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Compromís pide en el Congreso la declaración de interés general para desmantelar el proyecto Castor y evitar el pago de indemnizaciones Compromís pide en el Congreso la declaración de interés general para desmantelar el proyecto Castor y evitar el pago de indemnizaciones

- 1 julio, 2014 -

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una Proposición No de Ley para pedir que sea de interés general la paralización y el desmontaje... Compromís pide en el Congreso la declaración de interés general para desmantelar el proyecto Castor y evitar el pago de indemnizaciones

 

Castellón Información

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha registrado una Proposición No de Ley para pedir que sea de interés general la paralización y el desmontaje del proyecto Castor, con la finalidad de evitar que la administración pague más de 1.700 millones de euros de las arcas públicas.

Según ha explicado Baldoví, “la declaración de interés general es necesaria pues resulta evidente que la decisión de paralizar un proyecto que está provocando seísmos, poniendo en peligro la vida de la gente, la estabilidad del terreno, además del impacto en el medio ambiente que genera, redunda en interés de todos. Es de interés general que se paralice este proyecto de alto impacto y riesgo para la zona, es de interés general que se desmantelen las instalaciones para que se ponga fin de manera definitiva a un proyecto hostil para la zona, para los vecinos, para el medio ambiente y para la seguridad de todos. Y es de interés general que se depuren responsabilidades con aquéllos que aprueba proyectos contrarios al interés general en beneficio de empresas privadas ajenas al interés público”.

Según consta en la Proposición No de Ley de Compromís, “el proyecto de almacenamiento de gas Castor, frente a la costa de Vinaròs, se tramitó en su día con la connivencia del gobierno central y el propio Ayuntamiento de Vinaròs, que justificaron la decisión alegando que generaría puestos de trabajo en la comarca. La realidad no ha sido esa”.

También, la iniciativa de Baldoví recuerda que en la preceptiva tramitación para autorizar el proyecto “no se preveían accidentes graves, se omitió el informe de seguridad, no había planes de emergencia interior, ni estudios sobre afecciones económicas en el turismo y la pesca, ni trabajos de impacto arqueológico en las conducciones terrestres, ni un estudio serio sobre las potenciales repercusiones en el subsuelo, que como hemos visto, nos han llevado a no tener previsto la generación de cientos de seísmos en la comarca”.

Baldoví ha recordado que esos seísmos “son los que han provocado la paralización de la actividad en la inyección de gas en el depósito desde septiembre de 2013, y en los informes encomendados con posterioridad, tanto el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), como el Instituto Geográfico Nacional (IGN) han confirmado una relación directa entra la inyección de gas en el almacén submarino con los terremotos”.

El parlamentario de la coalición valencianista, progresista y ecologista ha añadido que las cláusulas “abusivas del contrato, podrían obligar a indemnizar a la empresa con el coste neto de la inversión, que en este caso sería de unos 1.700 millones de euros, salvo que la administración central pueda justificar causas de interés general. La mención a la existencia de firma del contrato que incluye cláusulas abusivas se debe a que éste prevé indemnizaciones incluso si la concesionaria abandona el proyecto por una actuación negligente propia (que podría ser este caso), al no haber previsto los seísmos”.

Por todo ello, Baldoví solicita a la cámara baja a que inste al Gobierno central “a resolver la relación contractual por las múltiples causas de interés general, dado que frente a los intereses económicos de la empresa que aduce que no existe riesgo sísmico se encuentra la realidad, tal es que el riesgo sísmico ya no es un riesgo siendo una realidad, que por tanto la reapertura del almacén es contraria al interés de la ciudadanía”.

Responsabilidades políticas

Del mismo modo, también pide que se inicie un proceso para depurar “responsabilidades políticas a los gestores públicos que negociaron el contrato y autorizaron el proyecto de almacén submarino, a pesar de los riesgos que acarreaba”.

Por último, desde Compromís defienden que se realicen “los trámites necesarios para el desmantelamiento de la planta marina del Castor para poner fin definitivamente a este despropósito jurídico y ambiental en el que se ha dado prioridad a intereses ajenos al interés general”.

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