanzan el 86%".
"Para corregir esta insuficiencia de recursos -ha afirmado el conseller- se creo el Fondo de Suficiencia, destinado a garantizar la financiación de la totalidad de las competencias de las comunidades, pero en la práctica este fondo no cumple su función, con lo que se mantiene el statu quo bajo la premisa de que ninguna región pierda con respecto al modelo anterior".
Otro de los objetivos básicos fijado por le Ley 22/2009 es el incremento de la autonomía y la corresponsabilidad fiscal, "algo que en la práctica no se da". En este sentido, Moragues ha explicado que "La corresponsabilidad fiscal no puede existir mientras la financiación por habitante no se la misma en todas las comunidades".
El conseller ha afirmado que en los últimos años, coincidiendo con la mayor incidencia de la crisis económica, los tributos no sujetos a liquidación se han reducido considerablemente. Así, entre 2007 y 2011 en el conjunto del Estado estos ingresos han pasado de 21.106 millones de euros a 9.063 millones, lo que supone una disminución del 57,06%, que alcanza el 62,24% en el caso de la Comunitat Valenciana".
Por último, la Ley establece la mejora dinámica y la estabilidad del sistema, para lo cual se diseñan diferentes fondos destinados a corregir desequilibrios entre comunidades, pero en la práctica estos fondos no cumplen su objetivo. "Además -ha afirmado Moragues- la vigencia del sistema quedó establecida en cinco años con lo que el 1 de enero de 2014 debía entrar en vigor un nuevo sistema de financiación, algo que no ha ocurrido".
