Diputación de Castellón traslada su apoyo a los municipios más pequeños en la implementación de la normativa, que implica nuevas inversiones en infraestructuras y gestión del servicio
Facsa celebró ayer un encuentro con el lema “Garantizando la sostenibilidad en el abastecimiento de agua” en el que se abordaron los retos ante el nuevo Real Decreto 3/2023 de agua de consumo humano. Los más de 200 asistentes al evento, procedentes de 11 comunidades autónomas, destacaron el elevado nivel de las ponencias presentadas por técnicos tanto de administraciones competentes como el Ministerio de Sanidad, la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Diputación de Castellón, como por técnicos de operadores del sector del ciclo integral del agua como el Consorci d´Aigües de Tarragona, el Consorcio de aguas Bilbao Bizkaia, la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba, S.A, la propia Facsa y representantes de asociaciones del sector como la International Water Association (IWA).
Los y las ponentes coincidieron en cómo el nuevo marco legislativo no es solo una simple revisión del ya existente, sino que plantea una regulación más estricta de la calidad de agua. Por un lado, se amplía la protección de las personas con un enfoque basado en el riesgo y en los planes sanitarios del agua, que pasarán a ser obligatorios en todos los abastecimientos, y, además, se incluyen cuestiones novedosas como el aseguramiento del acceso al agua de toda la población, el refuerzo de la transparencia a la ciudadanía de la información relacionada con el agua de consumo, y la obligatoriedad del reporte de información sobre la eficiencia de redes de abastecimiento y el futuro establecimiento de un umbral para esta cuestión.
Ponentes y asistentes pusieron de manifiesto, de manera reiterada, la necesidad de planificar inversiones a medio y largo plazo para responder a las nuevas exigencias del Real Decreto, que deberán destinarse a la construcción de nuevas infraestructuras, la renovación de las plantas de tratamiento y las redes hidráulicas actuales o la innovación en los sistemas tecnológicos, entre otros. En este sentido, se reivindicó la necesidad de dotar de un marco temporal ajustado y realista: “los objetivos son alcanzables pero los plazos son complejos”, manifestó Pascual Maximino, director del área de Abastecimiento de Facsa.
Municipios de menos de 5.000 habitantes
Los representantes de municipios de menos de 5.000 habitantes manifestaron su preocupación en torno a las nuevas restricciones que establece el Real Decreto puesto que, consideran, no tienen medios para afrontar las nuevas exigencias. En este sentido, la ingeniera Ana Fito, de los Servicios Técnicos de Diputación de Castellón, trasladó la importancia que la institución está dando a los municipios más pequeños para que sean capaces de prestar un servicio de calidad.
Analíticas para medir la turbidez, los plaguicidas o los antibióticos y antiinflamatorios
El Real Decreto incrementa los parámetros que deben ser medidos para valorar la calidad del agua de consumo, como en el caso de los antibióticos o antiinflamatorios presentes en las aguas. Asimismo, es más restrictivo en relación a otros parámetros, como es el caso de los plaguicidas o la turbidez. Estas últimas mediciones pueden ser especialmente significativas en la provincia de Castellón o Baleares al ser el agua suministrada de origen subterráneo, donde, para lograr el cumplimiento del nuevo Real Decreto se precisará la implantación de nuevos tratamientos para el ajuste a los nuevos valores paramétricos.
Transparencia en la gestión del ciclo urbano del agua
La transparencia en torno al agua es uno de los ejes más diferenciales de la nueva normativa ya que se regula, por primera vez, los criterios que deben regir por parte de operadoras del agua y las Administraciones para dotar de un contenido relevante y accesible a la ciudadanía, quienes deberán poder obtener información relativa a su consumo, a las tarifas actualizadas a las que se acoge y a la calidad del agua de su red de distribución desde diferentes canales. Los expertos y expertas aplaudieron esta medida para incrementar la confianza de la ciudadanía en torno a los servicios de abastecimiento de agua.
En este sentido, y con el objetivo de incrementar el consumo consciente del agua del grifo, el Ministerio obliga a difundir comparativas del precio en euros-litro y euros-m3 para que se adquiera conciencia de la diferencia en el precio entre el agua envasada y la del grifo y tomar decisiones informadas.
El Real Decreto remarca, tal y como estableció la ONU, que el acceso al agua de consumo constituye un derecho humano. En consecuencia, la Administración debe garantizar el acceso al agua de la ciudadanía y colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión, según establece la norma.
Para enmarcar al consumidor vulnerable, el decreto hace referencia a la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y se establecen requerimientos para el acceso a Bonos Sociales entre otras ayudas. Para favorecer la identificación de dichos colectivos, expertos y expertas coincidieron en que “deberían identificarse de manera pormenorizada los criterios para entender qué retos habrá que afrontar y qué vías de financiación estarán disponibles”.
