El Supremo falla a favor del Ministerio e indica que pese a que fuera suelo municipal, ahora se encuentra exenta como parte del patrimonio de Defensa
La Residencia Militar de la Plana, situada en Ferrandis Salvador de Castelló, no habrá de pagar al ayuntamiento el recibo del IBI, aunque se trata de un inmueble para uso recreativo. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo en la resolución del recurso interpuesto por el Ministerio contra la reclamación de la entidad municipal de la Plana. La deuda de los últimos años habría ascendido a casi 250.000 euros que no habrá que devolver, porque no llegaron a cobrarse. Castelló cedió gratuitamente los terrenos en 1975 que ahora son 'Patrimonio de la Defensa Nacional'
Esperanza Molina/Castellón Información
Las residencias militares, aún cuando tengan un uso recreativo, no estarán obligadas a pagar el IBI al Ayuntamiento de Castelló porque forman parte del patrimonio de Defensa y, por lo tanto, afectadas para su uso en la Defensa Nacional.
Así lo declaró el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana y lo confirmaba el Tribunal Supremo.
El litigio que enfrentaba al Ayuntamiento de Castellón y al Ministerio de Defensa se centraba sobre la Residencia Militar de la Plana, que se utiliza para el ocio de los militares como ‘residencia de descanso con precios reducidos para los militares del Ejército de Tierra del Ministerio de Defensa’.
Las discrepancias entre el ayuntamiento y Defensa comenzaron en 2011. En aquella fecha se cumplían el periodo estipulado en el convenio de cesión de los terrenos para la construcción de la Residencia de Ocio para el Ejército.
De cesión municipal gratuita a patrimonio de la Defensa Nacional con muchas dosis de ocio
Tal como publicaba Castellón Información el 11 de mayo de 2016 cuando Defensa recurría al Ayuntamiento: “El Ministerio de Defensa recurrirá para no pagar el IBI de la Residencia Militar La Plana de Castellón”:
El 29 de agosto de 1975, el pleno del Ayuntamiento de Castellón, gobernado por el alcalde del régimen franquista, Francisco Grangel, aprobó un convenio de cesión gratuita de un terreno de 14.000 metros cuadrados, valorado entonces en 4,2 millones de pesetas, frente a la Playa del Pinar, al Ministerio del Ejército, para uso recreativo como Residencia para los mandos militares.
Se impusieron tres condiciones para la cesión de los terrenos, que se construyera una residencia de uso castrense que funcionara de forma ininterrumpida durante 30 años, cuyas obras deberían empezar antes de dos años (en 1975) y estar finalizadas cinco años después.
La Residencia Militar de la Plana comenzó a funcionar en 1980, y durante 30 años cumplió las condiciones del acuerdo. En 2011, la propiedad pasó a manos del Ministerio de Defensa.
Con el cambio de titularidad y de gerencia al frente de la residencia, el Ayuntamiento intentó cobrar el IBI a la residencia al considerar que, por su uso destinado al ocio recreativo, quedaba excluida de las exoneraciones que benefician a otras instalaciones militares del Ministerio de Defensa.
En que momento se le llegó a pasar recibo a la Residencia, pero por sentencia del Tribunal Económico Administrativo, el ayuntamiento hubo de devolver el impuesto cobrado entre 2011 y 2013.
La cosa no era para broma, ya que la citada Residencia, por su valor catastral en relación con la zona que ocupa, habría de abonar una cantidad anual que ronda entre los 42.000 y los 46.000 euros.
Pero el Ministerio no estuvo de acuerdo y comenzó un tira y afloja entre Defensa y el ayuntamiento que se ha prolongado por espacio de 7 años y ha pasado por todos los estamentos administrativos y judiciales.
El planteamiento municipal era más que claro, si la residencia se había construido sobre suelo público con cesión gratuita (1975), y se utilizaba con fines de recreo, no tenía por qué no abonar a la ciudad los impuestos correspondientes.
En consecuencia, el litigio pasó por el Tribunal Económico Administrativo que admitió el recurso de Defensa (17 de febrero de 2014), y por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que en este caso estimó la demanda del ayuntamiento en sentencia del 22 de febrero de 2016. Defensa presentaba recurso de apelación, estimado, a su vez, por la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (marzo 2017) y el Ayuntamiento interponía recurso de casación que elevaba el conflicto al Tribunal Supremo.
Pero el Supremo emitía sentencia el 11 de junio de este año y se pronunciaba a favor del Ministerio de Defensa. En resumen, que la Residencia Militar de la Plana queda exonerada del pago del IBI al Ayuntamiento de Castelló.
En base a esta sentencia, la Junta de Gobierno Local no ha tenido otra que exonerar a la Residencia del Pago del IBI, y además, anular la liquidación pendiente, que no se ha llegado a cobrar. La liquidación de impuestos a los que ya no ha lugar ascendía a 137.039,51 euros entre 2014, 2015 y 2016, a los que cabe sumar los siguientes recibos: el de 2018 por un importe de 48.513,42 euros; el de 2019 por una cuantía de 46.213,32 euros, y el recibo del 2020 por 42.692,31 euros.
