La morosidad, entendida como el retraso excesivo en el pago de facturas por obras y suministros de bienes y servicios, ha adquirido tal importancia, ante las deudas de las administraciones que arrastraban impagos de 2008, 2009, 2010 y 2011, que el Gobierno arbitró hace un año un plan de pagos de 35.000 millones para evitar que en 2012 cerrasen hasta 100.000 nuevas empresas por la creciente deuda pública. La Diputación de Castellón no tuvo que acogerse a este plan debido a su buena salud financiera y al seguimiento constante para atender todos sus compromisos.
La Diputación de Castellón, en su compromiso por mejorar el trato a las empresas y la confianza en las administraciones, ha conseguido reducir aún más el plazo de pago a proveedores, pasando de 27 días como periodo medio de pago de 2012 a 22 días durante el primer trimestre del año, del que se ha dado cuenta esta misma semana.
Con ello, y según se desprende del informe realizado por el departamento económico de la institución provincial, ésta consigue pagar seis veces más rápido que la media del resto de administraciones españolas, que al finalizar 2012 lo hizo en 141 días. Además, no ha tenido que abonar ningún tipo de interés por demora alguna en sus pagos.
Según ha señalado el vicepresidente provincial del Área Económica, Miguel Barrachina, “las cifras indican que multiplicamos por seis la eficiencia media de las administraciones públicas españolas a la hora de atender a los proveedores, si vemos los datos de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad referentes a 2012, donde se refleja que las administraciones pagaron a sus proveedores en 141 días, con una clara mejoría sobre los 160 días de retraso durante 2011 en el conjunto nacional”.
“Se ha estudiado la trazabilidad de todas las facturas que se registran en la Diputación y son seguidas para detectar y resolver cualquier demora en tiempo récord. El nivel de implicación de los jefes de departamento y de todo el área económica es absoluto, sólo así se explica que se funcione con tal precisión que permita pagar 1.575 facturas en los tres primeros meses del año, con un volumen de 6.680.000 € y un plazo medio desde que se registra la factura hasta que el empresario tiene el dinero en su cuenta de 22,4 días”, ha explicado Barrachina.
El vicepresidente señala que “esta evolución demuestra que el compromiso del presidente provincial y el equipo de gobierno de la Diputación por seguir trabajando para mejorar los tiempos, para agilizar la administración, está secundado por la totalidad de los 580 empleados que realizan cualquier tramitación en tiempo récord. Creemos que es muy importante que las empresas sigan confiando en la provincia para seguir ofreciendo a los ciudadanos los mejores servicios”.
Moliner vinculó su nómina al pago a proveedores como garantía
Para reforzar esta apuesta necesaria por la eficiencia y la gestión para que los proveedores de la Diputación puedan trabajar con absoluta tranquilidad, Javier Moliner vinculó el cobro de su nómina al plazo de pago de los servicios que recibe la Diputación. Hay que recordar que es el único cargo público de España que ha vinculado el pago de su sueldo a que haya cobrado hasta el último de los proveedores, en un esfuerzo por mejorar la confianza.
