La morosidad, entendida como el retraso excesivo en el pago de facturas por obras y suministros de bienes y servicios, ha adquirido tal importancia, ante las deudas de las administraciones que arrastraban impagos de 2008, 2009, 2010 y 2011, que el Gobierno arbitró hace un año un plan de pagos de 35.000 millones para evitar que en 2012 cerrasen hasta 100.000 nuevas empresas por la creciente deuda pública. La Diputación de Castellón no tuvo que acogerse a este plan debido a su buena salud financiera y al seguimiento constante para atender todos sus compromisos.
La Diputación de Castellón ha pagado 6.964.000 euros a 1.743 proveedores en un periodo medio de 17 días durante el segundo trimestre de 2013 según confirma el Informe Trimestral de Morosidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este plazo, que vuelve a suponer un nuevo récord para la institución provincial, es todavía más reducido en el caso de las inversiones reales, donde se recogen las facturas más cuantiosas, y el plazo medio de pago es de 13,8 días.
Con ello, la institución ha conseguido en los dos últimos años ser más eficiente y reducir a menos de la mitad el tiempo en que, de media, paga a sus proveedores, ya que en 2011 ese periodo era de 59 días.
El vicepresidente económico, Miguel Barrachina, ha destacado tras presentar este informe en la Comisión de Hacienda, que “la Diputación de Castellón ha vuelto a batir su propio récord nacional en ese esfuerzo que supone devolverle el protagonismo a la sociedad civil, y que los 5.000 proveedores que nos suministran productos y nos realizan obras sepan que cuentan con la Diputación para un cobro inmediato”. Unos datos de los que se dará debida cuenta también en el próximo pleno del mes de julio que tendrá lugar el martes día 30.
Cabe señalar que en su compromiso por mejorar el trato a las empresas y la confianza en las administraciones, el presidente provincial, Javier Moliner, vinculó el cobro de su nómina al plazo de pago de los servicios que recibe la Diputación. Hay que recordar que es el único cargo público de España que ha vinculado el pago de su sueldo a que haya cobrado hasta el último de los proveedores, en un esfuerzo por mejorar la confianza.
La Diputación Provincial es además, tal y como acredita este informe, una de las pocas administraciones españolas que no paga intereses de demora. Tal y como señala Barrachina, “en ese informe se vuelve a recoger que el pago por intereses de demora ha sido de cero euros”.
