Vicent Sales afirma, que fueron más de 100.000 las sanciones que no se llegaron a recaudar porque no se notificaron en tiempo y forma
El portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, ha afirmado esta mañana, que el Ayuntamiento dejó de ingresar más de ocho millones de euros al final de la anterior legislatura, por defectos en la notificación de sanciones. Se estima que fueron más de 100.000 multas las que resultaron impagadas, entre las que podrían encontrarse las del concejal de Movilidad, que no se han encontrado
El 'caso de las multas' del concejal Cristian Ramírez ha llevado al portavoz del equipo de Gobierno, Vicent Sales, a afirmar, esta mañana, que cuando Ramírez quiso 'ponerse al día' y abonar todas sus multas pendientes, en febrero de 2024, solo se encontraron pendientes de cobro 29 sanciones, unas por la vía voluntaria (dentro de plazo) y otras por la vía ejecutiva (fuera de plazo).
Estas cuentas no se corresponden con el total de multas impagadas en Zona Azul de Cristían Ramírez, denunciadas en su día por el Grupo Socialista.
Cuando el Grupo socialista destapó el caso de las multas (febrero de 2024) se averiguó, según el histórico de la Aplicación de La ORA (Oracar), que el concejal de Movilidad podría haber acumulado en torno a 174 multas por estacionamiento indebido en Zona Azul, de las cuales 34 se abonaron de forma voluntaria dentro de plazo con la debida penalización. Por lo que hubieran quedado pendientes 111 sanciones.
75 de las infracciones por estacionamiento se produjeron durante el periodo en que Ramírez ya era concejal (entre el 16 de junio de 2023 y el 31 de enero de 2024). Tras la denuncia del PSOE, el concejal acudió a la Oficina de Recaudación Municipal, donde pagó todo lo que tenía pendiente, las que estaban en periodo voluntario, y las que ya lo habían sobrepasado, con la debida penalización.
La pregunta que ha formulado el Grupo Socialista de forma reiterada es esta: ¿Qué pasó con el resto de las multas de las que hubo constancia por la aplicación de Oracar, y de las nunca se supo nada?
Sobre este particular, Vicent Sales ha informado, que el Ayuntamiento dejó de recaudar más de ocho millones de euros por más de 100.000 sanciones mal notificadas y prescritas a finales de la legislatura anterior en la que gobernaban PSOE y Compromís.
Las razones que dieron lugar a estos problemas suscitados por las multas impagadas, comentaba Vicent Sales, pudieron ser varias: Por una parte, que el contrato de la Oficina de Recaudación llevaba varios años caducado, lo que impedía a quienes la gestionaban introducir las mejoras y optimización que se hubieran debido de aplicar con nuevas inversiones.
Ninguna empresa realiza esas inversiones cuando sabe que su contrato está caducado, que debe salir de nuevo a concurso y, por tanto, que no tiene la seguridad de poder repercutir esos gastos.
Por otra parte, también se ha referido a la legislatura anterior, cuando se multiplicaron por miles las sanciones de tráfico por acceso indebido al centro de la ciudad. Se trata de las famosas multas generadas por las cámaras de tráfico, que supusieron un verdadero problema de gestión.
La avalancha de notificaciones postales fue de tal calibre que, hasta Correos, que debía realizar esta función, denunció que el contrato municipal con esta entidad se había visto completamente desbordado y exigió un incremento del contrato.
Según Sales, casos como el de Cristian Ramírez pudieron afectar también a muchos otros ciudadanos de Castellón, en el sentido de que: pese a que se realizaron las denuncias por infracción, no se pudieron gestionar en tiempo y forma para poder cobrarlas.
Cabe recordar, en este sentido, que durante el último año de la legislatura anterior se sacó a concurso un nuevo contrato para la Oficina de Recaudación, pero de tan solo un año de duración.
El Servicio de Recaudación se realiza de forma externa al ayuntamiento. El contrato conlleva un coste anual del servicio que se puede ver incrementado por el éxito en la gestión de recuperación de facturas de difícil cobro.
Finalmente, Sales comentaba también el hecho, de que Ramírez era usuario de un vehículo del que no era propietario. Estaba sujeto a una fórmula según la cual la propiedad era de una empresa, pero el uso y disfrute lo realizaba él. Esto pudo dar lugar a que las notificaciones de muchas de sus sanciones se remitieran a la central de esa empresa, en otro punto de España, lo que justificaría que no fuera informado en tiempo y forma, o que el concejal nunca llegara a percatarse del volumen de multas acumuladas.
Según el portavoz del equipo de gobierno, el procedimiento que sigue la gestión de las multas sería el siguiente: La empresa de la ORA registra las sanciones, comprueba cuales de ellas han sido 'levantadas' con el recargo correspondiente y el resto las pasa a la Policía Local para que, desde allí se deriven a la Oficina de Recaudación.
En el recurso interpuesto por el PSOE, que ha sido aceptado por la Audiencia Provincial, se solicita que se practiquen diligencias con los responsables de Oracar y de la Oficina de Recaudación, para intentar averiguar qué ocurrió con las multas que no se notificaron o que quedaron impagadas.
Estas diligencias, que la Audiencia ha ordenado practicar al Juzgado de Instrucción, muestran 'las sopechas' del PSOE y su objetivo de poder demostrar si el concejal sancionado pudo haber realizado alguna gestión que hubiera tenido como objetivo la desaparición de esas multas... de ser así, lo que se demostraría es un presunto tráfico de influencias, que eleva el grado de sanción administrativa a delito...
Pero claro, eso hay que demostrarlo, no caben solo las sospechas o las intuiciones.
Por parte del PP, Sales manifestaba que, por su cargo, Ramírez no habría tenido acceso a las multas ni a través de la empresa Oracar, ni de la empresa de Recaudación.
Y añadía, si cómo se ha demostrado se han quedado por ingresar más de ocho millones de euros en más de cien mil sanciones impagadas, las de Ramírez y las de otros muchos vecinos estarían entre ellas.
