El Tribunal de Justiprecio da la razón a los propietarios de una de las fincas, que consideraron injusta la valoración municipal de 103.436 euros
El Ayuntamiento de Castellón deberá abonar a los propietarios de una de las parcelas afectadas por la prolongación de la calle Carcagente, una cantidad de más de 132.000 euros por la expropiación forzosa de sus terrenos.
La prolongación de la calle Carcagente, en un tramo de 165 metros, para conectarla a la Ronda Este fue un proyecto que se gestó durante la legislatura de 2015-2019. Se trataba de una iniciativa que pretendía dar accesibilidad a la zona, pero que discurría por terrenos de titularidad privada.
Con este objetivo se contrató la redacción de un proyecto de expropiaciones, expuesto al público en diciembre de 2018. El coste estimado en esa valoración alcanzaba los 370.000 euros. Pero los propietarios no estuvieron de acuerdo con los técnicos. Concretamente, los propietarios de la finca nº 2 alegaron la decisión municipal y consideraron que su propiedad valía mucho más que los 103.436 euros en que se habían tasado.
Como suele suceder en estos casos, los propietarios recurrieron al Jurado Provincial de Expropiación Forzosa.
Paralelamente se adjudicaban las obras de prolongación de Carcagente con una inversión de 341.000 euros y un plazo de 5 meses de ejecución. Era julio de 2020. La entidad municipal confiaba, por entonces, en poder inaugurar antes que acabara el año.
Al final, ni se cumplieron las valoraciones de expropiación ni los plazos previstos por la entidad municipal.
En lo que concierne a las obras, un poste de la luz retrasó todo lo habido y por haber, y los 5 meses se convirtieron en un año largo. La calle se abría al tráfico en noviembre de 2021.
Y en lo que toca a las expropiaciones, un poco más de lo mismo. Aunque el Juzgado Provincial resolvió el 7 de abril de 2021, que el coste real de los terrenos no era de 103.436 euros como había previsto el Ayuntamiento, sino de 230.303 euros, más del doble. En este caso quien no estuvo de acuerdo fue la entidad municipal, que recurrió la sentencia.
El pasado 25 de octubre el Tribunal dictaba sentencia en contra del ayuntamiento y certificaba la valoración de los terrenos en 230.303 euros, con una diferencia favorable para los propietarios de 126.867 euros.
Pero esto no fue todo, porque en cuestiones de dinero y con la justicia de por medio, los retrasos en los pagos también se traducen en intereses de demora.
El pasado 25 de octubre un informe técnico municipal estimaba procedente la ejecución de la sentencia y la valoración de la expropiación realizada por el Tribunal. La Junta de Gobierno municipal no solo ha decidido acatar la sentencia sino también pagar a los propietarios lo que les corresponde que suma 132.058 euros; es decir, 126.867 euros por la expropiación y 5.191 euros por los intereses generados durante el procedimiento.
