El pleno aprueba por mayoría una nueva modificación de crédito para gastar el remanente del 2024 con la mínima aportación a los bancos
Acuerdo ‘in extremis’ en el pleno del Ayuntamiento para retirar las mociones ‘políticas’ sobre las ayudas al comercio, con el fin de consensuar ayudas que podrían llegar a los 800.000 euros en bonos, además de tiques para los aparcamientos que faciliten el acceso al centro de Castellón. También se ha aprobado, por mayoría, una nueva modificación de crédito para gastar los remanentes del 2024 con el mínimo para los bancos.
El Ayuntamiento de Castellón celebró pleno ordinario correspondiente al mes de septiembre, donde se repitieron los enfrentamientos políticos, pero también, una voluntad de diálogo, que se plasmó en dos puntos:
la Declaración Institucional para pedir al Ministerio de Agricultura y Pesca, que no recorte la dotación económica y personal en las Islas Columbretes. Este acuerdo fue negociado y aceptado por todos los grupos en la Junta de portavoces el pasado lunes.
Y la moción del PSOE con una enmienda a la totalidad de VOX sobre los bonos del Comercio, que finalmente quedó sobre la mesa a la espera de un acuerdo conjunto.
Daciones de Cuenta y Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito
Por seguir el orden, el Despacho Ordinario estuvo ‘cargado’ de ‘Daciones de cuenta’ de carácter económico. Puntos de los que se informa pero que no requieren votación del pleno y por lo tanto no se realizaron intervenciones previas.
Otro cantar fue cuando se presentó un Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC), por un importe de 2,6 millones de euros. Se trata de una medida administrativa ‘excepcional’ que se aplica para poder pagar por las facturas de servicios que se han prestado pero que no se han contratado con el cumplimiento del procedimiento administrativo establecido.
En este apartado se encuentran: los gastos extraordinarios o puntuales, que no han podido ser gestionados como toca, por razones de urgencia. Pero, sobre todo, los servicios públicos que realizan empresas cuyos contratos ya han caducado. Se trata de prestaciones necesarias que no se pueden paralizar sin que previamente se vuelvan a sacar a concurso público y vuelvan a ser adjudicados. Y aquí está el mayor problema, que afecta a todas las corporaciones sea del color que sea.
El tema es, que hay que prever con tiempo la finalización de esos contratos para poder establecer los pliegos de condiciones de las nuevas contrataciones. Pero, aun así, los procedimientos suelen ser muy complejos, porque si el volumen económico de la prestación es muy elevado, tener listos los pliegos de condiciones no es fácil. Y cuando se abre el concurso público, a través de la Plataforma de Contratación del Estado, las empresas que concurren suelen estudiar con lupa cada paso, y en muchos casos se recurren los procedimientos.
De esta forma, hay servicios como el de la recogida de basura que se paralizan durante meses hasta que el Tribunal Administrativo Central se pronuncia a favor o en contra… Y aún entonces, pueden surgir otros conflictos y recursos, que en algunos casos se elevan a los tribunales de justicia.
Así las cosas, aunque el Tribunal de Cuentas ha cuestionado en numerosas ocasiones a los ayuntamientos por el abuso de los REC y los interventores informan en contra de estos pagos, las corporaciones locales están obligadas a pagar por esos servicios porque, de otra manera, se enfrentan a la posibilidad de incurrir en delito de ‘enriquecimiento ilícito’ por no pagar los servicios recibidos.
Dicho esto, el debate está servido. La oposición critica al gobierno por su mala gestión y el gobierno se defiende con promesas de acelerar las contrataciones pendientes para reducir los REC.
Esto es, en general, lo que ha vuelto a ocurrir en el pleno de hoy. Vera Bou, por Compromís, y Mónica Barabás, por el PSOE plantaron cara al equipo de gobierno… e hicieron uso de ‘las cifras’ para afear la gestión de Juan Carlos Redondo… Ahora bien, los números de manejan al antojo de cada cual según cual sea el objetivo.
Desde la oposición compararon los REC del gobierno de PP y VOX actual con los del Pacto del Grau (primer gobierno de izquierdas) … que no con los del Acuerdo de Fadrell, la anterior legislatura. Sería por algo.
El concejal de Hacienda, Juan Carlos Redondo, tuvo una intervención brillante cuando aludió al número de contratos que ha gestionado el presente gobierno en estos dos años, frente a los que quedaron sobre la mesa en la legislatura anterior.
También ha indicado, que muchas de las facturas que se han presentado ahora corresponden a facturas de los meses de mayo y junio; y también a contratos que ya se han adjudicado y no volverán a pagarse mediante este procedimiento.
Anunció que el Tribunal Administrativo Central (TAC) ha fallado a favor del Ayuntamiento en el contrato de basuras, por lo que se podía desbloquear este procedimiento y en breve se podrá firmar el contrato.
Con todo, quedan pendiente algunos contratos muy fuertes, como es el del transporte, que por su volumen deben ser publicados también en el marco de la Unión Europea.
Pero frente a estas explicaciones, Redondo entró al barro para referirse a temas de corrupción nacional que nada tienen que ver con el ayuntamiento.
Los REC se aprobaron con el voto del PP y VOX y la abstención de Compromís y PSOE.
Modificación de Crédito
También se solicitó debate en la presentación de la nueva Modificación de Crédito presentada por el equipo de gobierno, que asciende a 2,2 millones de euros procedentes de remanentes del 2024.
Como todos los temas que tienen que ver con el presupuesto municipal, el procedimiento ha pasado antes por la presentación a los grupos, la posibilidad de que éstos presenten enmiendas sobre las propuestas; El descarte de las enmiendas, la aprobación en Junta de Gobierno y en comisión plenaria.
Entre PSOE y Compromís se presentaron más de 40 enmiendas (ocho por PSOE y el resto por Compromís), que ya fueron desestimadas en Comisión. Pero los portavoces de la oposición solicitaron poder defenderlas y votarlas en el pleno.
Un tema que debe saber el lector es, que las enmiendas no se pueden presentar a la ligera. Por cada propuesta de gasto que se presenta se debe especificar su cuantía económica y con cargo a qué partida. Esto es: lo que se añada por un lado debe recortarse por otro para que cuadren las cifras.
La planificación del equipo de gobierno apura la mayor parte de esos 2,2 millones para diferentes partidas entre la que se encuentran: los graderíos del Gaeta Huguet y del Estado Castalia, subvenciones a las cinco Casas Regionales presentes en Castellón, certificación de final de obras y al Plan de Medios municipal.
Esta fórmula es posible, porque Castellón cumple con las reglas del techo de gasto y estabilidad establecidas por el Ministerio de Hacienda. Si los 2,2 millones de remanentes no se gastaran ahora irían en su totalidad al pago de deuda bancaria. Pero, aunque se determinen otros gastos, en este caso está obligado a reservar una partida de 650.000 euros para la amortización de deuda.
El orden de intervenciones se estableció en función de las enmiendas presentadas por los partidos con dos turnos por portavoz: 5 minutos en la primera y 3 en la réplica.
La portavoz del PSOE, Patricia Puerta vino a decirle a Carrasco que el tiempo la juzgaría porque compararía las dos ciudades de Castellón y las dos alcaldesas que ha tenido al frente. Le dijo que su gestión costaba dinero a la ciudad, y la acusó de ‘vender’ una ciudad idílica frente a la ciudad ‘real’ con la que se encuentran los ciudadanos.
Cuestionó los bajos índices de ejecución de presupuesto y el aumento de la deuda. También el problema de la vivienda, sobre el que el PSOE ofreció un pacto de ciudad al PP.
Cuando mencionaba sus enmiendas agotó el tiempo. La alcaldesa se dirigió a ella para que abreviara y Puerta la atajó: “no me corte, usted se pasó en el Debate del Pleno de la Ciudad”.
Begoña Carrasco recordó que era la única dirigente que marcó un tiempo limitado para su intervención, le afeó su interés actual por la vivienda, que no gestionó en los ocho años anteriores y le dijo que no le iba a aceptar lecciones.
Por Compromís intervino Pau Sancho. No era fácil que Sancho explicara una a una las más de 30 enmiendas presentadas por su grupo. Se centró en las subvenciones al tercer sector, que dijo, estaban congeladas pese a la subida de los precios. Acusó a Carrasco de priorizar su imagen personal sobre las necesidades de Castellón.
Juan Carlos Redondo, concejal de Hacienda intervino en nombre del equipo de gobierno. Agració la colaboración y el trabajo de los técnicos municipales, y justificó la modificación de crédito, porque de no invertir ese remanente debería destinarse a amortización de deuda.
Frente a la acusación de la oposición sobre la mala gestión del presupuesto municipal, porque se generaron 22 millones de remanente, Redondo recordó, que la última gestión del anterior gobierno de izquierdas generó remanentes de 45 millones de euros.
En el turno de réplica, Patricia Puerta (PSOE) dijo que los desarrollos urbanos de Carrasco son posibles gracias al PGOU que PP y VOX votaron en contra, y expuso alguna de sus enmiendas como la de destinar 60.000 euros a Gaza.
Pau Sancho (Compromís) afirmó que la deuda actual de Castellón está en el límite legal permitido y volvió a abogar por el tercer sector.
En cuanto a Juan Carlos Redondo declaró: “en ocho años no hicieron nada y ahora piden un pacto por la vivienda”. En este tema recordó las gestiones de la Generalitat y del Ayuntamiento.
Completado el debate comenzaron las votaciones.
Las enmiendas del PSOE fueron rechazadas con la mayoría del PP y VOX y la abstención de Compromís.
Las enmiendas de Compromís también se rechazaron con la mayoría del PP y VOX y la abstención de PSOE.
Y la Modificación de crédito se aprobó con los votos de PP y VOX y el no de PSOE y Compromís.
Moción socialista para que el Ayuntamiento de Castellón de apoyo a la acogida de menores no acompañados
La moción, defendida por José Luís López, se refirió a los menores que llegaban en pateras a las Islas Canarias y la necesidad de crear una Ciudad Refugio de acogida para su inserción e integración social, ya que comenzarán a llegar en una semana.
No es un tema fácil. Tal como detalló el socialista López, en este momento hay 11.000 menores que deberían contar con la tutela de las Comunidades Autónomas.
Desde el punto de vista de José Luís López, se trata de menores, personas que necesitan el apoyo de toda la sociedad por su integración social. Y Castellón, que siempre ha sido ciudad de acogida debería pronunciarse y contribuir a crear una Ciudad Refugio junto a la Comunitat Valenciana
Esta propuesta llegaba ‘con trampa’. Frente a esta problemática se encuentran posturas muy opuestas, y sobre todo críticas, desde el momento en que tanto el País Vasco como Cataluña se niegan a afrontar un cupo y piden que sea el resto de las comunidades las que los asuman. Y ejercen la presión de sus votos para mantener al Gobierno Central.
El Grupo socialista no pudo sacar adelante una declaración institucional, que es lo que tocaba, por cuanto la acogida de menores debe realizarse mediante su distribución por Comunidades Autónomas… el ayuntamiento de Castellón no tiene competencias directas.
Aunque López tocó la fibra sensible, también explotó contra la derecha y ultraderecha que no reconoce los derechos humanos ni las necesidades de los menores. Y entonces habló de racismo.
Defendió que ni País Vasco ni Cataluña hubieran de asumir su parte del cupo, porque ya lo superaban. Rechazó las teorías de que estos menores y la inmigración ilegal generan situaciones de violencia y acusó a la derecha y ultraderecha de insensibilidad ante los asesinatos de Gaza.
Por parte de Compromís, Ignasi Garcia se refirió a la explotación colonial de los países del sur, ejercida por los países del norte para su enriquecimiento. Rechazó el discurso del odio. Admitió que la mayor parte de la inmigración llega a través del Aeropuerto de Barajas, pero los ricos si que pueden quedarse y los pobres no.
También indicó que es falso que Cataluña no quiera inmigrantes, lo que sucede es que actualmente Cataluña tiene más y Madrid menos.
Citó el censo actual de la ciudad, y comentó que la ciudad tiene capacidad para ser una ciudad de acogida con estos menores, que de otra manera no tendrán oportunidad de futuro.
En su réplica preguntó directamente a la alcaldesa si apoyaba el discurso del odio de VOX, y dijo que la inseguridad no la producen los menas (menores no acompañados) sino estar casadas con concejales de VOX.
Alberto Vidal tomó la palabra en nombre de VOX. Lo primero que hizo fue acusar a los partidos de izquierda por los epítetos y acusaciones que hacen a VOX, que los dejan expuestos a ser tiroteados en las calles.
Tan fuerte como suena.
Sin entrar en el fondo del asunto citó: dijo que las acusaciones de la izquierda solo tratan de presentar una imagen deshumanizada de los militantes de VOX a los que tacha de homófobos, fascistas y racistas.
Acusó a “los barcos negreros”, las ONGs que rescatan inmigrantes en el mar porque contribuyen con las mafias que explotan a los inmigrantes y les sacan todo el dinero por un futuro mejor a costa de su vida, en el mar.
Vidal habló de la preocupación de la gente de la calle que teme que les pongan un centro de Menas o de inmigrantes junto a sus viviendas. Y preguntó directamente quienes de cuantos defendían esta acogida a integración aceptarían tener uno de estos centros en su barrio. Porque, al final de todo, lo que no se puede negar es que generan basura y deterioro.
“Los menores tienen que estar en su casa, con sus familias, en su país, y con su rey”, y cuestionó el dinero que se le da a Marruecos para qué sirve. Y fue categórico al afirmar, “que no vengan a pedir para malgastar el dinero para parecer solidarios cuando lo único que se hace es gastar dinero de los castellonenses en provocar inseguridad.
Vicent Sales intervino en nombre del PP, en este caso recordó que Castellón ya aprobó por unanimidad un Plan de Ciudad refugio en 2015. Un Plan departamental con acciones a seguir, que apenas tenía 3 folios… Aquel documento se apoyaba en tres ejes, para crear espacios estables de coordinación, la formación de personas capacitadas para para la formación y atención a estas personas…
Este plan dijo Sales coincidía con la moción del PSOE. Y es que, Sales interpretó que realmente cuando en el texto de su moción el PSOE se refería a la ciudad Refugio, realmente se refería al problema de los ‘Menas’, pero no podía hacerlo porque no hubiera podido presentar la moción porque el ayuntamiento carece de competencias.
Los acusó de ejercer la solidaridad con los recursos de los demás y se refirió a las cartas que reciben los alcaldes y en la reacción de protesta que genera en los municipios gobernados por el PSOE.
Indicó que los centros de Menas de la Comunitat Valenciana están colapsados, y que la propuesta socialista solo hace política de salón con cortinas de humo para tapar la realidad de la familia de Sánchez.
La moción fue rechazada con los votos de PP y VOX.
El comercio, la moción, la enmienda a la totalidad y el acuerdo de los políticos
La segunda moción del orden del día tenía su aquel… Se trataba de una Moción del PSOE para solicitar que los remanentes de las ayudas de la Zona de Bajas Emisiones, se destinara a incrementar los bonos comerciales de la campaña que se realizará a partir de noviembre.
El contenido de la misma se pasó a los medios de comunicación hace unos días. Dado que, desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento se estaba trabajando en una línea similar, los periodistas pensaron al principio, que se votaría a favor… si lo que se perseguía era lo mismo.
Pero no fue así, porque VOX, cuyo concejal, Alberto Vidal, tiene la competencia de Comercio, presentó una enmienda a la totalidad que, si contaba con el respaldo del PP sustituiría a la del PSOE.
Básicamente, el contenido de la enmienda de VOX era similar a la del PSOE, si bien puntualizaba las cantidades de las ayudas destinadas al comercio en las diferentes fases, y además estudiaba la alternativa de dedicar fondos municipales a la compra de tiques de aparcamiento en los aparcamientos del centro para que los comercios pudieran ofrecerlos a los clientes.
Por no hacerlo excesivamente largo, la polémica estaba servida. Para el PSOE, que el concejal de Comercio sea Vidal, de VOX, ya era un motivo más que importante para levantar bandera de guerra y acusar al gobierno de ‘planchar’ a la oposición.
Vidal no entró al trapo y renunció al primer turno de defensa que le tocaba y dio paso a la intervención de Compromís. García intentó tirar del hilo de la moción anterior para volver a tachar de racista a VOX, y al PP, por defenderlo, cuando la alcaldesa cortó en seco: ‘Al tema’.
Pero fue Compromís el que le puso el cascabel al gato. ¿Por qué no se ponían de acuerdo PSOE y VOX y presentaban una moción conjunta?
Cabe tener en cuenta, que la enmienda era solo de VOX, no estaba firmada por el PP, por lo que quedaba la duda de qué haría la alcaldesa y a quién apoyaría el PP.
Fue entonces cuando Vidal tomó la palabra para comentar el gran trabajo desarrollado por su departamento por el comercio de la ciudad. Se refirió a todas las ayudas que se han concedido hasta ahora, y al remanente de los dos millones de euros que se presupuestaron inicialmente para el comercio.
Indicó entonces, que la intención del equipo de gobierno es la de incrementar de 300.000 a 800.000 euros la campaña de bonos comerciales para este otoño. Del acuerdo para distribuir mejor y en varias franjas horarias estos bonos; de buscar alternativas a la brecha digital para que los ciudadanos puedan acceder a ellos no solo por internet. Y de las peticiones recibidas por parte del pequeño comercio para poder destinar una parte del remanente a adquirir tiques de aparcamiento para los clientes… para favorecer su accesibilidad a los establecimientos del centro.
Replicó el PSOE, que se dirigió directamente a la alcaldesa para que apoyara la moción del PSOE y no la enmienda de VOX.
Pero aquí Carrasco tenía las manos atadas. Carrasco habló de lealtad, explicó que el PSOE era conocedor del trabajo que se desarrollaba en el departamento de Comercio, y que quiso adelantarse con su moción para atribuirse el mérito.
Compromís insistió: Si ambas partes están de acuerdo, por que no hacer un receso, modificar la moción inicial e incluir también las propuestas de VOX. La alcaldesa y el PP estaban dispuestos a aceptar la oferta…
Pero fue el concejal de Comercio, de VOX, Alberto Vidal, quien en su segunda intervención tendió la mano para el consenso. VOX estaba dispuesto a retirar su enmienda si PSOE retiraba su moción. No fue fácil para el PSOE, pero al final se pusieron de acuerdo. PSOE retiraba la moción, VOX retiraba la enmienda y todas las partes se citaban para alcanzar una propuesta de consenso en beneficio del comercio local.
Defensa de la Islas Columbretes
El pleno de hoy también ha servido para aprobar una declaración institucional donde el Ayuntamiento de Castellón se posiciona "en contra de los recortes del Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura y Pesca en la reserva marina de las Islas Columbretes, que supone dejar a la mitad el número de guardas que protegen este Parque Natural".
El texto expone que "los recortes de personal supondrán un impacto muy grave, tanto por el que afectará a la preservación del ecosistema como por las consecuencias para los proyectos de investigación de relevancia internacional que están desenrollándose en nuestras aguas. A partir de la aplicación de los recortes, uno de los dos turnos será eliminado y no se cubrirán las vacaciones. Esto supone que un solo guarda deberá de asumir todas las responsabilidades, sin posibilidad de utilizar la embarcación de vigilancia por razones de seguridad".
La declaración institucional aprobada considera esta medida como "inaceptable por lo que supone para la conservación de un enclave único, sostenido durante más de tres décadas gracias a la inversión pública y al esfuerzo continuado de guardas, técnicos y científicos, que han dedicado parte de su vida a esta tarea".
Por todo ello, todos los Grupos Municipales han acordado "instar en el Gobierno de España a suspender de forma inmediata los recortes que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está llevando a cabo en la reserva natural de las Islas Columbretes".
Y, del mismo modo, instar en el Gobierno de España a recuperar las condiciones anteriores a estos recortes dado que las consecuencias de estas medidas afectan a la pérdida de operatividad, el aumento de los riesgos laborales y el impacto ambiental potencialmente negativo.
