Algunos de los servicios llevan pendientes de la convocatoria de concurso público desde 2016
El Ayuntamiento de Castellón cerrará el año 2021 con el pago de 11,6 millones de euros en reconocimientos de créditos, de los cuales, el 97% tienen informe técnico desfavorable. Son facturas por servicios realizados que incumplen la legalidad porque habrían de salir a concurso público, han excedido el gasto, o surgen de gastos de última hora que no estaban previstos en los presupuestos municipales. Algunos de los servicios pagados con este procedimiento se arrastran desde 2016.
Esperanza Molina/ Castellón Información
El Reconocimiento Extrajudicial de Crédito, denominado coloquialmente como ‘Rec’, es un procedimiento extraordinario que permite a las administraciones poder pagar facturas por servicios realizados que no hubieran podido presupuestarse previamente.
Urgencias, gastos de última hora, imprevistos… hasta aquí no habría mayor problema. Como en todos los hogares, en el Ayuntamiento de Castelló también surgen estas cuestiones que deben abonarse tras la presentación e la correspondiente factura, cotejada por los servicios técnicos.
El problema se plantea, cuando estos reconocimientos de crédito se utilizan como vía habitual para el pago de facturas que no son ‘imprevistos’. Esto es, por servicios o gastos que deberían de haberse contemplado en un procedimiento ordinario. Como por ejemplo, el suministro de gasoil para colegios, el mantenimiento de los centros educativos, la limpieza de los edificios municipales, o la reparación de elementos municipales, como alarmas o cámaras, por citar algunas.
Son gastos que deberían estar previstos dentro del presupuesto municipal y sujetos a contratos que deberían salir a concurso público.
Sin embargo, muchos de estos contratos ya finalizaron hace años, no han salido a concurso público o lo han hecho y han sido denunciados por empresas no adjudicatarias y se encuentran paralizados en los juzgados.
En estos casos, las facturas se pagan porque el servicio se realiza, pero el reconocimiento extrajudicial de crédito cuenta con informe técnico desfavorable.
Solo en 2021 el pleno del ayuntamiento ha aprobado un total de 25 reconocimientos extrajudiciales de crédito que se corresponden con 649 facturas por un importe total de más de 11,6 millones de euros. Solo el 3% de los Rec cuentan con informe favorable, mientras que el 97% restante, que asciende a casi 2,3 millones de euros, tienen informe desfavorable por parte del servicio de intervención municipal.
¿Significa esto que el Ayuntamiento actúa de forma ilegal? De momento no, ya que la figura del reconocimiento de crédito existe, los servicios se han prestado, las facturas están reconocidas y hay saldo para pagarlas. De no hacerlo, los proveedores de los servicios municipales no cobrarían y además se podría llegar a acusar al Ayuntamiento de “enriquecimiento ilícito”, por encargar servicios cuyas facturas no se pagan.
De hecho, habitualmente se aprueba el pago por el pleno del ayuntamiento con el voto a favor del equipo de Gobierno y la abstención de la oposición.
Pero no deja de llamar la atención, que un procedimiento extraordinario para situaciones extraordinarias se aplique de forma continuada y no haya forma de solucionar el problema.
Este tema tiene también una lectura política. De hecho, algunas de las acusaciones y críticas más incisivas de la oposición en las legislaturas anteriores a la del 2015, fueron precisamente por estos motivos. En aquellos casos, las acusaciones llegaron a alcanzar los niveles y la agresividad más altos sobre la falta de habilidad en la gestión municipal.
No debía ser tan fácil resolverlo, cuando ahora la tortilla se ha dado la vuelta. Ahora es la oposición la que le pone la cara roja al gobierno de izquierdas por repetir las mismas actuaciones que tanto criticaron cuando no mandaban.
En lo que se refiere al último pleno municipal, fue el portavoz de la oposición, Juan Carlos Navarro, quien se encargó de afear la mala gestión económica del equipo de Gobierno y la multiplicación de los reconocimientos extrajudiciales de crédito, informados negativamente por los técnicos.
La información sobre esos Rec también pone al descubierto otros temas de lo más interesantes… por poner un ejemplo… ¿Recuerda el lector que la Comisión de Investigación por la Sala de Seguridad del Ayuntamiento de Castelló señalaba que el mismo 23 de diciembre de 2016 en que se aprobaba la contratación de las cámaras de Eurocop, se rescindía también el contrato de mantenimiento de las cámaras de seguridad?
Pues si, aquello fue exactamente así, pero la misma empresa sigue prestando los mismos servicios al Ayuntamiento que ya realizaba cuando se rescindió su contrato… solo que sus facturas son pagadas periódicamente a través de los Rec. En aquel caso la explicación era de lo más simple, aunque si se quiere un tanto surrealista para el ciudadano de a pie. El contrato con esta empresa de mantenimiento finalizó a finales del 2016 y la entidad solicitó al ayuntamiento la devolución de la fianza presentada cuando se le adjudicó el servicio por concurso público años antes. Tenían derecho a ello.
Pero el Ayuntamiento ha tardado cuatro años sin sacar a concurso público este servicio, por lo que la misma empresa que antes lo prestaba por contrato lo hizo después de forma habitual cuando se la requería. Y así ocurre con muchos otros servicios municipales.
Estos contratos han comenzado a salir a concurso ahora. Precisamente, el mantenimiento de las cámaras y centrales de alarmas, ya tiene un presupuesto de licitación para un periodo de varios años, entre 2021 y principios de 2025. El precio de salida está estipulado en 65.490 euros para 2021; 85.320 al año para 2022, 2023 y 2024; y 21813 euros para los primeros meses de 2025
